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Uruguay negoció con otros países la apertura de mercados para el comercio de servicios a empresas, comunicaciones, de construcción e ingeniería, distribución, enseñanza, financieros, sociales, de turismo y viajes, de esparcimiento y transporte, entre otros.
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En 1995 firmó un acuerdo en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio y actualmente están en curso discusiones para incorporar nuevos compromisos en el marco de la Ronda de Doha.
En 2005 entró en vigor el Protocolo de Montevideo suscrito en el Mercosur y habilitó la realización de rondas anuales para negociar la apertura de mercados.
Uruguay también suscribió acuerdos bilaterales en el área de servicios con México (2004), Colombia (2010) y Chile (2012).
Estos tratados en el ámbito multilateral, regional y bilateral tienen distinto grado de profundidad en términos de apertura, según un análisis de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía. El Protocolo de Montevideo aprobado en el Mercosur es el más abarcativo, ya que cubre 51,6% de los servicios.
“En Uruguay se menciona muchas veces que las negociaciones actuales podrían llevar a una pérdida de autonomía en la aplicación de determinadas políticas en sectores de servicios. En los hechos, dados los compromisos vigentes en los diferentes ámbitos de negociación, Uruguay ya ha perdido autonomía, por ejemplo para la aplicación de determinadas políticas de desarrollo de promoción de la actividad nacional. Aplicar nuevas políticas en sectores en los que ya hay compromisos asumidos supondría una violación a los tratados vigentes. Sin embargo, esto no significa que Uruguay no pueda aplicar regulaciones internas que no violen los tratados actuales”, señala la Asesoría de Política Comercial en su análisis.
Sostiene que la participación en procesos de negociación de servicios “supone ciertas ventajas para el país”. Eso porque Uruguay “gana credibilidad” internacional y “se facilita la transparencia de la normativa aplicada”. También “pueden esperarse beneficios económicos derivados de una mejora en la competitividad y eficiencia de los sectores de servicios, y de un efecto derrame sobre otros sectores de actividad”, agrega.