Partidos políticos fuertes que no dependan del dinero del sector privado. Esa es la idea en la que los representantes de los principales partidos coinciden. Pero cómo lograr ese objetivo será parte de una discusión, ya que hay al menos veinte propuestas a estudio de un grupo de legisladores.
En la última sesión de la Comisión Especial del Senado sobre financiamiento y publicidad electoral de los partidos políticos realizada en diciembre, los legisladores comenzaron a sistematizar las propuestas y se comprometieron a tratar de llegar a acuerdos cuando vuelvan a negociar en febrero.
Uno de los puntos en los que hay varias visiones es sobre el financiamiento privado a los partidos políticos y la publicidad electoral. Para algunos hay que establecer límites y para otros directamente prohibirlos.
Un informe sobre el financiamiento de las campañas electorales en Uruguay, elaborado por Cecilia Rossel, Rafael Piñeiro y Santiago Acuña (todos de la Universidad Católica), indicó que en la elección nacional de 2014 el 21,4% del total de los ingresos provino del sector privado, esto es U$S 5.879.140 (con un dólar a $ 24,2 a fines de octubre de 2014).
El gasto en publicidad en televisión consume grandes recursos de los partidos políticos. Además, los canales privados facturan de distinta manera a las distintas colectividades políticas. Esto provocó la queja del Frente Amplio, que denunció que se le aplicó la tarifa más alta.
Para el ex presidente y senador José Mujica (Frente Amplio), hay que “eliminar la propaganda en televisión” y analizar qué hacer en la radio. El legislador aclaró que con su planteo no busca interferir en el trabajo de los programas televisivos periodísticos. “Cuando hablo de regular me refiero a la cantidad de minutos destinados a propaganda. Eso no tiene nada que ver con los contenidos periodísticos. Lo único que se puede regular es el tiempo que se dedica a la propaganda y se puede llegar a discutir cuántos minutos se le otorgan a cada partido. Pero no tiene nada que ver con el contenido de los periodísticos. El problema sustantivo es el enorme gasto que se lleva la propaganda en televisión. Yo estoy a favor de suprimir totalmente la propaganda para evitar eso. Estamos hablando de la financiación de los partidos y el mayor gasto se va en la propaganda de televisión. Por eso es tan importante”, comentó a Búsqueda.
Pero hay otras propuestas para que la norma sea más específica en cuanto a los límites para realizar publicidad electoral. Los partidos pueden hasta ahora realizar publicidad electoral 40 días antes de las elecciones internas, nacionales o departamentales y 20 días antes de una segunda vuelta.
“Es notorio que actualmente hay un partido que está haciendo una campaña publicitaria. No estamos en elecciones y no está promocionando un acto”, dijo el senador blanco Carlos Camy en alusión a los avisos que realizó el Partido de la Gente de Edgardo Novick.
Por eso, los legisladores estudian si no deben regular cómo debe ser la publicidad de un acto partidario fuera del tiempo electoral. “Que el aviso del acto no se utilice como pretexto para pesar el jingle publicitario; tiene que ser una placa fija, sin la música que acompaña al jingle”, opinó Camy.
Financiamiento.
En cuanto al financiamiento privado a los partidos políticos, Mujica entiende que debe ser eliminado. Y una de las formas de sustituirlo es con un descuento a todos los salarios de los “cargos de confianza”.
“Eso se haría a lo largo de los cinco años y sería de no menos del 20% del sueldo. Después se distribuye esa plata en los partidos con un criterio de proporcionalidad y la Asamblea General, un año antes de las elecciones, puede establecer un rubro de dinero que se sume a eso y punto. Esa sería toda la financiación de los partidos y se eliminaría el aporte de los privados. Esto tiene que tener mecanismos de control de la Corte Electoral y sanciones fuertes”, propuso Mujica.
El ex presidente informó que este año trabajará en el Parlamento para alcanzar esas metas. Explicó que este es uno de los “principales motivos” por el que continuará ejerciendo como senador.
Enrique Pintado, también del Frente Amplio, planteó en comisión que el descuento a los cargos de confianza se deberá hacer con el consentimiento de la persona.
La comisión tiene a estudio otras propuestas que no eliminan el financiamiento privado pero sí lo restringen más. Se planteó, por ejemplo, que se difundan los datos de quién financia la política partidaria o campaña de un partido antes de la elección.
También se estudiará modificar los límites a las donaciones. La ley establece que las donaciones nominativas no pueden superar las 300.000 Unidades Indexadas (al valor actual $ 1.051.110). Las contribuciones anónimas no pueden superar las 4.000 Unidades Indexadas ($ 14.000).
“Se propone igualar la prohibición de donación tanto para empresas concesionarias de servicios públicos como de obras públicas. (…) Asimismo, debería declararse expresamente si los directores de esas empresas pueden donar a título personal. Se propone difundir, previo a la elección, el listado de las personas físicas o jurídicas que tienen prohibido realizar donaciones a los partidos políticos”, relató Camy en comisión al hacer un resumen de las propuestas. La ley de funcionamiento de los partidos prohíbe las donaciones que se realicen “directa o indirectamente” por sociedades adjudicatarias de obra pública.
En agosto de 2014, la organización Uruguay Transparente denunció ante la Corte Electoral, en función de un informe del portal Sudestada, que la familia Eurnekian (Puertas del Sur) y Paolo Rocca (Techint), donaron dinero a los partidos cuando tienen contratos con el Estado. La Corte Electoral archivó la denuncia, ya que fueron las personas y no las empresas las que hicieron la donación.
Otra propuesta a estudio de la comisión es eliminar la posibilidad de realizar donaciones anónimas.
En cuanto a la publicidad, además de la propuesta de la prohibición, también hay caminos intermedios como establecer una tarifa única. También se propuso que la Corte Electoral compre minutos de televisión para distribuir con criterios previamente acordados entre los partidos.
En cuanto al financiamiento público, se planteó estudiar un aumento de los aportes permanentes del Estado. Según la ley, cada partido recibe una partida anual del Estado de cuatro Unidades Indexadas por voto obtenido en la última elección ($ 14). “Es preferible que a los partidos los banque el Estado”, comentó Pintado.
Controlar calidad de encuestas.
Entre las propuestas a estudio también figura una referida a la difusión de las encuestas. El planteo es generar un ente regulador que “controle la calidad de las encuestas que se difundan”.
Hay varias ideas respecto a mejorar la situación de la Corte Electoral para que pueda controlar las campañas de los partidos. Una de las principales es “aumentar” los recursos para que la Corte pueda “controlar, certificar e intervenir en todas las etapas del proceso electoral”. Ese organismo planteó que le faltan recursos para hacer cumplir a fondo la ley sobre funcionamiento de los partidos, en especial para auditar los informes que presentan las colectividades.
Otra propuesta refiere a que todas aquellas personas que se postulen a un cargo electivo, departamental o nacional, deberán presentar una declaración jurada abierta de patrimonio e ingresos.
Hay además iniciativas que no están relacionadas directamente con el financiamiento o publicidad de los partidos. Una se refiere a una acción afirmativa en materia de género para que haya una mayor presencia de mujeres en los cargos electivos. Otra plantea que las bancas del Parlamento pertenezcan a los partidos y no a las personas. En 2016, cuatro legisladores dejaron sus partidos: tres se sumaron al Partido de la Gente, y uno se declaró independiente.
En febrero, la comisión volverá a reunirse para buscar los acuerdos en todos estos temas. “Hay que buscar el mínimo común denominador”, dijo Pintado a Búsqueda.
“No nos podemos dar el lujo de no generar nada. Tenemos nuestras aspiraciones, pero estas tienen un punto de convergencia al que llamaremos mínimo o medio, o como lo acordemos”, dijo Camy en comisión.
