La falta de mecanismos estatales ágiles para proteger a niños, niñas y adolescentes amenazados de muerte o en riesgo de vida, las respuestas fragmentadas de las instituciones —que son principalmente reactivas— y las dificultades para denunciar por el miedo a represalias son algunos de los principales problemas identificados por un grupo de trabajo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), que elaboró un diagnóstico sobre la violencia territorial y sus efectos en la infancia y la adolescencia en Uruguay.
El equipo define la violencia territorial como “el conjunto de actos, amenazas y condiciones de coacción que resultan del control violento de territorios por parte de organizaciones criminales”, vinculadas al narcotráfico, a través de la llamada “gobernanza criminal”. Esto incluye desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad, reclutamiento de adolescentes y afectaciones en algunos de sus derechos, como el acceso a la salud y a la educación. Entienden que los efectos sobre niños, niñas y adolescentes no se limitan a los que sufren heridas o agresiones, sino también a los que crecen en esos entornos donde la violencia condiciona su vida cotidiana.
El informe, al que tuvo acceso Búsqueda y fue publicado este miércoles 14 de octubre, advierte que cuando una familia con menores a cargo enfrenta una amenaza de muerte “no existe una respuesta estatal clara, rápida y coordinada”. Los mecanismos disponibles, señala, son fragmentados, dependen de voluntades individuales y fueron diseñados para atender otro tipo de situaciones. También identifica un “vacío total” en la atención el “día después”, luego de los episodios de violencia, porque los protocolos no contemplan qué sucede con los niños y los adolescentes una vez superada la emergencia inmediata ni cómo se acompaña a las comunidades afectadas.
Hay un “vacío grave y estructural en los mecanismos de protección inmediata de niños, niñas y adolescentes amenazados o en riesgo de vida”, afirma el documento.
Para atender esas carencias, el grupo recomienda crear un dispositivo de emergencia especializado para ese grupo etario, con capacidad de respuesta en tiempo real, y establecer una “ruta de protección inmediata” —para niños baleados o en riesgo de vida— que pueda activarse incluso cuando no exista una denuncia formal. También plantea mejorar el acceso a la Justicia y ampliar los canales de denuncia, que garanticen el anonimato, además de diseñar mecanismos para que equipos territoriales puedan reportar situaciones de riesgo, que no tengan exposición pública en las primeras etapas, replicando la práctica desarrollada por la Fiscalía para casos de explotación sexual.
El grupo de trabajo reunió a representantes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, la Administración Nacional de Educación Pública, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), los ministerios del Interior y de Desarrollo Social, la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, organizaciones de la sociedad civil y especialistas académicos. Unicef Uruguay, en tanto, participó en calidad de observador.
Las cifras y sus limitaciones
Los datos del Ministerio del Interior que se citan en el informe indican que hubo 58 homicidios dolosos de niños, niñas y adolescentes entre 2023 y 2025: 15 en 2023, 24 en 2024 y 19 en 2025. En el mismo período se registraron 53 tentativas de homicidio y 238 menores heridos por armas de fuego. Por su parte, ASSE informó que atendió a 326 niños y adolescentes por heridas de armas de fuego durante esos tres años.
Los menores de entre 15 y 17 años concentran el 59% de los homicidios, el 60% de las tentativas y el 73% de los heridos por armas de fuego registrados por el Ministerio del Interior. Sin embargo, el documento también advierte sobre el aumento de las lesiones en la infancia: los casos de menores de entre cero y 14 años heridos por armas de fuego pasaron de 15 en 2023 a 27 en 2025, un incremento del 80%.
Por otro lado, Montevideo concentró 36 de los 58 homicidios registrados entre 2023 y 2025, el 62% del total, y en 2025 el 53% de los casos ocurrió fuera de la capital, un dato que interpretan “como expresión de una ampliación territorial del fenómeno”.
El informe aclara que esas cifras “deben interpretarse con cautela”, porque los registros disponibles no permiten determinar en todos los casos si los hechos se produjeron específicamente en contextos de violencia territorial, aunque consideran que “permiten aproximarse a la magnitud de algunas de las manifestaciones más graves de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes”.
Para el grupo de trabajo de la Inddhh, existen “brechas estadísticas severas”, que son uno de los principales problemas identificados, porque los organismos usan instrumentos y criterios de registro diferentes, sin mecanismos suficientes para cruzar la información. Además, faltan datos desagregados por edad, género y territorio y “no existen datos oficiales desagregados” para niños de 0 a 14 años. Esta situación es una forma de invisibilización, una vulneración del derecho a la información y un obstáculo estructural para el diseño de políticas públicas, dice el informe.
Un Estado fragmentado
Uno de los pilares del diagnóstico es la fragmentación territorial e institucional que existe, que “opera como factor amplificador de la violencia”. Según el documento, las capacidades de intervención del Estado son desiguales y “existen territorios en los que determinados equipos requieren apoyo policial para desarrollar sus funciones”.
“Algunos organismos públicos no llegan a determinadas zonas sin auxilio policial, lo que refleja la magnitud del debilitamiento de la presencia estatal en ciertos territorios”, afirma el informe. Esa fragmentación, agrega, “se alimenta de la sensación de impunidad” —de que nada va a suceder como consecuencia de una denuncia—, un factor que, consideran, “retroalimenta el fenómeno”.
“Genera un sentido de poder en quienes quedan impunes y desalienta la búsqueda de protección institucional. Las familias no denuncian porque no confían en que la respuesta institucional vaya a protegerlas, y en muchos casos tienen razones fundadas para esa desconfianza”, asegura.
Además de la “desconfianza institucional”, señalan que muchas familias no denuncian por el miedo a las represalias, y eso “deja sin activar los mecanismos de protección del sistema”. En ese sentido, plantearon que uno de los principales debates en el grupo de trabajo fue “la viabilidad de la actuación de oficio del sistema judicial cuando hay riesgo de vida”.
El análisis también incorporó la dimensión económica, y advirtió que el mercado de drogas no explica todas las disputas, porque los homicidios vinculados a economías ilegales “se asocian también a riñas de gallos, peleas de animales, disputas por deudas y otras actividades ilícitas”.
También señala que algunos adolescentes encuentran en las economías ilegales una posibilidad de obtener ingresos, ”reconocimiento social, protección, valorización, sentido e identidad”, algo que no encuentran en los ámbitos educativos, laborales o comunitarios.
Protección antes, durante y después
Entre las recomendaciones prioritarias del grupo de trabajo también figura implementar una formación específica en violencia territorial con perspectiva de infancia para equipos técnicos de todos los organismos y para las fuerzas policiales, y desarrollar la figura de familias de emergencia como alternativa de acogimiento especializado para menores que se encuentran en riesgo inmediato.
“Estas familias deben recibir formación específica, contar con respaldo y protección institucional y estar integradas en la ruta de protección inmediata como una opción de respuesta de base familiar”, establece.
Otro de los problemas abordados es la coordinación durante los operativos policiales, porque señalan que la falta de comunicación entre los organismos del Estado puede provocar respuestas descoordinadas y situaciones de revictimización.
Para evitarlo, el informe recomienda acordar un protocolo entre el Ministerio del Interior y los organismos sociales que incluya una notificación anticipada mínima a los equipos territoriales, la presencia de personal con perfil de protección social cuando haya menores involucrados y medidas específicas durante y después de las intervenciones.
En materia de reparación, el grupo propone reconocer jurídica e institucionalmente a niños y adolescentes afectados por la violencia territorial como víctimas con derecho a reparación integral, “incluyendo medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, conforme a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos”.
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