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Ya no basta con diversificar la matriz energética e incorporar energías renovables. Cumplida esa meta, el gobierno aspira a seguir modelando el consumo de los usuarios uruguayos mediante una mejora gradual de la eficiencia energética. Uno de los mecanismos que incorporó la legislación para lograr esto es la emisión de Certificados de Eficiencia Energética (CEE) a aquellos usuarios que se postulen y cumplan con determinados requisitos.
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En 2009 se aprobó la ley de eficiencia energética, que facultó al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) a emitir CEE a todos los proyectos de uso eficiente de energía presentados que cumplan con los requisitos.
La primera convocatoria fue en 2016, y se presentaron 186 medidas implementadas por 47 empresas e instituciones públicas y privadas en 121 establecimientos en todo el país. Tras la evaluación de los proyectos el MIEM premió 121 medidas de 34 empresas por un total de US$ 1,2 millones.
En 2017 repitió la convocatoria y los resultados fueron “mejor de lo previsto” y con “mayor convocatoria”, dijo la directora nacional de Energía, Olga Otegui, a Búsqueda.
Así, el año pasado se presentaron 266 medidas implementadas por 61 empresas en 191 locaciones de todo el país. Luego de su evaluación se aprobaron 248 medidas que recibieron un beneficio total de US$ 1,5 millones, según datos oficiales que serán publicados esta semana.
“Duplicamos la cantidad de medidas aprobadas y resultaron beneficiadas 25 empresas e instituciones públicas, también llegamos a cinco departamentos más que en la primera convocatoria y aumentamos un 20% el beneficio otorgado”, dijo Otegui.
Para la jerarca los CEE son una “gran herramienta” para promover la mejora en el consumo energético de empresas y grandes instituciones, ya que “se les paga directamente todo el ahorro que van a generar con el cambio” y eso “las incentiva doblemente: por un lado reciben dinero y por el otro ven la mejora en sus costos de generación”.
Los ahorros energéticos alcanzados en 2017 son equivalentes al consumo medio anual de electricidad de 29.800 hogares o 89.400 habitantes, similar a las ciudades de Las Piedras y Canelones juntas.
Si bien evalúan como muy positivas las dos convocatorias, desde la Dirección Nacional de Energía (DNE) entienden que “aún falta mucho por hacer”. De hecho, este año se otorgó el 68% de los fondos destinados para los CEE. “Hay capacidad para crecer más en estas medidas”, explicó Otegui.
Además, un sector que “sigue siendo el gran debe” es el residencial. Para los clientes residenciales es más complicado alcanzar estos certificados y por ello la DNE está evaluando otras alternativas de medición que permitan a estos usuarios presentar sus mejoras en eficiencia.
“Estamos viendo cómo medir los ‘combos’ que puede hacer un usuario común: poner doble ventana, utilizar colector solar, mejorar la iluminación por lámparas eficientes... Queremos mejorar la metodología para que el sector residencial pueda aplicar con mucha más fuerza”, agregó.
Con las “lecciones aprendidas” la DNE ya tiene elaborado el borrador de la convocatoria a los CCE 2018. “Esperamos aún más proyectos y un alto nivel de sofisticación de las iniciativas”, señaló la jerarca.
Métodos y resultados.
Según el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2015-2024, la energía “evitada” es aquella energía que “no es consumida como consecuencia de la aplicación de medidas de eficiencia energética”.
“Estas medidas incluyen toda disminución económicamente conveniente de la cantidad de energía necesaria para producir una unidad de producto o servicio asegurando un igual o superior nivel de calidad”, añade el documento.
La tonelada equivalente de petróleo (tep) es una unidad de energía. Su valor equivale a la energía que rinde una tonelada de petróleo. En ese plan, la meta fijada es alcanzar los 1.690 kiloteps (kTep) de energía evitada.
Las medidas presentadas este año alcanzaron ahorros de 14.519 tep/año. Los recursos para pagar estos premios de eficiencia surgen de la reglamentación de la ley en la que se establece que las estatales de energía Ancap y UTE aportarán anualmente el 0,13% del total de las ventas anuales de energéticos al consumidor final.
Entre las 59 empresas e instituciones beneficiarias en 2017, 26 pertenecen al sector industrial, 25 al comercial y servicios, tres son del sector residencial, dos del sector primario, dos del transporte y hay solo una del sector público.
El 56% de los proyectos se situaron en Montevideo y el resto se distribuyó por todo el país a excepción de Rocha.
Más del 90% de las medidas de eficiencia tuvieron que ver con mejoras en el consumo de energía eléctrica de la red. El resto estuvieron vinculadas a la sustitución del consumo de combustibles fósiles o energía eléctrica de la red por energías renovables.
Entre los proyectos de eficiencia, 48% estaban relacionados con mejoras en la iluminación, 14% con la ventilación y refrigeración de ambientes y 7% con la conservación de alimentos, entre otros (ver cuadro).
