La compra de dos buques de patrullaje oceánico (OPV, por sus siglas en inglés) sumó un nuevo capítulo esta semana en la Armada Nacional luego de que la ministra de Defensa, Sandra Lazo, sancionara a cuatro jerarcas por el proceso de pagos realizados a Cardama, el astillero encargado de la fabricación de los barcos.
La decisión de Lazo recayó, entre otros, sobre Miguel de Souza y José Ruiz, dos contralmirantes que ocupan actualmente altos cargos jerárquicos en la institución y están en la lista de seis candidatos por la cual se nombrará el próximo comandante en jefe. De Souza, de 59 años, es el director general de Finanzas de la Armada, al frente del órgano responsable de controlar y ejecutar la planificación financiera de la fuerza. Ruiz es director general de Material Naval, encargado de las funciones logísticas de abastecimiento, mantenimiento y transporte.
A ambos Lazo les ordenó arrestó a rigor, al igual que a Jorge Wilson (comandante en jefe de la Armada desde marzo de 2020 hasta febrero de 2025) y al capitán de navío Marcelo da Silva, jefe de gabinete de Wilson durante su período de mandato.
“El Ministerio de Defensa resolvió sancionar al excomandante de la Armada y a otros oficiales de la cúpula de la Marina. La decisión se toma en el marco del proceso de las actuales autoridades para conocer lo actuado por la Armada en la compra directa de las dos patrulleras oceánicas a un astillero español”, informó el periodista Eduardo Preve el lunes 21 en su cuenta de X.
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Jorge Wilson, ex comandante en jefe de la Armada
Mauricio Zina/adhocFOTOS
Las sanciones impuestas a De Souza y Ruiz pusieron en jaque sus aspiraciones de ser designados como comandante en jefe. “Si esto fuera una guerra naval, estarían hundidos”, ilustró una fuente de la fuerza a Búsqueda. “Y hay otros que ya están tocados”, añadió. Además de ellos dos, la lista de pretendientes incluye a los contralmirantes José Luis Elizondo, Gustavo Luciani, Héctor Magliocca y Mario Vizcay.
Magliocca y Vizcay son quienes corren con menos chances. Pese a su extensa carrera y a una destacada formación profesional en el exterior, Magliocca genera dudas en el Ministerio de Defensa justamente por su participación en la compra de las OPV. En 2023 era director de Material Naval (el cargo que hoy ocupa Ruiz) y en ocasiones fue uno de los jerarcas designados por el gobierno para respaldar públicamente la compra de los buques hecha a Cardama. Con 54 años, actualmente es jefe del Estado Mayor General de la Armada, desde donde asiste y asesora al comandante en jefe en el ejercicio del mando.
Vizcay, de 59 años, es el comandante del Comando de la Flota, el órgano que ejerce la soberanía y la jurisdicción en las aguas de interés para el país. Tiene en su contra un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que a fines del año pasado cuestionó su accionar durante un Tribunal de Ética y Conducta Militar de la Armada. En 2022, Vizcay presidió el tribunal que evaluó la conducta del capitán de navío Pablo Quezada. Aunque el tribunal estaba compuesto por tres contralmirantes, Vizcay fue el único en considerar que Quezada cometió una falta ética grave. Ante la decisión dividida, prevaleció la postura de Vizcay como presidente, lo que fue impugnado con éxito por Quezada ante el TCA.
¿Quién será el próximo comandante en jefe de la Armada Nacional?
Tras cumplir su mandato legal, a fines de febrero Jorge Wilson abandonó el cargo de comandante en jefe de la Armada y se retiró de la institución. Por reglamento a partir del 4 de marzo lo sucede provisoriamente Elizondo, quien tiene el puesto oficial de encargado de despacho, cuya función es la administración de la Armada cuando el comandante en jefe no está disponible.
De 60 años, Elizondo es también el prefecto nacional naval, principal jerarca de la Prefectura y, por tanto, de la autoridad policial en las áreas marítima, fluvial y lacustre en jurisdicción de la Armada. Su designación definitiva como comandante en jefe enfrenta un obstáculo legal: la Prefectura no forma parte del Cuerpo General de la Armada y, según el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Marina (Nº 10.808), solo puede haber un almirante en la Armada y debe pertenecer al Cuerpo General. Este cargo de único almirante está reservado de manera exclusiva para el comandante en jefe.
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Al tanto de este contexto, Elizondo elevó al Ministerio de Defensa un documento con argumentos jurídicos para respaldar su posible nombramiento, que se sostiene en el artículo 103 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (N° 19.775). Esa norma señala que los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea serán designados entre los oficiales generales de la fuerza respectiva. En este caso Elizondo es un oficial general, ya que ostenta el rango de contralmirante.
El actual prefecto nacional naval cuenta con numerosos apoyos en el Frente Amplio y dentro del ministerio, que por el momento ha decidido estirar su función como encargado de despacho. De acuerdo con fuentes oficiales, la intención es formalizar su continuidad o designar a Luciani, director general de Personal Naval, que tiene por misión el reclutamiento, la formación profesional y la movilización del personal de la Armada.
Luciani tiene 58 años y un amplio recorrido que incluye ser jefe del Estado Mayor General de la Armada y director de Inteligencia Estratégica. En el período pasado fue sancionado con arresto a rigor por haber emitido comentarios contra el entonces ministro de Defensa, Javier García.
¿Cuál es la situación de las OPV?
El acuerdo entre Uruguay y Cardama es de 82 millones de euros por la construcción de dos barcos que permitirán a la Armada cumplir con funciones de alta mar contra el narcotráfico, la piratería y la pesca ilegal, entre otros. En diciembre el Ministerio de Defensa autorizó el primer giro para el astillero español, que inició la fabricación del primer buque, denominado oficialmente C-250. Ese pago fue por el 10% del total del contrato, 8,2 millones de euros.
El contrato estipula que el segundo pago —por otro 10% del total— debe ejecutarse con la presentación de Cardama del plano de la cuaderna maestra, que detalla la forma y las dimensiones de la estructura principal del barco. Las sanciones decretadas por Lazo respondieron a este segundo pago, también de 8,2 millones de euros.
Entrevistada este martes en Informativo Sarandí, Lazo aseguró que dos días antes de asumir su puesto, el 27 de febrero a la tarde, mantuvo un encuentro de transición con Wilson y entre otras cosas le consultó si se había ordenado el segundo depósito para Cardama. Wilson respondió que no. El 20 de marzo, ya como ministra, Lazo fue informada que la orden de pago sí había sido impartida aquel mismo 27 de febrero al mediodía.
A partir de esa información, el 24 de marzo la ministra conformó un grupo de trabajo jurídico, político y técnico para analizar todo el proceso de adquisición efectuado con Cardama. Ese grupo se reunió con Wilson, De Souza, Ruiz y Da Silva. “Las sanciones tienen que ver porque hubo una falta a la verdad en el intercambio que hubo con los representantes de la ministra”, explicó Lazo.
Más allá de los arrestos a rigor, el acuerdo con Cardama continúa sin cambios. Dos semanas atrás representantes de Defensa recibieron en Montevideo al director general del astillero, Mario Cardama, quien acudió junto con ejecutivos de las compañías proveedoras en la fabricación de los buques: Cintranaval (encargada del diseño), Escribano (sistema de armas), Terma (radares) y Caterpillar (motores). En el encuentro se le comunicó a Cardama que el gobierno será “pulcro” para exigir que el astillero cumpla “a rajatabla” con el contrato, pero no se transmitió que la construcción se suspenderá, dijeron asistentes a la reunión.
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El corte de chapa de uno de los dos buques que tendrá la Armada
CARDAMA
“En principio aparentemente el contrato estaría firme. Hoy hay un relacionamiento de intercambio en buenos términos con Cardama, pero vamos a ser completamente estrictos con el contrato”, afirmó Lazo. El próximo pago está previsto con la puesta de quilla en el primer buque, la primera pieza de la estructura del casco del barco. “Los pagos se liberarán a medida que efectivamente se cumplan los hitos, no a través de fotos”, agregó Lazo en una indirecta a Cardama, que el 26 de marzo comunicó al gobierno, mediante el envío de una imagen, que el cronograma de fabricación del C-250 iba en plazo mediante la colocación del corte de chapa, que refiere al moldeo de las planchas de acero de su estructura.
