Salud Pública ya “flexibilizó” criterios de etiquetado de alimentos a pedido de la industria, y el nuevo gobierno no dará “marcha atrás”

Todas las empresas ya deberían haber entregado la información sobre sus productos ante las intendencias o el Ministerio de Salud Pública (MSP), pero no todas lo han hecho. La planilla electrónica en la que se debe cargar la información determina de forma inmediata si el producto debe o no llevar rótulo. Fuentes del gobierno saliente consultadas por Búsqueda hablan de “especulación” de la industria alimenticia a la espera de la llegada del nuevo gobierno y la esperanza de que se concrete una flexibilización en las condiciones. 

Por otra parte, algunas empresas han optado por reformular sus productos para evitar el etiquetado. Por ejemplo, los jugos y las aguas saborizadas apuestan a vender la idea de un producto “natural” y los octógonos con advertencias contradicen ese concepto, dijeron fuentes del sector de la bebida a Búsqueda. Por eso, algunas empresas ajustaron las fórmulas de manera de mantener el sabor lo más fiel posible, sin caer en excesos, “para no impactar en el consumidor”.

Modificar los diseños del etiquetado, incluir los productos nuevamente en la línea de producción y lograr que a partir del próximo lunes —cuando se comience a fiscalizar— sus productos cumplan con la normativa vigente, no es sencillo. 

La química farmacéutica Inés Villa, del área de Registro de Producto de la Intendencia de Montevideo (IM), dijo a Búsqueda que mantendrán una reunión con autoridades ministeriales para “bajar a tierra” la puesta en marcha del decreto. Según dijo, la reunión será entre representantes del área Regulación Alimentaria de la IM, la directora del Departamento de Alimentos del MSP, Graciela Mazzeo, y Moratorio. En el trabajo de fiscalización también trabajará el Latu.

“Aún no sabemos qué puntos se van a tocar, pero entendemos que será para ver cómo se llevará adelante la fiscalización”, dijo Villa. Y agregó: “Estamos a la expectativa de lo que se va a hacer y lo que resuelvan las nuevas autoridades, quienes tendrán que aggiornarse, y dispondrán lo que consideren”.

Consultado sobre el tema, el futuro subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, dijo a Búsqueda que la administración entrante “va a controlar y fiscalizar” el cumplimiento del decreto y “no va a dar marcha atrás”. 

Las consultas y la industria

Para crear la normativa el MSP trabajó con otros ministerios, con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las intendencias y la Universidad de la República (Udelar), entre otras instituciones. La Udelar le dio “sustento técnico” a la decisión de que el etiquetado fueran octógonos negros y no otras alternativas. El MSP cumplió con dos etapas de consulta pública en la que recibieron en total 174 comentarios y que fueron respondidos por la cartera. Fue un proceso “libre de conflictos de interés”, destacó Moratorio.

Fuentes del MSP informaron a Búsqueda que durante las instancias de consulta recibieron planteos que eran exactamente iguales: se trataba del mismo texto con diferente encabezado que venía de diferentes países a la vez. Eso, interpretaron en el ministerio, dejó en evidencia que se trataba de una operación comercial coordinada a escala internacional, una “movida” para enfrentar la política del etiquetado en Uruguay, al igual que ocurre en otros países. 

“Claramente, a la industria no le resulta simpática la medida. Por más que tengamos un mercado chico”, aseguró Moratorio. En el marco del Mercosur se trabaja desde 2019 para establecer una normativa unificada. 

Tras las consultas y comentarios de la industria, el MSP adoptó cambios en los puntos en los que entendía que “había un sustento técnico”, aclaró Moratorio. Algunos de los cambios fueron extender el plazo de adaptación a 18 meses y “flexibilizar” los criterios establecidos en el “modelo de perfil de nutrientes de la OPS” utilizados para definir si un alimento debe o no contar con los octógonos. Un caso concreto es el exceso de azúcares. La OPS proponía 10% de calorías en azúcares libres y el decreto lo flexibilizó a 20% como límite. Además incluyó “incentivos para estimular la reformulación” de los alimentos, que baje los niveles de azúcares y no los sustituya por edulcorantes no calóricos (como la sucralosa, el aspartamo, entre otros). En cuanto al sodio el límite era 1 milígramo por kilocaloría y se aumentó a ocho. 

Esperan sorpresas

El objetivo de la norma es que los consumidores puedan identificar rápidamente qué nutrientes hay en exceso, y los divide en azúcares, sodio (sal), grasas totales, grasas saturadas, cada una con un octógono en caso de que corresponda. “Hay productos que en el imaginario colectivo identificamos como saludables y no lo son, como algunas barras de cereales. Ahí está el impacto de la política. Puede ser que los consumidores uruguayos se lleven algunas sorpresas cuando empiecen a ver estos rótulos”, dijo Moratorio. 

Es decir, es evidente que un caramelo es alto en azúcar, pero hay algunos yogures que también tienen niveles altos. En el caso de la industria láctea, el objetivo detrás de la medida es que las empresas reformulen sus productos bajando los azúcares y que no los sustituyan con edulcorantes. 

El etiquetado es una de las medidas adoptadas con el objetivo de atacar problemas como el sobrepeso y la obesidad, que en los últimos años aumentó ocho puntos porcentuales. La educación “es imprescindible, pero no suficiente”, dijo Moratorio.