N° 1942 - 02 al 08 de Noviembre de 2017
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáParece surrealista.
El gobierno del presidente Tabaré Vázquez repite cincuenta veces que un proyecto que tiene entre sus manos es extremadamente conveniente para Uruguay. Toda la oposición, menos un 1%, dice, otras cincuenta veces, que le da sus votos para aprobar ese proyecto tan bueno. Con ese panorama, cualquier ciudadano podría inferir sin mayor esfuerzo que esa idea será acompañada por más del 90% del sistema político; todo el oficialismo y la gran mayoría de la oposición. Ningún gobernante del mundo desperdiciaría semejante oportunidad.
Sin embargo, eso está sucediendo ahora mismo en Uruguay. El lunes 23 de octubre, el Poder Ejecutivo intentó una vez más —y una vez más, con escaso éxito— convencer a la dirección del partido de gobierno de que la aprobación de un tratado de libre comercio (TLC) con Chile, ya suscrito por los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, es muy importante para la nación.
La Mesa Política del Frente Amplio, controlada por los individuos y sectores más retrógrados de la “izquierda”, por momentos parece tener el desenfado de creer que puede desentenderse, sin consecuencias, del hecho de que es el fundamento político responsable de la gestión gubernamental.
Pues no puede. Los palos en la rueda que con frecuencia la dirección del Frente Amplio le pone al gobierno entorpecen su gestión y, fundamentalmente, relegan a la sociedad uruguaya. Evitan su “progreso” y, por tanto, lo que hace es lo opuesto a “progresista”, es “atrasista”.
Al intentar persuadir personalmente a la Mesa Política, el canciller Rodolfo Nin Novoa, en nombre del Poder Ejecutivo, le dijo el lunes 23 de octubre que “sería muy mala señal” que el oficialismo no ratifique “un acuerdo de los dos presidentes”. ¿Quiénes son los dos presidentes? Tabaré Vázquez y Michelle Bachelet. Ambos socialistas.
Nin Novoa les dio vuelta todos los argumentos que suelen esgrimir las marmotas de la Mesa Política cuando, de vez en cuando, salen de su estado de hibernación: ratificar el acuerdo con Chile no significa perder soberanía, no obliga al Uruguay a avanzar en otros tratados, no favorece a las multinacionales sino a las empresas medianas y pequeñas y no afecta al comercio de bienes porque ya están desgravados. Ni siquiera, dijo el canciller, califica estrictamente como un “TLC” (sigla maldita para toda marmota que se precie), de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial de Comercio.
El ministro les dio argumentos incluidos en un informe de la Cancillería según el cual si el acuerdo con Chile comienza a ser aplicado, los costos de exportación bajarían como mínimo un 3% “gracias a la aprobación de nuevas medidas de facilitación al comercio”.
Más aún: los técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores precisaron que Chile puede desempeñar un papel importante como puerta al Pacífico. Chile, escribieron, “es un país que cuenta con una muy vasta red de TLC en Asia” y si Uruguay “logra generar cadenas de valor en sectores en los cuales somos competitivos, se puede cumplir con las reglas de origen del TLC Uruguay-Chile y con los de Chile-tercer país asiático”. Incluso un TLC con Chile sería la vía para que Uruguay consiga el estatuto de Estado asociado de la Alianza para el Pacífico.
Durante la reunión en la Mesa Política del Frente Amplio, el nuevo viceministro de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, advirtió: “Estar en el mundo tiene su costo, pero más costo tiene no estar”. (Búsqueda Nº 1.941)
Los beneficios para las empresas y los trabajadores uruguayos que acarrearía un acuerdo con Chile de estas características son tan evidentes que, sin que lo consultaran desde el gobierno, quien según todas las encuestas es hoy el principal referente de la oposición, Luis Lacalle Pou, adelantó que el Partido Nacional le daría al gobierno sus votos para aprobar en el Parlamento el TLC. También lo harían el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Partido de la Gente. Pero, claro, antes de pedir el apoyo a la oposición —que ya lo tiene sin solicitarlo—, el Poder Ejecutivo tiene que conseguir el respaldo…¡de su propio partido! Y eso, por ahora, se le está haciendo cuesta arriba.
Dos días después de la presentación de Nin Novoa en la Mesa Política, una de las marmotas salió de su madriguera. El exsenador frenteamplista Alberto Couriel declaró en La Diaria que un acuerdo con Chile favorecería a las “grandes empresas transnacionales”.
“En las normas de nueva generación se habla de liberalización, privatización y desregulación, y el acuerdo con Chile está dentro de esos lineamientos”, dijo Couriel.
Aunque parezcan dinosaurios en extinción, en el Frente Amplio los “courieles” son numerosos, pesan mucho a la hora de decidir e influyen sobre los políticos serios, con palabras sagradas cuya sola mención atrae a los demonios de la antigua “corrección política”. Quien, dentro y fuera del Frente Amplio, diga “liberalización”, “privatización” o “desregulación” se expone a la vituperación pública de los guardianes de ideologías superadas y enterradas por trágicas experiencias.
Si es verdad aquello que dicen todos los políticos en cuanto a que “primero está el país y después el partido”, quizá el presidente Vázquez haría bien en tomar en cuenta el ofrecimiento de Lacalle Pou. Después de todo, ambos están de acuerdo sobre las bondades de un tratado con Chile y el hábitat de las marmotas son las zonas montañosas; en la penillanura levemente ondulada que es el Uruguay, el destino de las marmotas autóctonas es, inevitablemente, su desaparición.