La Suprema Corte de Justicia implementa acciones de transparencia ante el descenso de la aprobación del desempeño del Poder Judicial

Como primera medida, se encargó una encuesta de opinión pública a la empresa Cifra para contar con datos actuales sobre la evaluación que hace la opinión pública de la Justicia. Hasta el momento cuentan con datos parciales sobre el desempeño de la Justicia Penal o de la comparación con otras instituciones, pero no existe disponible información científica de calidad.

Según el magistrado, una de las mayores conclusiones de la jornada que se realizó con los politólogos es que, si bien el Poder Judicial “ha avanzado muchísimo” con la figura del vocero institucional, se necesita “mejorar el nivel de comunicación”, porque “de eso depende el mejor diálogo entre la sociedad y el sistema de administración de justicia”.

“Traslados”.

Si esas modificaciones tienen como objetivo mejorar la comunicación externa, una medida que se adoptó en el acuerdo de los ministros la semana pasada busca sobre todo mejorar la comunicación interna del Poder Judicial. Se trata de transparentar el traslado y ascenso de los jueces, un aspecto que ha estado en la polémica desde que la jueza Mariana Mota fue trasladada por la Corte de la materia penal a la civil.

Actualmente, cuando se genera una vacante los ministros resuelven en el acuerdo quién irá a ese puesto en función de los méritos y de otra serie de consideraciones. Posteriormente se llama al juez por teléfono para informarle de su traslado. “Lo que nos estaba pasando en los últimos tiempos era que cada vez con más frecuencia los jueces nos decían que debían resolver una serie de problemas de la más diversa índole antes de aceptar”, comentó un ministro de la corporación. Para dotar a ese proceso de mayor formalidad, la corporación dictó una circular según la cual los jueces trasladados o ascendidos tienen un período de tres días hábiles para hacer llegar por escrito sus comentarios. “Eso se tiene en cuenta, aunque no es vinculante para la Corte, que sigue manteniendo la decisión en sus manos”, recordó un ministro. También se dará intervención al fiscal de Corte, aunque su opinión tampoco es vinculante para la corporación.

“Mediación”.

En paralelo, la Corte resolvió tomar una medida “innovadora” en materia de Justicia penal adolescente, que es uno de los temas que generan mayor sensibilidad en la opinión pública. Se trata de una prueba piloto que comenzará a funcionar el viernes 15 de agosto, en la que se buscará la mediación entre el adolescente en conflicto con la ley y su víctima.

“El Centro de Mediación Penal Adolescente actuará en función de lo establecido en el artículo 183 del Código de la Niñez y la Adolescencia, procurando el encuentro y el diálogo entre la víctima de un delito cometido por un adolescente y el autor”, señaló Pérez Manrique.

“La finalidad, como lo establece el Código, es obtener la reparación del daño y la satisfacción de la víctima. La norma existe desde 2004 pero la verdad es que ha tenido muy poca aplicación”, agregó.

“En un país en el que la seguridad es un problema que preocupa a la mayoría de la población, este método que tiene exitosas experiencias en el exterior es una alternativa diversa a la tradicional visión de castigo del delincuente y de la ignorancia de la víctima como integrantes fundamentales del conflicto humano que nace de la comisión de un delito”, reflexionó el alto magistrado.

Pérez Manrique destacó que los Centros de Mediación en materia comunitaria existen en el Poder Judicial desde 1995, y que “funcionan con éxito”, ya que “de cada diez asuntos que se logra llevar a la mesa de negociación se logran conciliar un promedio de nueve casos”. A su juicio esta iniciativa en materia de menores permitirá “acumular experiencias” para eventualmente aplicar esta modalidad en la Justicia de adultos en el futuro.