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El Frente Amplio busca reformar el sistema penal desde el Parlamento y asume resistencias a “proyecto de Díaz”
El prosecretario de Presidencia coordina un grupo para la reforma del CPP, mientras legisladores de la coalición advierten que “la persona que lo escribió no parece ser la más indicada para cambiarlo”
Legisladores de la coalición avisaron a otros frentistas que no apoyarán una reforma del sistema de justicia coordinada por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, principal promotor del Código del Proceso Penal (CPP) vigente desde 2017, cuando era fiscal de Corte. Tras la advertencia, el Frente Amplio resolvió diseñar un nuevo CPP desde el Parlamento y por ello llegó a un acuerdo con la oposición, que se sellará este jueves en el Plenario de la Cámara de Representantes, para crear e integrar una comisión especial con este propósito, la que estará formada por seis diputados del partido de gobierno, cinco de la coalición y uno de Identidad Soberana.
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En el Movimiento de Participación Popular (MPP) también existen ciertas resistencias a que sea Díaz quien encabece el diseño de una nueva legislación. De todas maneras, un dirigente del MPP dijo a Búsqueda que son “el oficialismo plus, el oficialismo dentro del oficialismo”, por lo que no criticarán una iniciativa de un jerarca de gobierno.
El Parlamento aprobó por unanimidad en 2014 un nuevo CPP que instaló un sistema acusatorio, con juicios orales y públicos, vigente desde noviembre de 2017. Antes de comenzar a regir, el código tuvo siete modificaciones aprobadas por el Poder Legislativo, y luego, otras 10, lo que explica sus defectos, según varios académicos y legisladores. “Si tuvo tantas reformas, evidentemente no está funcionando bien”, dijo a Búsqueda el senador colorado Andrés Ojeda.
Blancos y colorados
El presidente Yamandú Orsi y dos de sus ministros resolvieron el 11 de abril crear un Grupo Asesor Técnico, coordinado por Díaz, para “el análisis, evaluación y estudio de eventuales modificaciones del CPP”. El 9 de mayo, a través de otra resolución, designaron a sus integrantes, quienes representan a la Prosecretaría de Presidencia, el Ministerio del Interior, el de Educación y Cultura, la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial y el Colegio de Abogados del Uruguay (CAU). Ese mismo día, se concretó la primera reunión del grupo, que volverá a reunirse este viernes.
Andres Ojeda
Andrés Ojeda
Mauricio Zina/adhocFOTOS
“Si él (Díaz) es el que emprende la reforma, estaría reconociendo implícitamente haber cometido muchos errores en la reforma” implementada desde 2017, dijo Ojeda, de Unir Para Crecer, quien agregó que “lo que debería reformarse, en su mayoría, no es algo” que se supo que se tenía que cambiar “por la vía de la experiencia en estos años”, sino que “estuvo sobre la mesa desde el principio”. Y sintetizó: “Este es el código de la Fiscalía de aquella época”.
En la misma línea, el diputado Conrado Rodríguez, de Vamos Uruguay, dijo a Búsqueda que le llama la atención que “el creador del código ahora pida que se revise el código y lo quiera llevar a su órbita”, a la Presidencia de la República. “No nos parece que sea algo bueno, por eso vamos a reivindicar la comisión especial”, explicó. Para el coordinador de la bancada colorada, “no es de recibo que la comisión trabaje en la órbita de Presidencia”, sino que “tiene que estar en la del Parlamento, el lugar natural de discusión de las leyes”, donde “se tiene que convocar a los catedráticos de Derecho Penal, de Procesal Penal, y a actores relevantes, como puede ser la Defensoría de Oficio, la Fiscalía General de la Nación y la Asociación de Abogados Penalistas de Uruguay”.
Por su parte, el presidente del colectivo de penalistas, Enrique Möller, informó a Búsqueda que la asociación aspira a terminar un proyecto de reforma del CPP en junio para luego presentarlo en el Parlamento.
Ojeda, que junto con otros senadores de la coalición reflotó el proyecto de CPP redactado durante la anterior legislatura por el CAU, tiene una visión similar a la de su correligionario. “No podés estar en la misa y en la procesión. La persona que lo escribió y lo defendió no parece ser la persona más indicada para cambiarlo”, dijo, aunque aclaró que “los insumos que vengan de todos lados serán bienvenidos”, también “lo que venga del Poder Ejecutivo”.
Por su parte, la senadora blanca Graciela Bianchi, que presentó con Ojeda la iniciativa del CAU, dijo a la diaria que “se legisla en el Parlamento” y que “en este país hay división de poderes”. En diálogo con Búsqueda, expresó que “si ‘el grupo de trabajo’ de Díaz hace propuestas, irán como corresponde a la comisión que trabajará como siempre, en especial con la academia”.
Los reparos de algunos dirigentes del MPP a la iniciativa de Díaz tienen su raíz en los cruces entre el entonces fiscal de Corte y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, durante el anterior gobierno frentista.
Por ejemplo, Díaz lamentó, en agosto de 2019, en Todo pasa de Océano FM, que “no hay un plan de combate al narcotráfico desde el año 2009”, lo que desde filas frentistas se interpretó como una crítica a la gestión de Bonomi. En abril de este año, semanas después de haber asumido como prosecretario en Torre Ejecutiva, Presidencia emitió un decreto que crea el Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico.
A su vez, dirigentes del MPP consideran que el aumento de los delitos durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, un factor que se suele asociar a la derrota política de 2019, estuvo vinculado a la puesta en marcha del CPP, en la que Díaz jugó un rol clave. En marzo de 2018, Bonomi sostuvo en Radio Uruguay que con el nuevo CPP, quien comete un delito suele esperar la sentencia en libertad y en esos períodos “delinque más”, por lo que reclamaba modificaciones al código.
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Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia
Pablo Vignali/adhocFOTOS
En el MPP recuerdan, además, que el vínculo entre la implementación del CPP y la suba de ciertos delitos quedó en evidencia, en el ámbito académico, en un estudio de Spencer Chainey, profesor del Instituto Jill Dando de Seguridad y Criminología de la University College de Londres (UCL), y Patricio Estévez-Soto, profesor e investigador del mismo instituto, quienes concluyeron, en mayo de 2024, que “el aumento de 40% en robos y hurtos se asoció principalmente con el cambio en los procesos de justicia penal”, en referencia a la entrada en vigencia del CPP en 2017.
Proyectos y comisiones
Hay varios proyectos de reforma del CPP que avanzan en paralelo: el que se diseña desde Torre Ejecutiva, el impulsado por el CAU, el que prepara la asociación de penalistas, el que presentó el senador colorado Gustavo Zubía (para modificar el artículo 272 del código) y el que elaborarán en conjunto oposición y oficialismo en la comisión especial que se creará en Diputados.
A su vez, Ojeda propuso, el 8 de abril en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, crear una comisión especial en esa cámara para reformar el CPP y el Código Penal. “Al ser como primos y hermanos, lo que toquemos de uno va a impactar rápidamente en el otro” código, argumentó.
