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    Pintado opina que las PPP “no tienen sentido” para Uruguay porque las empresas están acostumbradas “a contratar con el Estado”

    El sistema se aprobó para solucionar carencias de infraestructura y hasta ahora sólo lo aplicó el Ministerio del Interior, donde dicen que es una “buena” herramienta que brinda “garantías” para todas las partes

    En el 2011 el Parlamento aprobó la ley de Participación Público-Privada y la presentó como un instrumento para evitar el “apagón logístico” al que se enfrentaba el país como consecuencia de la falta de inversión en infraestructura. Tres años después solo se aprobó un proyecto de esas características: una cárcel del Ministerio del Interior.

    ¿Es útil la herramienta o se encamina al fracaso? En el gobierno coexisten al menos dos visiones opuestas al respecto: en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas sostienen que “no tiene sentido” para el país, mientras que en el Ministerio del Interior creen que es un mecanismo “útil”.

    “Las PPP no fueron lo que nosotros esperábamos”, dijo el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, durante la entrevista que mantuvo la semana pasada con Búsqueda. “Todavía estamos por sacar la primera. Yo creo que las PPP son un instrumento que en el Uruguay, si no es para aumentar el área del patrimonio vial, si no es para crear área nueva, no tienen sentido. Para hacer más de lo mismo no, porque estamos en un sector que está acostumbrado a contratar con el Estado”.

    Por eso dice que su Ministerio intentó resolver los problemas apelando a otros mecanismos, y sostiene que logró “cambios en la mentalidad de los empresarios”.

    “Hemos impulsado dos cosas muy fuertes con los empresarios. La primera es la innovación tecnológica. Tenemos asfaltos modificados, tenemos hormigón sobre el asfalto y los impulsamos a unirse, a potenciar sus virtudes y minimizar sus defectos”, sostuvo.

    En ese marco, reveló Pintado, el Ministerio les pidió a los empresarios “que empezaran a imaginar un nuevo trazado para pasar a una matriz de diseño de infraestructura de transporte de clave regional que conecte Valparaíso con Santos, y eso implica infraestructura transversal en Uruguay”.

    “Les pedimos que pensaran ellos conjuntamente un plan con su modelo de financiación para hacer una ‘PPP a la uruguaya’. Porque era para rehabilitación, reconstrucción y mantenimiento de lo que ya está. Por supuesto que eso va a incluir también nueva área patrimonial con mecanismos de financiación internacional que ellos consiguieran, con años de gracia… Ahora lo estamos por hacer también con Salinas. Si nos lo deja la burocracia, vamos a levantar la ruta interbalnearia para que Salinas pase por abajo y no tocar el arco de Salinas y eliminar un semáforo más”, adelantó.

    El Ministerio también impulsó la cooperación entre varias empresas para trabajar en todas las rutas conexas a lo que será el futuro puerto de aguas profundas. El coordinador de gabinete, Andrés Copelmayer, dijo que “es la primera vez en la historia de la vialidad que las nueve empresas más importantes del Uruguay se juntan para hacer un proyecto”.

    “Están todos trabajando y están unidos para hacer una propuesta que si sale va a ser revolucionaria, cambiando además el sistema habitual. Ellos siempre fueron contratistas del Estado. Ahora nosotros decimos que ellos inviertan en la obra y después les empezás a pagar. Es a través de la iniciativa privada pero en un volumen muy importante, para hacer todas las rutas conexas al puerto de aguas profundas”, dijo el jerarca.

    “Equilibrio” y “garantías”.

    En el Ministerio del Interior, en cambio, defienden la instrumentación de los proyectos PPP. El sistema es usado en la nueva cárcel que construirán en Punta de Rieles.

    Charles Carrera, director general de Secretaría del Ministerio del Interior, dijo a Búsqueda que “por más que se haya concretado sólo un proyecto, las PPP son una buena herramienta para mejorar la infraestructura del país”.

    “Desconocemos por qué no se aplicó en otras áreas en las que se pensaba recurrir a las PPP, pero lo cierto es que en el Ministerio del Interior se pudo llevar adelante el llamado para construir una cárcel de gestión mixta porque hubo un fuerte liderazgo político para que ello ocurriera”, agregó.

    Carrera comentó que los expertos internacionales que visitaron el Ministerio “han expresado su sorpresa de que el primer proyecto que saliera fuera el de la cárcel, porque suele ser un tema más complicado y porque las PPP para construcción de rutas suelen ser más fáciles de llevar adelante”.

    El jerarca destacó que “la Participación Público-Privada ofrece seguridades que la hacen eficaz frente a otras herramientas de contratación para el Estado”. Por ejemplo, “ofrece la posibilidad de acceder a la infraestructura y tecnología necesaria soportada por el mantenimiento adecuado, que se basa en una lógica de intereses contrapuestos que sustentan la modalidad contractual”.

    “Una parte privada, con un interés comercial, y una parte pública, con un interés público centrado en la rehabilitación de las personas privadas de libertad. A partir de asegurar servicios básicos de alimentación e infraestructura, por el privado, el otro protagonista (el Estado) complementa con la función educativa y rehabilitante”, explicó.

    El sistema tiene “una contraposición de intereses que equilibra la economía en beneficio de todos los actores” y “brinda mayores garantías a todos los involucrados, estableciendo obligaciones claras y un régimen de contralor estricto”.

    Avances.

    En la actualidad el proyecto PPP del Ministerio del Interior está en la etapa final de adjudicación. Por estos días es estudiado por el Tribunal de Cuentas, que se espera que expida en abril su dictamen final.

    El otro proyecto que está avanzado y cercano a la licitación es el de las rutas 21 y 24, en el que trabaja la Corporación Nacional para el Desarrollo. Además se estudia la viabilidad de ejecutar contratos PPP en varios corredores viales. También se prepara el llamado para el tramo ferroviario entre Algorta y Fray Bentos.

    No obstante, la presidenta de la CND, Adriana Rodríguez, no fue muy optimista en declaraciones que hizo en febrero a “El País”.

    “El dueño de la cosa pública son los ministros y hoy no tenemos mayor interés demostrado porque nadie quiere meterse en algo que capaz que el próximo ministro no lo quiere”, admitió. “Sería como una inversión un poco arriesgada. Los ministerios quieren más bien consolidar lo que tienen. De todas formas estamos haciendo estudios porque la PPP es un proceso largo”.