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Tras la jubilación, a fin de agosto, de Adela Hounie, la presidencia de la Comisión de Protección del Ahorro Bancario (Copab) quedó vacante. El Poder Ejecutivo pidió el lunes 23 al Parlamento que otorgue la venia para el cargo a Daniel Dominioni, actual gerente de Política Monetaria del Banco Central (BCU).
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Esa entidad es un legado de la última crisis bancaria que sufrió Uruguay en 2002. Se encarga de administrar un fondo de garantía de depósitos (que acumulaba US$ 578 millones a junio) y de colaborar en la resolución de situaciones críticas en instituciones financieras del sistema; hasta ahora no ha tenido que actuar en esas funciones (aunque desde 2012 pasó a gestionar los activos remanentes de los cuatro bancos fundidos en aquella crisis).
Esta semana el Poder Ejecutivo aprobó un proyecto de ley que introduce ajustes a aspectos del funcionamiento de la Copab, contemplando en algunos casos las mejores prácticas internacionales. La iniciativa surgió de diagnósticos hechos por consultores y la elaboración del texto fue el resultado de intercambios entre esa comisión, el BCU, su Superintendencia de Servicios Financieros y el Ministerio de Economía.
Uno de los cambios centrales propuestos en el proyecto rediseña el esquema de intervención de la Copab desde antes de que una institución de intermediación financiera en crisis haya sido suspendida por el BCU. En ese sentido, prevé una etapa de “actos preparatorios” anterior al proceso de resolución bancaria. Eso habilitará a la comisión a requerir información detallada sobre activos y pasivos, identificar y contactar potenciales interesados en adquirir unidades de negocio, por ejemplo. Se apunta a acortar los plazos de respuesta.