Colombia sueña con ser “un país normal” tras acuerdo de paz con las FARC

“Nos llegó la hora de ser un país normal”, sostuvo Santos en su discurso. “Estamos muy cerca de la firma del acuerdo final que iniciará la construcción de una paz estable y duradera”, dijo Timochenko. “El proceso de paz no tiene vuelta atrás”, indicó Castro, cuyo hermano Fidel inició hace 63 años en Cuba una revolución armada que intentó exportar a casi toda Latinoamérica, incluido Uruguay, y que ahora prácticamente se extinguiría a escala regional con el éxito del acuerdo en Colombia.

El pacto firmado en La Habana cerró el último punto pendiente de los cinco marcados en la agenda de negociaciones entre el gobierno de Santos y las FARC, iniciadas casi cuatro años atrás. El plan comenzó en medio de un escepticismo extendido en Colombia, que tenía frescos recuerdos de los fracasos de presidentes anteriores que buscaron la paz con esa guerrilla campesina de inspiración marxista-leninista. Pero el proceso ahora tiene el apoyo de cerca de tres de cada cinco colombianos, según encuestas. Y esto es crucial, ya que el gobierno prevé realizar un referéndum para ratificar el acuerdo de paz antes de fin de año, algo que el grupo rebelde finalmente aceptó. 

 Lograr la aprobación del pacto en las urnas sería un triunfo político trascendente para Santos, cuyo gobierno goza de escasa popularidad: un sondeo reciente ubicó su índice de aprobación en apenas 20%. El referéndum se celebraría además en medio de una notoria desaceleración de la economía colombiana y con la férrea oposición del ex presidente Álvaro Uribe, que ha llamado a resistir el acuerdo con las FARC por considerarlo una concesión demasiado grande para líderes guerrilleros que cometieron crímenes contra la humanidad. Uno de los aspectos más criticados, y que sería clave en la consulta popular, es que en vez de ir a prisión por esos delitos, quienes admitan haberlos cometido ante tribunales especiales enfrentarán condenas por un máximo de ocho años, con libertad restringida en centros no carcelarios. 

Hay otros desafíos pendientes, como por ejemplo el modo en que va a implementarse el acuerdo o cómo las FARC se convertirán en una organización legal, un partido político. En esto puede servir la experiencia de otros países de la región. El diario colombiano “El Espectador” recordó el mismo jueves que el ex presidente uruguayo José Mujica “prestó sus buenos oficios para acercar a las FARC y al gobierno en momentos en que la negociación pasaba por malos momentos”, y citó un “mensaje claro” a las FARC de parte del ex guerrillero tupamaro: “Si se quedan atrincherados hablando de los fantasmas del pasado, se van a quedar en el pasado, deben construir para adelante”. 

Algunos observadores han expresado preocupación ante el riesgo de que se repita lo que ocurrió en los años 80, cuando en Colombia surgió el grupo político Unión Patriótica con dirigentes próximos a las FARC y comunistas pero, sin la debida protección del Estado, varios de sus congresistas fueron asesinados por narcotraficantes y paramilitares. 

Sin embargo, el principal temor parece ir en el sentido contrario: que tras declarar el fin del conflicto armado, las FARC prosigan con actividades ilícitas que les han dado grandes réditos económicos, como el tráfico de cocaína o el cobro de “impuestos” ilegales a productores rurales. “Hay una falacia desde el punto de vista retórico”, afirma Vicente Torrijos, profesor de Ciencia Política en la Universidad del Rosario de Bogotá y experto en temas de conflicto y paz. “A pesar del cese unilateral (del fuego) declarado por las FARC desde finales del año pasado, lo que se registra a diario es un incremento en los niveles de extorsión, persecución y movilización forzosa de la población. Si no hay un mecanismo de verificación absolutamente preciso e imparcial, que ante cada falta se sancione a las FARC, sencillamente la situación va a continuar en ese clima de baja intensidad, pero igualmente preocupante para la democracia”, agrega en declaraciones a Búsqueda.

Además, señala que aun si las FARC se comportasen de forma intachable, en Colombia seguirán operando bandas criminales derivadas de viejos grupos paramilitares, que este mismo año mostraron un asombroso poder de acción en siete de los 22 departamentos del país. Y también hay que tener en cuenta al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla menor que las FARC que parece lejos de alcanzar la paz con el gobierno. “Las FARC y el ELN tienen una alianza estratégica… Entonces las estructuras armadas de las FARC que sean necesarias para que esta organización conserve su identidad político-militar van a ser transferidas o coordinadas con el ELN”, prevé Torrijos.

Para minimizar esos riesgos, los expertos consideran fundamental que el Estado colombiano se expanda en las vastas zonas rurales controladas por las FARC, donde vivía buena parte de los siete millones de desplazados por el conflicto, no solo llevando el imperio de la ley, sino infraestructura, servicios y oportunidades laborales incluso para los guerrilleros desmovilizados. Los más optimistas esperan además que en un futuro próximo el gobierno pueda destinar al combate del crimen los enormes recursos que hoy dedica a combatir a las FARC, que en los últimos tiempos han sufrido la caída de algunos de sus máximos líderes y vieron menguar el total de sus combatientes desde 17.000 en los años 90 hasta un máximo de 7.000 en la actualidad.

Celis sostiene que será imposible lograr que la totalidad de esa fuerza guerrillera se sume al acuerdo de paz. “Va a haber deserciones hacia la criminalidad o hacia el ELN, como está ocurriendo. Pero tal vez sea un porcentaje muy pequeño, menor del 20 por ciento, lo cual muestra la cohesión política y organizativa de las FARC”, estima. “Si logramos igualmente un proceso (de paz) con el ELN, podríamos decir que Colombia habrá logrado la paz política. O sea, que la rebelión política ha finalizado. Y lo que nos queda son temas de criminalidad, pero eso ya es de otra naturaleza”.