Los crímenes de la dictadura

En la edición de Búsqueda del 1o de julio 2021 (p. 46) el coronel (r) Aranco Gil, integrante militar de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), sostiene que: “(…) no hay seguridad jurídica para los militares enjuiciados por violaciones a los derechos humanos en la dictadura”, y agrega: “No hay seguridad jurídica porque, como dice el profesor Galain Palermo, en Uruguay se está haciendo una interpretación analógica y extensiva de la ley penal, algo que va en contra de los principios jurídicos, según un artículo publicado por la revista de la Universidad Católica. La interpretación de la norma penal tiene que ser estricta, pero se hace extensiva y por analogía”. En relación con lo anterior, hay que decir que mis trabajos sobre el tema han sido citados en los votos discordes de los jueces civiles de la SCJ, contrarios a la posición mayoritaria que considera que los crímenes de la dictadura son delitos comunes (en el sentido contrario a lo manifestado por el juez militar). Además, la lógica de mi pensamiento y mis argumentos no van en la línea de los arriba planteados. En primer lugar, el trabajo arriba referido entiendo que fue el publicado en 2011 en la Revista de Derecho N° 06 de la Universidad Católica titulado La justicia de transición en Uruguay: un conflicto sin resolución, donde entre otras cosas se dice que en Uruguay hubo “terrorismo de Estado porque el grupo criminal desestabilizó el orden normativo sobre el que se había estructurado históricamente la sociedad uruguaya y mantuvo la cohesión social a través del miedo y la comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad” (p. 111). Así mismo, en el mencionado texto señalo: “La violación sistemática de los derechos humanos fue una de las características del gobierno de facto (…), que recurrió a la expansión y escalada del miedo, el terror y la violencia” (pp. 113-114). En ese artículo se realizan también algunas críticas a las formas de argumentación de las primeras sentencias por crímenes cometidos durante la dictadura, exclusivamente relacionadas, por un lado, con aspectos dogmáticos de la teoría del delito y de la autoría y participación, y, por otro lado, a la utilización del concepto de peligrosidad actual para ampliar el marco de la prescripción utilizando el art. 123 del viejo Código del Proceso Penal cuando podría haberse recurrido a una consideración objetiva de la peligrosidad derivada de la naturaleza y forma de comisión del delito (pp. 133-134). Estas críticas puntuales de ninguna manera pueden ser interpretadas en el sentido arriba planteado de negar la seguridad jurídica en los casos penales contra los militares. En cuanto a la disparidad de criterios entre jueces de primera instancia y tribunales superiores, puede verse mi perspectiva contraria a la posición mayoritaria actual de la SCJ y mi defensa de la lógica de la sentencia 365/2009 (que colocaba al derecho —penal— internacional al mismo nivel que la Constitución) en La pugna entre el orden internacional y el nacional en relación a los derechos humanos. Comentario a la sentencia 20 de 22.02.2013 de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay” (Revista Brasileira de Ciências Criminais, 103, 2013, pp. 411-420). A guisa de ejemplo: “La SCJ utiliza argumentos anacrónicos en el análisis de los principios de legalidad e irretroactividad (…), la sentencia ignora la discusión actual sobre justicia de transición y no ingresa al debate sobre la naturaleza de las violaciones a los derechos humanos a las que simplemente califica de delitos comunes (como si la tortura y la desaparición forzada de personas llevada a cabo sistemáticamente por funcionarios públicos de derecho o de hecho utilizando el aparato estatal para cometer el delito y para garantizar la impunidad fueran delitos comunes)” (p. 417).