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En octubre de 2023, el Directorio de la Caja de Profesionales Universitarios (CJPPU) resolvió la inclusión de 45 nuevas profesiones para aumentar la cantidad de afiliados activos y, consecuentemente, tener mayores ingresos que ayudaran a paliar la crisis financiera que atraviesa la institución. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) le solicitó al Banco de Previsión Social (BPS) que analizara el impacto de esa medida en el régimen previsional, a lo que el organismo respondió que no estaba en condiciones técnicas de estudiar el caso, a la vez que sugirió denegar la iniciativa.
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El MTSS tomó la recomendación del BPS y objetó la incorporación de las nuevas profesiones a la CJPPU; la caja paraestatal presentó un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) buscando anular esa resolución, pero el fallo le resultó desfavorable.
Con fecha del 10 de diciembre —aunque fue notificada en los últimos días—, el TCA falló a favor del Poder Ejecutivo. Entendió correcta la resolución que le impedía a la CJPPU incorporar las 45 nuevas profesiones como contribuyentes. Rechazó que “la decisión adoptada (por el Ejecutivo) carezca de amparo legal”, según el fallo al que accedió Búsqueda. “Resulta palmario que, en la emergencia, el Poder Ejecutivo no contaba con los insumos necesarios para fundamentar la aprobación pretendida”, especialmente sobre “las repercusiones en el financiamiento del régimen general de seguridad social que traería consigo la incorporación de las nuevas profesiones al ámbito de la CJPPU”, agrega.
Rechazó que “la decisión adoptada (por el Ejecutivo) carezca de amparo legal”, según el fallo al que accedió Búsqueda. “Resulta palmario que, en la emergencia, el Poder Ejecutivo no contaba con los insumos necesarios para fundamentar la aprobación pretendida”, especialmente sobre “las repercusiones en el financiamiento del régimen general de seguridad social que traería consigo la incorporación de las nuevas profesiones al ámbito de la CJPPU”, agrega.
Los últimos fueron meses de discusión en las reuniones del directorio, antes de lograr acordar qué plan de reestructuración se elevaría al Poder Ejecutivo para atacar esa situación de desfinanciamiento. Un proyecto que daría sustentabilidad hasta el 2032 se anteponía frente a otro que se proyectaba hasta 2108, siempre y cuando se incorporaran a los nuevos profesionales dependientes. Finalmente, con seis votos a favor y uno negativo, en enero el directorio resolvió ir por el camino del medio: “Aprobar y remitir nota al Poder Ejecutivo y a las autoridades electas, acompañada por todos los estudios técnicos realizados por el instituto”.