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A cuatro meses de iniciado el nuevo gobierno, Jorge Díaz analizó en Desayunos Búsqueda la creación del Ministerio de Justicia, la reforma penal, la inseguridad y el comienzo de la gestión de Yamandú Orsi
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A pocos meses del inicio del nuevo gobierno, el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz participa en el ciclo Desayunos Búsqueda.
En la entrevista analizó el debate sobre la creación del Ministerio de Justicia —una promesa de campaña del Frente Amplio—, los planes para reformar el sistema penal, las estrategias frente a la inseguridad y el balance de la gestión de Yamandú Orsi en estos primeros meses. También abordó el vínculo con la oposición, las posibilidades de diálogo para impulsar políticas de Estado y el rumbo político del oficialismo.
Estos y otros temas fueron parte de este nuevo encuentro del ciclo de Búsqueda:
“Hoy enfrentamos una sinergia negativa entre la cárcel y la calle. Tenemos una gran cantidad de personas privadas de libertad, muchas de ellas con condenas cortas, y con patologías duales vinculadas al consumo problemático de drogas y a la salud mental”.
“Pero venimos de dos décadas de una lógica de orden y mando, basada en la creación constante de nuevos delitos, el aumento de penas y la incorporación de agravantes. La única solución que se ha ofrecido ha sido: cárcel, cárcel y más cárcel”.
“Necesitamos cambiar ese paradigma. Es fundamental sacar al Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior y al INISA del Mides. Hace falta construir una verdadera política pública de cumplimiento de penas y de medidas cautelares”.
“Y no hablamos solo de penas privativas de libertad, sino —sobre todo— de fortalecer las alternativas no privativas”.
“Cuando hablamos de crear un Ministerio de Justicia, no estamos inventando la rueda. Este ministerio existe prácticamente en todo el mundo. En los diez países con mejor estándar en Estado de derecho, todos cuentan con un Ministerio de Justicia”.
“Ya había un acuerdo conceptual sobre por qué es necesario. Podemos discutir su implementación, claro, pero hagámoslo desde lo conceptual. Ponerle nombres propios a la discusión solo enturbia el debate y no resuelve el problema de fondo”.
“El ministro lo elige el presidente de turno. Si mañana se aprobara el ministerio, el actual mandatario designaría a alguien, y en la próxima elección lo haría el siguiente gobierno. Por eso, tenemos que pensar con luces largas y enfocarnos en soluciones que realmente mejoren la vida de la gente”.
“Hoy tenemos agendas de derechos de segunda, tercera y hasta cuarta generación, pero aún no estamos garantizando derechos básicos, de primera generación: el acceso a la Justicia y a la seguridad”.
“El Ministerio de Justicia puede estar en el presupuesto, o podría ir por una ley aparte. No se trata de una decisión estratégica, sino de un compromiso que asumimos ante nuestros votantes: impulsar su creación”.
“Es posible que se concrete este mismo año, pero primero debemos discutirlo con el presidente. Luego vendrá el debate parlamentario, que espero sea una discusión de fondo, conceptual”.
“Nos encontramos con el peor déficit fiscal de los últimos 35 años. El gobierno anterior hizo todo lo que había prometido no hacer: aumentó el gasto, incrementó el déficit y, además, elevó el nivel de endeudamiento”.
“Tenemos plena confianza en el equipo económico y en que vamos a salir de esta situación, pero también es necesario hablarle con claridad a la población: existen restricciones y debemos manejarnos con responsabilidad”.
”La situación fiscal que heredamos es comprometida. ¿Es manejable? Sí”.
“La transición se dio en términos de tranquilidad y caballerosidad, al estilo uruguayo. Pero en realidad no fue tan uruguaya como parece, porque en algunos sectores de esa transición no recibimos información plena ni de calidad. Tuvimos que enterarnos de muchas cosas después de asumir, y resolverlas en apenas cuatro meses. A esto se sumó una situación fiscal muy delicada, que el ministro Gabriel Oddone calificó como la peor de los últimos 35 años”.
“Nos reunimos con la ministra Lucía Etcheverry y con el ministro de Transporte saliente en enero, en la Torre Ejecutiva, para tratar el tema del Ferrocarril Central. En ese encuentro se nos informó que había una deuda por disponibilidad de 50 millones de dólares. Sin embargo, el 28 de febrero recibimos una intimación del consorcio reclamando 150 millones, y hubo que pagar esa disponibilidad de inmediato y sentarse a negociar. Todavía seguimos discutiendo qué se debe exactamente por la parte correspondiente a la construcción, aunque nos aseguraron que todo estaba pronto”.
Y diez días antes de salir el anterior gobierno, se firmó el proyecto Neptuno, a pesar de que el nuevo gobierno había solicitado expresamente que no se innovara en ese tema”.
“En Uruguay hemos elevado un poco el tono del debate público, incorporando ciertos hábitos discursivos importados de otras partes del mundo: esos discursos con el ceño fruncido, la voz grave, el gesto duro. En algunos sectores minoritarios, ese estilo puede estar calando”.
”Pero la realidad es que el resultado electoral demuestra que ese fue, precisamente, uno de los factores que incidieron en la derrota del candidato Álvaro Delgado. La gente optó por quien no estaba en ese registro crispado”.
“Llevamos ocho años de vigencia del Código del Proceso Penal. Sabemos bien cuáles son los principales problemas y también qué reformas necesita. Hay muchas cosas que corregir. De hecho, el presidente (Yamandú Orsi) conformó un grupo de trabajo para hacer una revisión integral de todo el CPP. En aproximadamente dos meses, el Poder Ejecutivo estará en condiciones de remitir al Parlamento un proyecto de reforma. Por supuesto, las leyes se debaten y aprueban en el ámbito parlamentario. Pero el objetivo del Ejecutivo es aportar un insumo de calidad a esa discusión, con la expectativa de que el sistema funcione mejor”.
Pregunta: Durante su gestión en la Fiscalía, uno de los hitos fue la concreción de la reforma del Código del Proceso Penal (CPP). A ocho años de su implementación, ¿está conforme con los resultados?
Respuesta: Peleamos por esta reforma durante casi veinte años. Éramos un grupo de fiscales muy jóvenes, decididos a salir del viejo sistema penal inquisitivo. Recuerdo lo poco garantista que era: de democrático no tenía absolutamente nada. Fueron muchos años de trabajo, de una verdadera militancia académica a favor del cambio. Y costó muchísimo.
Primero nos decían que la reforma nunca se iba a aprobar. Después, que no iba a entrar en vigencia. Y una vez que entró en vigencia, que se iba a caer a los dos meses. También nos acusaron de impulsar un “código prodelincuente”. Sin embargo, hoy, con la aplicación del nuevo CPP, hay más de 16 mil personas privadas de libertad.
