En ese encuentro se propusieron como temas de intercambio: analizar el estado de situación de la agropecuaria local y cómo llevar adelante lo planteado en las bases programáticas del sector político que hoy gobierna.
En cuanto a las acciones previstas en el sector forestal, la unidad temática en cuestión planteó promover la “diversificación de la industria maderera y de productos derivados”, “asociada al desarrollo del norte” del país; “limitando la forestación a suelos de prioridad forestal”.
En la producción agrícola, el grupo prevé “profundizar el valor agregado ambiental”, “fortaleciendo procesos y trayectorias tecnológicas que aseguren la sostenibilidad ambiental” de las mismas, y que “permitan una mejor inserción internacional para los mercados más exigentes”.
Otra definición consiste en “continuar con el desarrollo y diversificación de las distintas cadenas, promoviendo la transformación y agregación de valor”, atendiendo a las “cadenas lechera y hortifrutícola en su capacidad de generar desarrollo territorial y empleo”.
Y respecto a la actividad ganadera, el grupo destaca “la importancia de fortalecer la producción de carne con una mejor huella ambiental, para mejorar su inserción internacional”.
“Restringir el uso de los plaguicidas que pongan en riesgo la salud y el medio ambiente”, señala el documento, que fue divulgado por el coordinador de la unidad de agroindustria, Félix Fuster, quien es un agrónomo con 40 años de experiencia en trabajos con productores.
Fuster trabajó 20 años en la Facultad de Agronomía y cuenta con una maestría en Ciencias Agrarias.
Transformar la matriz
La unidad temática de Agroindustria del FA destaca la necesidad de impulsar la “transformación y diversificación de la matriz productiva”. Y para ello “se desplegará una Estrategia Nacional de Desarrollo a largo plazo”, lo que “conlleva retomar la planificación estratégica por parte del Estado sobre la base de las actuales empresas públicas” y “otros instrumentos que puedan crearse”, con objetivos a corto, mediano y largo plazo, plantea.
Entre las tareas previstas figura: “definir y gestionar las políticas públicas que estarán firmemente ancladas en los territorios, partiendo de ellos y desarrollando las capacidades de las distintas regiones del país”, y “atendiendo a sus muy diversos y particulares contextos”.
“Con esa orientación se promoverán nuestras cadenas productivas basadas en recursos naturales, avanzando en las fases de investigación y desarrollo industrial y diversificación”, indica el documento.
Advierte de la importancia de generar instrumentos para lograr el desarrollo productivo, “ordenando y regulando en los territorios a las principales cadenas agroexportadoras” para que desde estas surjan “nuevas oportunidades” de desarrollo.
Otra de las acciones destacadas por la unidad temática del FA apunta a “revertir el desmantelamiento del Instituto Nacional de Colonización” (INC) y “potenciando sus funciones a efectos de fortalecer las políticas de adquisición de tierras para facilitar el acceso a la producción familiar”, con énfasis en mujeres y jóvenes.
Serán objetivos el “repoblar la campaña, dar un apoyo integral a los colonos y promover la gestión cooperativa”, con base en “diversificar los tipos de propiedad de la tierra”, ante el “actual modelo predominante”, en consonancia con “planes que eviten la concentración de la tierra”, sostiene.
Otros asuntos definidos por este grupo consisten en promover la agroecología y la protección de los recursos naturales, otorgar un apoyo “selectivo” para la producción familiar y “profundizar” en las medidas de adaptación y mitigación asociadas a la variabilidad y el cambio climático.
También se plantea “transformar la matriz productiva, promoviendo el uso y aprovechamiento ambientalmente sostenible, soberano, solidario y democrático” de los recursos naturales y el “uso intensivo de conocimientos” para producir bienes.
En el documento compartido en la reunión de la unidad temática figura además la idea de “promover la planificación y el ordenamiento territorial de usos y actividades”, atendiendo la “aptitud, capacidad y valor de conservación de cada región (terrestre, marina y costera)”, incluyendo “espacios de conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos”.
“Promover la conservación, utilización sostenible de los recursos genéticos y la equidad en los beneficios”, así como el conocimiento asociado a estos, señala.
“En países de base agropecuaria, como Uruguay, la tierra es un activo muy relevante en términos de dónde están los ricos”, señalan desde la Udelar
Propone, además, la “creación de una institucionalidad específica al más alto nivel gubernamental”, con “capacidades y potestades de definición y ejecución de las políticas públicas” y “estrategias necesarias”.
Diálogo por el agua
El uso, manejo y abastecimiento del agua es otro de los capítulos centrales que integran el trabajo del grupo agro del FA, y en tal sentido definió la “creación de una política de Estado para garantizar el acceso al agua y el saneamiento”, así como la convocatoria a un “diálogo nacional por el agua (de la sociedad civil, actores vinculados al agua y el Estado)”. En el marco del “diálogo por el agua”, se reglamentará el artículo 9 de la ley de Política nacional de aguas, integrando los aspectos que inhiban las asimetrías entre los actores sociales y productivos, considera.
Afirma que “se priorizará la concreción del Proyecto Casupá y proyectos complementarios”, tendientes a “asegurar el abastecimiento de agua potable”.
Igualmente, la unidad Agroindustria planteó la necesidad de promover una “Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación”, que involucre a quienes hacen ciencia, desarrollos tecnológicos e Innovación (Universidad de la República, institutos, Investiga.uy, investigadores) y al resto de la sociedad.
La tierra y la riqueza
La tenencia, concentración y extranjerización de las tierras en Uruguay son de los asuntos que históricamente priorizó el FA entre sus lineamientos políticos. Y fue abordado en la reciente reunión de la unidad temática de agroindustria.
En tal sentido, el agrónomo y profesor adjunto de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, Gabriel Oyhantçabal, se refirió a que en los últimos 20 a 25 años hubo un “incremento muy importante de la riqueza en la renta de los dueños de la tierra”.
Y mencionó algunas cifras vinculadas a este tema, como que el ingreso de los dueños de la tierra, específicamente el “ingreso anual de la renta que capturan” por alquilar sus campos y por la venta de la producción de sus propios campos pasó aproximadamente “de US$ 300 millones por año a US$ 2.000 millones anuales entre 2000 y 2022”. “Es un crecimiento casi que por siete”, resaltó.
Y cuando se mide “a cuánto equivalen si se vendieran todos los títulos de propiedad sobre la tierra hoy, eso daría unos US$ 60.000 millones” y “casi que equivale al valor del Producto Bruto Interno (PBI) de Uruguay”, por lo que es un “patrimonio muy grande”.
“Obviamente que ahí hay distribución desigual” y “esos casi US$ 60.000 millones son aproximadamente un quinto de la riqueza total” del país, advirtió.
Aclaró que esas son estimaciones realizadas por Mauricio de Rosa, un economista del Instituto de Economía (Iecon) de la Universidad de la República, en cuanto a que en países de base agropecuaria, como Uruguay, la tierra sigue siendo un activo muy relevante en términos de dónde está la riqueza” y “dónde están los ricos”.
“Eso ya no es así en Europa o en Estados Unidos, donde los ricos sí tienen tierra pero las fuentes principales ya no están en la tierra”, si no en el sector financiero y otras actividades, acotó.
A modo de ejemplo, Oyhantçabal comentó que tener 1.000 hectáreas con una productividad media Coneat 100, si uno las alquila o hace una producción con una productividad media”, entonces le “daría un sueldo mensual, sólo por concepto de renta, de alrededor de 300.000 pesos”.
“Eso es lo que hoy reporta ser dueño de 1.000 hectáreas en Uruguay, y es un “activo de alrededor de US$ 3 millones, que hoy en Uruguay te ponen entre el 1% más rico de la población”, aseguró.
