El poder de los malos

Tampoco es algo nuevo. Es un problema que se viene arrastrando desde hace décadas. El tema es que no cede. Al revés, se consolida y se hace cada vez más contagioso, lo que afecta a lo que todavía se mantiene sano. Y así es muy difícil que haya algún progreso duradero, porque la falla está en la matriz.

Una noticia difundida la semana pasada por Búsqueda es la prueba de ello. Y no por los partidos políticos a los que involucra, porque eso cambia según quién esté en el gobierno. Más bien, por su significado verdadero, por ser la demostración de que el sistema en esos rincones estatales está tan corrompido que parece muy difícil arreglarlo. Así lo deja en evidencia hasta la propia Justicia y, después de eso, no hay nada.

Resulta que una exjefa de la Secretaría de Dirección del Centro Auxiliar de Pando, que fue contratada en 2020 como funcionaria administrativa gracias a su vínculo con el Partido Nacional a través de la Comisión de Apoyo de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y fue desvinculada con el cambio de gobierno, demandó y el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 4º turno le dio la razón. Concluyó que era una trabajadora permanente y condenó a la comisión a pagar $ 404.015 adicionales a la indemnización por despido común, más la multa legal del 10% y los reajustes e intereses hasta el momento del pago.

“En el proceso judicial, incluso la propia denunciante reconoció que llegó ‘a través de la política con el Partido Nacional’ y que ‘le consiguieron trabajo’, pero explicó, según dice la sentencia, que era un contrato administrativo de 90 días que se renovaba automáticamente y quedaba fija luego de ese plazo. Para el tribunal, el hecho de que hubiera accedido al trabajo a través de contactos políticos no lo transformaba en un cargo de confianza”, informa la nota periodística.

En otras palabras, ingresó a un lugar de jerarquía en la administración pública por sus vínculos con el partido político que estaba en el gobierno y eso ya fue suficiente como para ser considerada como una funcionaria pública con carácter de “permanente” y con derecho a las mismas indemnizaciones que los que sí obtuvieron por méritos propios sus lugares de trabajo.

De todas formas, el Frente Amplio hizo lo mismo porque la persona que quedó en su lugar también está ahí por sus vínculos políticos, según se informa en la misma nota. Así que no es cuestión de enojarse solo con unos; es algo que hacen todos y que solo sirve para alejar cada vez más a los políticos de los trabajadores comunes.

No lo cambian porque justamente es el sistema político el que tiene la potestad para hacerlo y no le conviene. Mira para el costado mientras que los otros, los que quedan afuera, se enojan y van juntando bronca. Pero, por más que crezca la rabia, terminan perdiendo la batalla. Tanto que hasta la Justicia les da la razón a los otros, a los que así construyeron las reglas de juego.

Otra nota también publicada en la última edición de Búsqueda se podría asociar con la de la funcionaria de ASSE, por ser también un símbolo del divorcio que existe entre la política y sus reglas y lo que ocurre con el resto de los ciudadanos. Está referida a los subsidios que cobran los legisladores cuando terminan sus períodos como senadores o diputados. Tienen habilitado seguir recibiendo, luego de terminada la legislatura, hasta el 85% de su sueldo durante un año y hasta tres años en casos excepcionales, algo que no ocurre con ningún otro trabajador privado ni público, salvo casos muy excepcionales.

Parece que habitaran otro país, que vivieran en una especie de dimensión paralela a la inmensa mayoría de los uruguayos, cuando justamente su función es ser representantes de todos los ciudadanos. Los que los antecedieron en sus cargos fueron los que crearon esas normas y ellos se siguen beneficiando de ellas, generando una clara brecha con los que representan.

En respuesta, la bancada del Frente Amplio presentó un proyecto de ley para reducir ese beneficio, porque evalúa que es “excesivo”. Es una buena señal. Va en el sentido correcto, aunque para nada parece suficiente. También es positiva la iniciativa que promueve el senador colorado Pedro Bordaberry de no permitir que el Parlamento pague los viajes de los legisladores al exterior. Parece menor, pero es lo que muchos uruguayos están reclamando a gritos.

El problema es que, más allá de esas dos propuestas concretas, lo que habría que promover es una reforma política profunda. Hay que cambiar el ADN con el que fue creado el marco normativo para los que ejercen el poder público en Uruguay. Este es el momento de equipararlos un poco más al común de las personas como forma de rencauzar los valores democráticos. Ni más ni menos.

Porque los políticos que están siendo privilegiados pueden seguir ganando muchas batallas judiciales o de otro tipo, pero, de continuar así, van a terminar perdiendo la guerra.