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    Fiscalía archivó denuncia sobre irregularidades en cárceles para menores

    A mediados de 2018 las autoridades del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), liderado entonces por Gabriela Fulco, anunciaron que presentarían una denuncia penal por el hallazgo de “groseras” irregularidades en la construcción de centros de detención de menores durante la anterior administración, presidida por Rúben Villaverde. Las conclusiones se basaron en informes jurídicos y de los departamentos de Arquitectura del Inisa y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que analizaron la construcción de dos hogares y que concluyeron que hubo un “apartamiento grosero de la legalidad” (Búsqueda Nº 1.974).

    En ese momento ya estaba en curso una investigación en la Justicia penal, porque esos y otros hechos habían sido denunciados en 2015 por un exfuncionario del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).

    En el marco de esa investigación, llevada adelante en la última etapa por el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco, fueron interrogados como indagados Villaverde, los integrantes del Directorio de entonces, Carlos Manzor y Jorge Gago, y el arquitecto Daniel Majic, quien se encargó de elaborar los pliegos para el llamado a las constructoras y de supervisar las obras, y cuya contratación fue denunciada como irregular.

    Sin embargo, tras culminar las indagatorias Pacheco concluyó que la causa debía archivarse. El pasado diciembre, la jueza Adriana Chamsarián hizo lugar al pedido del fiscal y cerró la investigación.

    En su dictamen, al que accedió Búsqueda, Pacheco explicó que, si bien encontró diversas irregularidades, estas no configuraron delitos.

    En el caso de la contratación del arquitecto Majic, Pacheco señaló que hubo “distintas irregularidades de naturaleza administrativa”, como el hecho de que se realizara en forma directa. También subrayó “la discutible asignación de funciones” al arquitecto que “debían recaer en el Departamento de Arquitectura de la institución”. No obstante, sostuvo que “en la medida en que en materia de delitos contra la administración únicamente pueden perseguirse conductas dolosas, y no las meramente negligentes o culpables, (…) la Fiscalía entiende que las irregularidades constatadas no evaden la esfera administrativa”.

    El fiscal también encontró “irregularidades formales” en la contratación directa —sin licitación— de las empresas que construyeron los centros de reclusión, pero entendió que no se comprobó que existiesen “conductas delictivas”.

    Por la misma razón desestimó la denuncia en cuanto a la recepción de las obras presuntamente sin terminar y con materiales defectuosos. El fiscal tampoco consideró que se hubiera incurrido en delitos en la contratación de funcionarios que tenían vínculos familiares con miembros del Tribunal del concurso que los seleccionó, algo que también había sido denunciado en la demanda de 2015. “Sin perjuicio de señalar la conveniencia ética de que los miembros del Tribunal se hubieran excusado de intervenir como tales (…) no surge probada una conjunción del interés personal y del público”, concluyó Pacheco.