Comisión de Apoyo de ASSE condenada por "despido abusivo" de una funcionaria allegada al Partido Nacional

El caso se originó con la desvinculación de Pelizzari —el 22 de abril de 2025— por parte de la Dirección del Centro Auxiliar de Pando, quien se desempeñaba como administrativa y había ocupado interinamente el cargo de jefa de la Secretaría de Dirección, desde 2022. En su lugar fue nombrada una frenteamplista, señalaron testigos en el proceso en la Justicia laboral. La Comisión de Apoyo de ASSE comunicó su baja y ante el Banco de Previsión Social registró como causal de egreso que se había terminado el contrato, por lo que inicialmente no le pagó la indemnización por despido.

Según surge de la sentencia, tres meses después del cese por supuesto fin del contrato, la comisión inició un proceso de oblación y consignación en el Juzgado de Paz Departamental de la Capital de 2° turno —mediante el cual un deudor se libera de su obligación de pago— para depositar el dinero que correspondía a la indemnización por despido. Pelizzari no lo aceptó y fue consignado en el Banco República por orden del juzgado.

“La trabajadora no solo no percibió su liquidación por egreso en tiempo y forma sino que se vio obligada a promover un proceso laboral para perseguir el cobro de la indemnización por despido, con el costo material e inmaterial que ello implica”, planteó el tribunal.

Los magistrados consideraron que de las declaraciones de los testigos “surge con meridiana claridad” que la funcionaria “fue cesada de su empleo por su orientación política” y en el entendido de que su contrato era a término, “que culminaba al terminar el período del gobierno nacional”.

En ese sentido, varios funcionarios que dieron su testimonio —que son citados en la sentencia— señalaron que era del Partido Nacional y que, tras el cambio de gobierno y de autoridades del centro de salud, dejó de ocupar el cargo para ser sustituida por otra mujer, del Frente Amplio.

En el proceso judicial, incluso la propia denunciante reconoció que llegó “a través de la política con el Partido Nacional” y que “le consiguieron trabajo”, pero explicó, según dice la sentencia, que era un contrato administrativo de 90 días que se renovaba automáticamente y quedaba fija luego de ese plazo.

Para el tribunal, el hecho de que hubiera accedido al trabajo a través de contactos políticos no lo transformaba en un cargo de confianza. “Ocupaba un cargo administrativo desde el año 2020, que no reviste el carácter de cargo político de particular confianza, sino que era personal administrativo permanente de la empleadora”, dispone el fallo, que establece que el despido abusivo puede configurarse cuando el cese responde a motivos extralaborales, entre ellos, la discriminación por ideas políticas.

En su pronunciamiento, los ministros afirmaron que “la práctica calificada de ‘habitual’ de cesar por fin de contrato a la secretaria, cuando cambia la dirección del hospital, no corresponde que tenga lugar cuando se trata de un contrato de trabajo de carácter permanente, como era el caso de la actora”.

Según surge del expediente del caso, el 17 de junio de 2026 la Comisión de Apoyo de ASSE le pagó la suma de $ 571.228, lo que implicó el cumplimiento de la condena.