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El pasado 19 de enero, a las 14 y 44, recibí un mail firmado por el Sr. Juan Pittaluga, periodista de Búsqueda. El cronista quería comunicarse porque “me llegó la información de que en el Consejo de la Facultad de Humanidades se presentaron dos denuncias de acoso laboral contra usted”. De inmediato respondí:
“En octubre de 2014 una nota anónima informó en su semanario que en la Facultad de Humanidades se había iniciado un sumario administrativo en mi contra. Esa información, que aportó mi nombre y apellido, sólo pudo obtenerse entonces por filtración de alguno de los miembros del Consejo, lo cual es notoriamente ilegal y así se puso de manifiesto. En aquella oportunidad, al menos, antes de que se difundieran esas novedades la Administración me había comunicado el comienzo del procedimiento y las medidas adoptadas. Veo que esta práctica se ha hecho corriente, con la diferencia de que, en esta oportunidad, no he recibido comunicación sobre lo que me pregunta. Eso significa que, si es verdad que hay denuncias en mi contra, en el mejor de los casos estas fueron tratadas en sesión secreta en el Consejo, en el régimen de Comisión General, es decir, sin actas ni grabación. En consecuencia, nada puedo declarar porque ignoro la naturaleza de lo que me pregunta. Sólo aclaro que si sus fuentes provienen de la institución no puedo sino pensar que estamos ante una cadena de actos de lisa y llana persecución contra quien, en treinta años exactos de ejercicio de la docencia (en Educación Secundaria y en la Universidad), nunca tuvo problema alguno que se aproxime a la gravedad de los mencionados”.
Minutos después, el Sr. Pittaluga tuvo la gentileza de aclararme que las actuaciones ocurrieron al unísono en la sesión del 16 de diciembre, a la semana siguiente —qué casualidad— a que se tratara el sumario referido. Sin embargo, en el Orden del día del Consejo de la Facultad de Humanidades, que puede consultarse por Internet, no se indica nada concreto sobre el punto. A esta altura, esta nueva filtración deja en evidencia otros hechos más graves.
El 24 de diciembre de 2015 mi representante legal ingresó un recurso de revocación contra lo adoptado por el Consejo sobre el sumario iniciado en octubre del año precedente. Cinco días después se celebró la última sesión del cuerpo y el documento no fue considerado. Esto no fue obstáculo para que el único que podía tener pleno control del recurso, el decano de la Facultad, Dr. Álvaro Rico, saliera a hacer declaraciones a otro anónimo periodista que acumuló una serie de inexactitudes y medias verdades (“El País”, 5/1/16). Esas declaraciones, por un lado, configuran un ataque al derecho a una justa defensa y, por otro, pretenden orientar la voluntad futura del Consejo ya que fueron realizadas por su presidente, quien postergó el tratamiento del documento que rebate supuestos y argumentos de la resolución. Cuando todo este episodio concluya en los espacios en que debe transcurrir no tendré inconveniente en proporcionar copia del expediente completo para que, sea quien fuere, saque sus propias conclusiones.
En verdad, la cuestión no se limita al zarandeado sumario ni comenzó entonces. Pero desde fines de 2014 puede comprobarse con más nitidez en los resúmenes de los órdenes del día del Consejo algunas prácticas anonadantes. Por ejemplo: (1) Se acostumbra eliminar mi nombre en ocasiones en que resulta de forzosa referencia administrativa, como cuando elevo una simple nota comunicando la obtención de documentos que acrecen el acervo del archivo literario de la Universidad o cuando hago un informe de actuación de un docente. (2) Suele desplazarse o dilatarse el tratamiento de ciertos expedientes, varios de los cuales aparecen sin número para ocultar los temas específicos, como sería el caso de la consulta que motiva esta carta. (3) Se me ha suprimido un beneficio sin mediar comunicación oficial.
Oportunamente, y en los ámbitos en que corresponde, expondré las pruebas de estos y otros tantos hechos.
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