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Hace dos años el caso de los enfermeros asesinos en el Hospital Maciel y la Asociación Española sacudió los cimientos de todo el sistema sanitario y obligó a revisar protocolos y poner el foco en la seguridad del paciente. Desde entonces el Ministerio de Salud Pública (MSP) resolvió impulsar varias medidas para garantizar los controles en los procesos asistenciales, sobre todo en la atención de los pacientes terminales, que según la Justicia fueron víctimas recurrentes de los denominados “ángeles de la muerte”.
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Una de las iniciativas anunciadas en su momento fue la reglamentación de la ley de voluntad anticipada, una normativa aprobada en 2009 y por la que se regula la situación del paciente terminal y sus preferencias sobre la atención médica en la última etapa de su vida. Luego de meses de discusiones, la ley se reglamentó finalmente en diciembre del año pasado. Con la norma en la mano, ahora el MSP busca difundirla en las instituciones y “bajarla a tierra” para comunicarla a los usuarios.
La directora del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), Elena Clavell, dijo a Búsqueda que a mediados de mayo se comenzará con la capacitación al personal sanitario que está directamente involucrado en las áreas asistenciales críticas. Y que además ya se está repartiendo en los centros de salud una guía dirigida a los usuarios con orientaciones básicas y preguntas frecuentes para poder expresar la voluntad de no continuar recibiendo atención médica que prolongue “inútilmente” su vida. La guía fue elaborada por un equipo designado por el MSP que incluye a especialistas en cuidados paliativos, medicina intensiva y bioética y a representantes de los usuarios.
Muerte digna.
Clavell destacó que la ley viene a “tratar el tema de la muerte” en un escenario que en la actualidad tiene como telón de fondo a la hospitalización y el uso de medicinas terapéuticas hasta el fin del proceso. “No es esa escena final de Don Quijote, que muere en la cama de su casa rodeado de familiares”, graficó.
Lejos de la figura romántica de la muerte, lo que las autoridades sanitarias pretenden es poner en juego “los valores del paciente y la familia con respecto a ese momento final y el proceso de atención”. Para Clavell, “rescatar la cuestión de los valores” va en línea con el enfoque del reconocimiento de los derechos de los pacientes en el sistema de salud. “Es una ley que continúa ese camino de los derechos y de reconocer cada vez más el principio de la autonomía de las personas en torno a las decisiones sobre los procesos que le conciernen”.
Según la guía que está distribuyendo el MSP, la ley implica la “posibilidad de expresar anticipadamente la voluntad —por la positiva o por la negativa— de retirar o no iniciar medidas terapéuticas en la situación concreta del paciente que se encuentra en la última etapa de su vida”. Por última etapa de la vida se entiende que el paciente tiene una determinada enfermedad que se encuentra en fase terminal y cuyos tratamientos curativos no son eficaces para revertirla. En la guía se aclara que la duración de la etapa terminal depende de la situación concreta de cada persona y que pueden ser semanas, meses e inclusive años. “Tiene que quedar bien claro que esto opera cuando hay una enfermedad, hay un diagnóstico claro y está en etapa terminal. Que ya no hay nada por hacer desde el punto de vista de la cura. Sí puede haber auxilio para el dolor, eso siempre tiene que estar presente”, explicó la directora del SNIS.
Algo que también se pretende dejar claro desde el MSP es que no se trata de una ley de eutanasia, que continúa prohibida en Uruguay. “Es la enfermedad la que termina con la vida del paciente y no una acción profesional la que produce la muerte”, enfatizó Clavell. La funcionaria reconoció que a dos años del episodio de los enfermeros asesinos, la normativa se suma al necesario blindaje de seguridad. “Obviamente es una medida importante porque promueve la autonomía de las personas y también protege a los equipos de salud en su acción. Les da una guía en su acción. Para cumplirla hay que dar una serie de pasos, todos documentados”.
En la guía que está difundiendo el MSP se explica el proceso para expresar la voluntad anticipada. “Es absolutamente sencillo, y es un aporte a la equidad, ya que las personas pueden resolverlo sin costo y en el mismo ámbito donde son atendidas. Está pensado para favorecer que las personas con un simple formulario, que está a disposición en el Ministerio y en las propias instituciones, puedan resolver este tema. No necesitas un escribano o tener conocimientos especiales”, concluyó Clavell.
