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Una investigación policial concluyó que existe presunta responsabilidad de un grupo de ingenieros y técnicos de la estatal empresa de electricidad UTE por irregularidades en una serie de licitaciones que fueron investigadas a partir de una denuncia presentada por el presidente del ente autónomo, Gonzalo Casaravilla.
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Esa indagatoria concluyó que, si bien los profesionales tienen una eventual responsabilidad, esta en principio no alcanza a los cargos jerárquicos de la empresa, como al ex vicepresidente de UTE Pedro De Aurrecoechea, quien era investigado por poseer un 4% del paquete accionario de la firma Ciemsa, a la que se adjudicó una polémica licitación en ese período.
La investigación desarrollada por efectivos de Interpol a solicitud de la jueza Adriana de los Santos y de la fiscal Mónica Ferrero fue entregada en los últimos días a la sede, añadieron las fuentes.
Los juzgados de crimen organizado trabajan con una modalidad diferente a la de los juzgados penales ordinarios: designan un oficial del caso de las investigaciones que a su vez trabaja con personal de su confianza. Ese oficial recolecta prueba y recaba una serie de testimonios, sobre los que debe mantener permanentemente al tanto a las magistradas. Una vez que concluye su trabajo entrega un informe a la sede y sobre esa base se realizan los interrogatorios judiciales y se diligencian otra serie de pruebas.
Si bien pueden agregarse elementos en la etapa judicial, habitualmente coinciden las conclusiones a las que se arriba en la Policía con las que se extraen en el juzgado, destacaron las fuentes consultadas.
Una investigación administrativa encargada por la empresa estatal encontró varias irregularidades en los procesos de investigación que incluyen sobreprecios de más del 100%, falta de controles internos y procedimientos de decisión discrecionales. Esa investigación recomendó el inicio de sumarios al subgerente de mantenimiento de Centrales Térmicas y a dos jefes de departamento (Búsqueda Nº 1.700).
El caso judicial surgió por una denuncia que presentó el propio presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, ante los juzgados de Crimen Organizado. Esa acción penal tenía como base la denuncia de la empresa privada Tecnosyl SA, que planteó la existencia de varias irregularidades en la licitación de mantenimiento de centrales térmicas de UTE por U$S 7 millones.
La licitación se abrió en julio del 2011 y fue adjudicada a la empresa Ciemsa-CSI Ingenieros. De Aurrecoechea, que fue vicepresidente de UTE durante la administración de Tabaré Vázquez, posee el 4% del paquete accionario de Ciemsa.
Esta vinculación hizo que el ex jerarca y actual gerente general de Gas Sayago (empresa privada encargada de administrar la instalación de la planta regasificadora, propiedad a partes iguales de UTE y Ancap) fuera citado a declarar por la Justicia de Crimen Organizado.
No obstante, el juzgado especializado en crimen organizado ordenó investigar al menos otras cuatro licitaciones en las que participó Ciemsa-CSI Ingenieros.
El 10 de setiembre del 2012 UTE encargó una investigación administrativa al funcionario de Intendencia de Montevideo Álvaro Richino, quien encontró varias irregularidades en los procedimientos del ente en compras y licitaciones, entre las que figuran sobreprecios de más del 100% , falta de controles internos en los gastos, y procedimientos de decisión “discrecionales”.
Sin embargo, la investigación policial no encontró responsabilidad de De Aurrecoechea pero sí de varios técnicos de UTE que participaron del proceso.
Consultado por Búsqueda, el abogado de algunos de los técnicos investigados, Pablo Donnángelo, dijo que se siente muy “tranquilo” con respecto a la “inocencia” de sus clientes.
“Hemos estudiado todos los procesos de licitaciones y hemos recabado pruebas que dicen claramente que no hay una responsabilidad penal en estos casos”, subrayó.
“Confío que se va a poder aclarar y clarificar todo esto”, añadió.
