Cada día en promedio 2,5 personas sufren heridas de bala o son asesinadas por disparos con armas de fuego en Montevideo

En los hechos, en Montevideo hubo un promedio diario de 2,5 personas heridas de bala durante el 2013, informó a Búsqueda el director del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, Javier Donnangelo. Donde más episodios ocurrieron fue en barrios de la periferia de la capital como La Paloma, Casavalle, Manga y Piedras Blancas (ver cuadro).

El aumento de los homicidios en los últimos dos años estuvo empujado, al menos en parte, por un aumento de los “ajustes de cuentas” entre narcotraficantes.

Según datos oficiales, en 2011 hubo 98 homicidios en los que se usaron armas de fuego —49% del total de asesinatos—, mientras que en 2013 hubo 157 —61%— (ver gráfica). “El aumento de los asesinatos con armas de fuego está relacionado con el cambio en el mecanismo para dirimir conflictos entre las personas”, sostuvo Donnangelo.

Los datos de la Policía indican que en 2012 hubo cerca de 500 heridos de bala. “De esos, en algunos casos es tan solo una cuestión de puntería”, dijo un jerarca policial para explicar por qué es posible que sigan aumentando los homicidios en el futuro.

El 12% de los que recibieron heridas de bala en 2013 “no presenta ninguna información de sus atacantes, ni quiere dejar una denuncia”, explicó Donnangelo.

Mayor “mortalidad”.

La semana pasada la cúpula del Poder Ejecutivo se reunió con los miembros de la Suprema Corte de Justicia para conversar sobre el conflicto salarial que enfrenta a los dos poderes del Estado (Búsqueda Nº 1.753). En ese marco, el ministro Eduardo Bonomi hizo una larga exposición acerca del aumento de la violencia entre los narcos y su preocupación porque en Uruguay no es ilegal tener armas sin registrar cuando es “muy fácil” conseguirlas.

Hoy existen unas 600.000 armas inscriptas en el Registro Nacional de Armas. Sin embargo, según Donnangelo, “una de cada dos armas incautadas por la Policía no está registrada” por lo que “se puede concluir que en Uruguay hay más de un millón de armas, una por cada tres habitantes”.

Bonomi informó a los miembros de la Corte que en el 2013 la Policía incautó más de 1.200 armas de fuego, mientras que fueron denunciadas como robadas casi 900, la cifra más alta desde el 2005, dijeron a Búsqueda participantes en la reunión. El ministro lamentó que el oficialismo todavía no haya aprobado en el Parlamento la ley que regula la “tenencia, porte, comercialización y tráfico de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”. Por esa demora, explicó, en ninguno de esos casos una persona a la que se le incautó un arma fue procesada por estar en situación irregular.

“Un arma que estaba guardada en un balde, adentro de un pozo en el patio, no me digan que es para protección personal”, dijo Bonomi.

El 25 de abril del 2012 el Poder Ejecutivo envió al Parlamento la propuesta con el argumento de que “resulta primordial promover el desarme de la sociedad civil, y educar en cuanto a que, quien decida adquirir un arma de fuego, debe estar preparado psicológicamente y haber recibido la capacitación, preparación y entrenamiento necesario para lograr un uso adecuado y racional de la misma”.

El Senado aprobó el proyecto más de un año después, en mayo del 2013. La Cámara de Diputados también votó por mayoría la propuesta pero le incorporó modificaciones, por lo que la iniciativa volvió a la Cámara de Senadores donde todavía espera para ser discutida.

El artículo 1º del proyecto aprobado en Diputados prohíbe “la tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que no hayan sido debidamente autorizados por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Defensa o por ambos, según corresponda”.

Si se sanciona el proyecto, el artículo 9º crea el delito de “tráfico interno, uso y fabricación ilegal de armas de fuego, municiones, explosivos”, entre otros. Incurrirá en ese delito “el que de cualquier modo adquiriere o recibiere a título oneroso o gratuito, arrendare, distribuyere, diere o tuviere en depósito, fabricare, armare, ensamblare, adulterare, o vendiere armas de fuego” o municiones “sin autorización o contraviniendo las normas legales”. El castigo para ese delito es de veinte meses de prisión a seis años de penitenciaría, y la pena se triplica si el que lo comete integra “una organización criminal”.

La propuesta otorga un plazo de 12 meses para que las personas que poseen armas sin papeles regularicen su situación. El castigo por “tenencia no autorizada” es entre 10 y 1.000 Unidades Reajustables ($ 6.837 y $ 683.700 al precio de la Unidad Reajustable de febrero).

En el informe en minoría de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, el diputado Fitzgerald Cantero sostuvo que el proyecto prevé “una serie de requisitos y procedimientos” para tener armas que solo afectarán a la gente común y no a los delincuentes, quienes, por obvias razones, no harán los trámites. “Nuevamente una minoría infractora perjudica a la mayoría pacífica de la población”, advirtió el legislador. El Partido Colorado propuso como alternativa un proyecto de ley que pena a quienes portan armas de manera irregular y tienen antecedentes penales.

Las autoridades del Ministerio del Interior consideran “incomprensible” que el proyecto no sea sancionado de manera definitiva. Incluso, advierten que “por este retraso hoy la situación es de mayor impunidad”.

El proyecto de ley de armas estaba dentro del paquete de medidas que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento para mejorar la seguridad pública y que incluyó la modificación de la ley de Faltas. Del nuevo código de Faltas se eliminó la tenencia irregular de armas porque se preveía crear un delito en la propuesta que sigue trancada en el Senado. “Ahora nos quedamos sin ninguna de las dos cosas”, lamentó un jerarca de la Secretaría de Estado.

Consultada al respecto, la diputada Daniela Paysée dijo a Búsqueda que ella tampoco encuentra explicación al retraso en la aprobación del proyecto cuando los cambios efectuados en la cámara baja se hicieron “en acuerdo” con los senadores oficialistas. Además, informó que en la próxima reunión de coordinación de bancada del Frente Amplio en marzo propondrá que la sanción de esa ley sea considerada “prioritaria”.

El director del Observatorio de Violencia y Criminalidad dijo “que el tema de controlar las armas de fuego es vital porque tienen mayor poder de destrucción que otras armas y eso repercute directamente en la mortalidad de los delitos”.

“Los que se oponen a las leyes que limitan la disponibilidad de armas de fuego dicen que eso no sirve de nada porque el arma es un medio y lo que cuenta es la intención del que la porta —añadió Donnangelo—. Si vos restringís la disponibilidad, los que quieren matar a otros simplemente van a usar otro medio. Lo que muestran los estudios más rigurosos es que eso no se ajusta bien a la realidad por distintas razones”.

“La tasa de mortalidad de las rapiñas (los robos con violencia que terminan con un muerto) es entre tres y cinco veces más alta cuando el ladrón tiene un arma de fuego que cuando hay un arma blanca, y entre 7 y 10 veces más alta que cuando tiene objetos contundentes —piedras o palos— o se vale de sus manos”, dijo el encargado del Observatorio.

“Todo sugiere que si se logra limitar el acceso de armas se va a lograr reducir la cantidad de fatalidades”, concluyó.