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La propuesta legal del Poder Ejecutivo para modificar el régimen de zonas francas “genera ruidos” y crea “expectativa” entre operadores del sector, según consultas efectuadas por Búsqueda.
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Ese proyecto de ley, remitido al Parlamento a mediados de julio, cambia la denominación de las zonas francas por la de “zonas económicas especiales”, incorpora nuevos objetivos al régimen, habilita la instalación de “zonas temáticas de servicios”, da potestades de fiscalización a la Dirección de Aduanas en esos territorios exonerados de impuestos y reduce de 75% a 50% la exigencia mínima del personal nacional para las actividades de servicios allí. Asegura además a los explotadores y usuarios el mantenimiento de los beneficios y derechos vigentes mientras rijan los contratos respectivos. Este punto es bien visto por fuentes del sector consultadas, en la medida en que por un largo tiempo no tendrán que enfrentar cambios legales, aunque otros ven estos cambios con preocupación.
Algunos empresarios temen que el proyecto pueda sufrir modificaciones relevantes durante la discusión legislativa y que producto de presiones, por ejemplo, se introduzcan impuestos a las firmas que operan en estos enclaves.
De hecho, en los últimos días surgieron mensajes en esa dirección.
El asesor económico presidencial Pedro Buonomo informó el jueves 1º en “El Observador”, que se evalúa establecer un impuesto a la renta del capital por las ganancias que son transferidas afuera por las empresas instaladas en las zonas francas. “El negocio se mantiene. Cuando reinvierte no paga nada, pero cuando gira al exterior paga una tasa, que es adecuada a esa realidad, que es a la renta de capital. Es otro instrumento que es posible de considerar como fuente de ingreso, y pensamos que es válido”, argumentó.
A propósito de ese comentario de Buonomo, el administrador de World Trade Center Free Zone, Carlos Lecueder, dijo a Búsqueda que modificar el sistema fiscal de las zonas francas sería “un disparate”. Argumentó que el régimen actual generó una “cantidad de empleo muy importante” y que “paga un salario muy por encima de la media del mercado”, por lo que a su juicio “no hay que tocarlo”.
Apuntó que los diferentes actores tienen que cuidar ese tipo de expresiones “porque pueden afectar la imagen de Uruguay como un país de estabilidad”.
Ante una consulta de Búsqueda, directivos de la Cámara de Zonas Francas de Uruguay prefirieron evaluar sin prisa el proyecto de ley y no adelantar opiniones.
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