Caja de Profesionales tiene “diferencias” con la ley de rescate propuesta por el Ejecutivo

El déficit mensual de la institución es de unos US$ 7 millones, y cuenta con fondos para cubrir las pasividades hasta junio de este año.

El primer eje de la iniciativa implica el incremento en la tasa de aportación de los profesionales activos, que pasa del 18,5% actual al 22,5% sobre una nueva escala de sueldos fictos. Para quienes consigan su habilitación profesional antes del 1 de enero de 2026, la escala continuará siendo de 10 categorías, y para los que la obtengan después, será de 15 categorías.

Luego de que el Ejecutivo le presentara al Directorio del CJPPU este proyecto, Leonardo Di Doménico, director nacional de Seguridad Social, dijo que “va a haber un conjunto de afiliados que tienen la posibilidad de incrementar su tasa de Montepío al 22,5%” en caso de no querer adherirse al aumento de aportes, pero “sin acrecentar su cotización nominal mensual”. Esto sería con el objetivo de “amortiguar ese incremento de cuatro puntos en la tasa de cotización, de forma tal que no represente para esos afiliados un impacto adicional contributivo”.

Para los jubilados y pensionistas, se agrega una prestación pecuniaria que grava “el monto de asignación de jubilación o pensión de cada cédula con las actualizaciones que correspondan” y que se ajustará en función de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC).

Los profesionales jubilados cuya prestación no supere el valor de 6 BPC estarán exentos de este gravamen. Aquellos que perciban entre 6 y 10 BPC pagarán un 2% adicional; de 10 a 15 BPC, un 7,5%; de 15 a 20 BPC, 10%, y quienes superen las 20 BPC, 12%. Se aplicará a personas nacidas antes del 1 de enero de 1967 o que hayan causado pensión antes del 1 de agosto de 2023. El aumento promedio sería de un 9%, que permitiría recaudar al menos US$ 40 millones adicionales al año.

A diferencia del proyecto del gobierno anterior, que fue rechazado en 2023 por la bancada frenteamplista y cabildante, la nueva iniciativa incorpora un apoyo financiero directo desde Rentas Generales con transferencias mensuales de $ 110 millones durante 2025, lo que en todo el año sería el equivalente a casi US$ 31 millones. En 2026, el aporte estatal sería equivalente a dos tercios del promedio mensual recaudado por la contribución pecuniaria de los pasivos, “en aquellos meses correspondientes al año previo en que fuese aplicable dicha contribución y ajustado por Índice de Precios al Consumo (IPC)”.

Otros cambios

Otros ejes del proyecto proponen, por ejemplo, reducir el número de integrantes del directorio de siete a cinco, con tres electos por los afiliados y dos designados por el Poder Ejecutivo. También fijar un tope a los gastos administrativos, que no podrán superar el 4% de los ingresos brutos actualizados por IPC del ejercicio anterior. Según la iniciativa, este límite se reducirá progresivamente a 3,5% en 2027 y a 3% en 2028.

El valor de los timbres profesionales, que hasta ahora se basaba únicamente en el IPC, pasará a calcularse con una fórmula que tiene en cuenta, además, el Índice Medio de Salarios (IMS), para evitar desfasajes y pérdidas de recaudación.

Por otro lado, el texto propone mejorar algunos beneficios, como los subsidios por incapacidad temporal y por maternidad, mediante la modificación de la Ley 20.130 que en 2023 reformó la seguridad social.

Reacción del directorio

“La estamos estudiando y estamos encontrando cosas que no eran lo que pensábamos”, comentó Daniel Alza, presidente de la CJPPU, en diálogo con Búsqueda. Agregó que si bien tienen “algunas diferencias”, prefiere no adelantarse a hacer declaraciones hasta que el directorio completo lo discuta en sesión, algo que sucedería el próximo jueves 24 en caso de que no vean necesario reunirse antes.

“Nos dijeron que lo iban a mandar (al proyecto) así como estaba. Lo que tendríamos sería, pienso yo, alguna instancia en el Parlamento, pero los vamos a llamar a ellos también (a los integrantes del equipo interministerial) para decirles los puntos que pensamos que deberían cambiarse. Hay dos directores del Poder Ejecutivo actual que son con quienes vamos a hablar primero”, añadió Alza.

Por otro lado, aclaró que los comentarios en los medios de comunicación de otros directores de la institución son a título personal y no representan una posición oficial de la caja, por lo que todos los puntos del proyecto de ley “están bajo estudio” del directorio y hasta el momento no se adhieren a ninguno en particular.

No obstante, sobre los cambios en cuanto a los timbres profesionales que incluyen algunos aspectos reclamados por la CJPPU —como la consideración del IMS para el ajuste de su valor—, dijo que desde el Ejecutivo “pusieron otra cosa”.