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Inddhh prepara informes con recomendaciones para el sistema de adopciones y la problemática de niños y adolescentes baleados
Autoridades de la institución insisten en que el proyecto de un comisionado para la infancia es “lo mismo” que el trabajo que realizan; la nueva figura, en caso de crearse, debería ser parte del organismo por “lógica institucional”
Mientras la Cámara de Diputados estudia el proyecto de ley de la senadora frenteamplista Blanca Rodríguez que propone crear un comisionado parlamentario para la infancia —que ya fue aprobado en el Senado—, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) busca mostrar que las funciones previstas para esa figura ya forman parte del trabajo cotidiano de la institución. El organismo tiene una posición institucional contraria a la nueva figura.
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Consultadas por Búsqueda, la presidenta de la Inddhh, Mariana Mota, y la directora, Jimena Fernández, pusieron como ejemplo dos temas en los que trabajan y que se encuentran en su etapa final: la elaboración de recomendaciones para reformar el sistema de adopciones frente a las debilidades existentes y la problemática del aumento de niños y adolescentes muertos o heridos por armas de fuego en contextos de violencia territorial.
Ambos temas son tratados en grupos de trabajo liderados por la institución, que reúnen a organismos del Estado, como el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), organizaciones sociales, legisladores y especialistas del ámbito académico. Según las integrantes del directorio de la Inddhh, a través de ámbitos como ese cumplen con el rol de monitoreo del cumplimiento de la normativa vigente y los convenios internacionales, que están entre las funciones que se le pretenden asignar al nuevo comisionado.
“Hay artículos que son absolutamente copiados de la ley de la institución", afirmó Mota. Fernández coincidió: “Lo ponés en el espejo y es absolutamente lo mismo”, dijo. La presidenta de la institución hizo una autocrítica al considerar que la comunicación del trabajo que realizan ha sido una “falencia”. En una línea similar, Fernández opinó que la situación generada es consecuencia del trabajo “con perfil bajo” que hace la Inddhh.
Para Mota, sería más razonable “mejorar lo que ya existe” que crear una nueva estructura como la figura del comisionado. Junto con Fernández señalaron, además, que el hecho de que el eventual comisionado funcione dentro del Poder Legislativo y no de forma independiente iría contra los principios de París, un conjunto de directrices internacionales de las Naciones Unidas para proteger a los niños.
Por esa razón, las representantes del organismo proponen que, de crearse la figura del comisionado o la de un relator especial, sea dentro de la Inddhh, que trabaja desde hace más de una década en temas vinculados a la infancia y tiene funcionarios especializados. “Apelamos a eso por lógica institucional”, afirmó Mota, y agregó que el monitoreo de las políticas del Estado vinculadas a los derechos de niños, niñas y adolescentes forma parte de las competencias que la ley asignó a la institución desde su creación, en 2012.
Por su parte, Fernández señaló que entre el 20% y el 25% de las denuncias que recibe semanalmente la Defensoría del Pueblo están relacionadas con situaciones que involucran a menores de edad, a lo que se suman las tareas desarrolladas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que supervisa los centros de protección de 24 horas del INAU y los establecimientos del sistema penal juvenil, además de distintos equipos especializados que trabajan en temas de salud, educación, discapacidad y género. “La infancia transversaliza a toda la institución”, aseguró.
Adopciones
El grupo de trabajo dedicado al sistema de adopciones surgió a partir de planteos realizados por organizaciones de la sociedad civil y reúne a representantes del INAU, el Mides, el Hospital Pereira Rossell —por ser la principal maternidad del país—, el Poder Judicial, la Defensoría Pública, asociaciones de padres adoptantes, legisladores que trabajan en el tema y especialistas en psicología.
Según explicó Mota, el grupo se propuso analizar los principales obstáculos que enfrentan los procesos de adopción.
“Fuimos viendo cuál es la condición de adoptabilidad, cuáles son las herramientas o las dificultades que tiene el INAU para abordar esta cuestión, cuáles son los nudos que encuentra la gente que está en este proceso, cuáles son las demoras del Poder Judicial y cuáles son las necesidades de plazo del Poder Judicial”, señaló.
La etapa de intercambio y diagnóstico está cerca de finalizar y el grupo comenzó a elaborar el informe final, que buscará recoger las perspectivas de los distintos actores y transformarlas en recomendaciones.
El derecho a la vida
En paralelo, el grupo dedicado a la violencia territorial está “más avanzado”, dijo Fernández, que trabaja sobre la problemática de niños, niñas y adolescentes que resultan heridos por armas de fuego, en muchos casos por enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, para “que no se naturalice”. Se trata de un indicador que, según señaló, “viene subiendo sistemáticamente” y que lleva a “contar en decenas a los muertos por año y en centenas a los heridos”.
“Lo que venimos viendo es que el Estado llega tarde y muy fragmentado, muchas veces con respuestas que se superponen entre ellos, falta coordinación y el tema no está arriba de la mesa”, agregó la directora de la Inddhh que forma parte del grupo.
Según explicó, uno de los principales objetivos es instalar una mirada que se centre en el derecho a la vida, y en ver a esos niños como víctimas de vulneraciones de derechos y no como victimarios. “No empezar a decir que son todos narcos”, ejemplificó.
A partir de los intercambios con las organizaciones sociales y los organismos del Estado, Fernández indicó que identificaron algunos “nudos”, como la ausencia de mecanismos adecuados de protección inmediata para menores amenazados o con riesgo de vida, la fragmentación de las respuestas por parte del Estado, los obstáculos para el acceso a la Justicia y la “falta de rutas claras de acompañamiento” para las víctimas y sus familias.
También advirtió que existen dificultades para dimensionar el fenómeno debido a un subregistro de casos.
Para Mota, así como se habla de la perspectiva de género, la violencia territorial es un tema que exige “una mirada específica” con “la perspectiva de los niños”.
“Son una población que tiene vulneraciones profundas, y crecer en violencia significa una consecuencia a largo plazo de esos niños, de naturalizar la violencia o, incluso, hasta poder reproducirla”, dijo. Y agregó: “Es algo que se tiene que considerar cuando se diseñan políticas públicas de seguridad”.
