Ya el 2 de febrero de 1931, año de la fundación de Ancap, un documento del Foreign Office al que accedió el historiador Juan Oddone, opinó que el sistema de gobierno bicéfalo uruguayo “hace imposible una administración financiera eficiente y económica”, y criticó el exceso de pensionistas que engordaban el presupuesto con “la feliz situación de vivir sin trabajar y gastar sin producir”.
Después de analizar la situación de las petroleras, los ferrocarriles y otras inversiones en Uruguay —que ya estaba virando hacia Estados Unidos al menos a nivel de créditos— el informe de la Cancillería londinense firmado por H.A. Caccia concluyó que “las perspectivas en Uruguay no son buenas, tanto en lo que tiene que ver con la prosperidad y finanzas nacionales del país, como en lo concerniente al país considerado como campo de operaciones para las empresas británicas y como mercado para los productos británicos”.
La tradición democrática del Uruguay no estuvo en su mejor nivel ante el golpe: salvo la huelga de 23 días de los estudiantes universitarios agrupados en la FEUU y algunos esfuerzos opositores desde la semiclandestinidad (los partidos no fueron ilegalizados), la mayoría de la población dejó hacer, quizás porque compartía la esperanza de Terra de que un gobierno fuerte mejoraría las cosas.
“La dictadura —lo constatamos con dolor— se afianza (…) el football y las carreras, las quinielas y el tango, han sido el opio y la morfina que nos tienen vencidos e incapaces de accionar cuando la acción es el imperativo categórico. (…) Ni el mismo hecho violento y repercutido del golpe de Estado pudo conmover el ánimo popular que vibra casi brutalmente en las gradas de un estadio…”, se lamentó entonces un opositor al régimen, según recogió Milton Schinca en “Boulevard Sarandí”.
Un “sátrapa” contra el gobierno bicéfalo.
El ex presidente José Batlle y Ordoñez había muerto en 1929, en coincidencia con el estallido de la gran crisis económica mundial. Terra fue electo presidente por el batllismo, pero llegado al gobierno se separó de este y formó su propio sector dentro del Partido Colorado.
El diario batllista “El Día” había acusado a su correligionario, presidente desde el 1° de marzo de 1931, de “sátrapa”. Lo cierto es que al abogado masón Terra, que luego se reveló admirador del dictador fascista italiano Benito Mussolini (ver recuadro), le tocó ejercer rodeado de graves problemas económicos con la caída abrupta de los precios internacionales de la carne y la lana y además era —al decir del periodista Carlos Quijano— un presidente que tenía la fuerza pero no gobernaba.
El artículo 97 de la Constitución de 1917 había dispuesto una forma de gobierno bicéfala, según la cual un Consejo de Administración tenía todas las atribuciones salvo las relaciones exteriores y la seguridad interior y exterior, que estaba en manos del presidente.
Desde que llegó al gobierno, Terra pugnó por reformar la carta, pero como no contaba con los dos tercios de votos necesarios en el Parlamento. Buscó además la vía no constitucional del plebiscito, porque si bien él se había alejado del batllismo, este seguía con mayoría dentro del Consejo Nacional de Administración colegiado.
Antes de dar el golpe —explicó el historiador Benjamín Nahum en su libro “Breve historia del Uruguay independiente”— intentó algunas medidas impositivas, rebaja de sueldos a funcionarios y proteccionistas de la industria, además de promover el crédito agrícola del Banco de la República y la creación del Mercado de Frutos.
De forma parecida a hoy, hasta entonces el Uruguay (que a comienzos de la década de 1930 tenía 1,7 millones de habitantes) había tenido una evolución económica positiva pero —como apuntó Nahum— “el sustento de tal crecimiento dependió mucho de las fluctuaciones externas, lo que no le aseguró continuidad”.
Terra dio su propia versión el 6 de abril de 1933, una semana después del golpe, en un discurso radial: “La situación resultaba insostenible, no existiendo sino dos caminos posibles para asegurar la salvación del país: o abandonaban el gobierno mis detractores del Consejo y el Senado o abandonaba el gobierno el presidente de la República ungido y sostenido por la voluntad libérrima del pueblo”.
¿“Dictablanda” civil?
El golpe de Estado no fue militar. Terra se instaló en el cuartel de Bomberos, donde tenía su sede la Policía de Investigaciones y desde allí manejó la crisis. El historiador Rodolfo Porrini, autor del libro “Derechos humanos y dictadura terrista” explicó: “A pesar que se contó con la aquiescencia y hasta participación de un Ejército previamente depurado y que debió seguir expulsando de sus filas a militares opositores en los años siguientes, no se configuró una dictadura militar. Este hecho no pudo quitar responsabilidad a la institución militar en el proceso que llevó a consolidar el régimen marzista (así llamado en alusión al 31 de marzo, fecha del golpe), pero ni en la vanguardia del mismo ni en la cabecera del poder se encontró al Ejército”.
El golpe se consumó en la madrugada del 31 de marzo con tres decretos firmados por Terra, Alberto Demichelli, Alberto Mañé y el general Domingo Mendívil, que disolvieron el Parlamento y el Consejo de Administración luego que a las 6.32 de la madrugada, por 64 a 42, la Asamblea General levantó las medidas de seguridad “extraordinarias” dispuestas por el gobierno.
El régimen, que convocó meses después a una cuestionada Asamblea Constituyente, fue calificado a menudo de “dictablanda”, un “mito” que cuestionan Porrini y otros historiadores.
La investigación de Porrini sobre el terrismo, si bien advierte que fue mucho menos cruento que dictaduras como las de El Salvador, Nicaragua o Venezuela de entonces o la propia que comenzó en 1973 en Uruguay, “cientos fueron amordazados y torturados o perdieron sus trabajos o sus vidas a causa de no dejar de ejercer el derecho a manifestar sus ideas, resistir a la tiranía o simplemente ser conocidos como opositores” (ver recuadro).
El gobierno de facto que encabezó Terra desde abril de 1933, ya el 25 de agosto instaló la constituyente que propuso una nueva carta magna presidencialista, votada luego con la abstención de batllistas, blancos independientes y socialistas, que tuvieron fuertes desinteligencias con los comunistas a propósito de la creación de un Frente Popular propuesto por estos, mientras el movimiento obrero estaba dividido en tres centrales.
La Constitución de 1934, que diseñó un régimen que recibió el pomposo nombre de Tercera República, reimplantó un Poder Ejecutivo unipersonal y un Consejo de Ministros con nueve integrantes, seis del partido ganador y tres del siguiente, a gusto de Herrera, el aliado más fuerte de Terra.
Mantuvo el sistema bicameral pero la Cámara Alta fue modificada en su composición quedando con 15 bancas para la mayoría y 15 para la segunda fuerza, que la oposición al régimen denominó, despectivamente, Senado “del medio y medio”.
También se crearon organismos de contralor como el Tribunal de lo Contensioso Administrativo y el Tribunal de Cuentas y se reglamentó el voto femenino, aunque predominó la idea de que fue un acuerdo entre terristas y herreristas para desplazar del poder al batllismo y a los blancos independientes.
Nahum y otros investigadores consideran que a pesar de contar con el respaldo del ruralismo, Terra fue “contradictorio o ambivalente” en relación a la intervención del Estado, porque si bien promulgó la “ley Baltar” que favorecía a las petroleras Shell y Standard Oil frente a Ancap, también fortaleció a UTE con la construcción de la represa en el Río Negro, que lleva su nombre, comenzada por los alemanes y finalizada por estadounidenses.
Como ejemplo del pensamiento de Terra al respecto de la intervención en la economía se menciona el caso de la creación de la empresa láctea Conaprole: a diferencia del batllismo estatista, instalaba una empresa con capital del Estado pero la dirección y gestión quedaba en poder de los productores organizados en una cooperativa.
En manos del mago Fu-Man-Chú.
En la época en que César Charlone llegó al Ministerio de Hacienda en Montevideo, era célebre en el Río de la Plata el mago británico David Bamberg, conocido con el nombre artístico de Fu-Man-Chú. Gracias a la Ley de revalúo de 1935, Charlone logró dotar al Estado de casi 50 millones de pesos sin modificar el respaldo oro legal de la moneda uruguaya, lo que le valió el sobrenombre del famoso ilusionista.
Con ese dinero “fresco”, el gobierno de Terra logró aliviar a los productores del campo mediante primas de exportación, rebajas de contribución inmobiliaria e incluso mejoró educación y jubilaciones, pero cuando años después ese efecto finalizó no quedó otro camino que la devaluación y el “mago” perdió su prestigio.
Nahum sostiene que el régimen de Terra, aunque se presentó como innovador y se autodesignó “Revolución de Marzo” en realidad “fue un movimiento moderadamente conservador y sobre todo pragmático”, ya que otorgó concesiones a las fuerzas que lo habían respaldado (estancieros, industriales, banca y empresas extranjeras), pero también creó organismos como el Instituto de Alimentación, Viviendas Económicas, apostó a Salud Pública y aprobó el Código del Niño.
“Quiso alejarse ideológicamente del batllismo, pero la crisis mundial lo obligó a recorrer casi el mismo camino”, concluyó el historiador.
Algunos meses después del suicidio del ex presidente Brum, que Terra lamentó de forma pública, la Policía, que respondía a su yerno Baldomir (luego electo presidente), dejó morir de gangrena en un calabozo a Julio César Grauert, un joven opositor batllista al que habían baleado al regreso de un inofensivo acto político en Minas.
Política
2013-04-18T00:00:00
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