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    Comunistas se oponen a idea de Pereira de crear un grupo especial que analice la situación de Nicaragua y de la región

    “No podemos actuar en función de la agenda que nos instalan”, cuestionó Juan Castillo, tras escuchar la propuesta del presidente del Frente Amplio

    Los temas de política internacional suelen ser los más difíciles de laudar en la interna frenteamplista. La convivencia de sectores de matrices socialdemócratas con otros de raíces marxistas en la coalición, algo impensado en otras partes del mundo, ambienta diferencias a la hora de analizar fenómenos que ocurren en la región y en el mundo.

    Esa situación produce los cruces más intensos en la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa). Así, durante el último Día del Comité de Base, el 25 de agosto de 2022, la exministra de Desarrollo Social Marina Arismendi intervino en una exposición realizada por el presidente de dicha comisión, Ariel Bergamino, en el Comité Caminando, de la Coordinadora A, para sostener que desde su concepción el Frente Amplio no tiene obligación de “ponerse de acuerdo” en temas internacionales. “Si cuando nace el Frente, la internacional socialista, el movimiento comunista internacional y la democracia cristiana hubiéramos tenido que ponernos de acuerdo sobre lo que pasaba en el resto del mundo, nunca hubiera existido el Frente Amplio”.

    A diferencia de Cuba, Venezuela o incluso la actual invasión de Rusia sobre Ucrania, la actual situación de Nicaragua no despierta muchos aliados en la interna del Frente Amplio. Sin embargo, cómo debe ser el abordaje de la fuerza política respecto a la crisis que vive ese país centroamericano todavía produce fricciones. A principios de febrero, el régimen de Daniel Ortega decidió desterrar a más de 300 presos políticos y enviarlos en un avión a Estados Unidos.

    En Chile, el gobierno encabezado por el izquierdista Gabriel Boric, que ha sido un duro crítico del régimen de ese país, expresó su disposición a brindarle nacionalidad y residencia chilena a los opositores nicaragüenses. Luego, el canciller argentino, Santiago Cafiero, se pronunció en una línea similar. Esa misma propuesta fue replicada en el Parlamento nacional, por parte del diputado colorado Conrado Rodríguez y también por su par frenteamplista Gustavo Olmos (Fuerza Renovadora). En una misma sintonía, el intendente de Salto, Andrés Lima, propuso recibir a los exiliados nicaragüenses.

    El tema llegó al secretariado del Frente Amplio el lunes 27 de febrero, cuando el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, leyó una carta que había enviado el Movimiento Socialista, un sector del Frente Amplio que no está representado en ese espacio, para que la fuerza política tomara cartas en el asunto. Esa misma jornada, el Partido por la Victoria del Pueblo emitió un comunicado condenado las “prácticas antidemocráticas” del régimen Ortega-Murillo en Nicaragua y, cinco días antes, se había expresado el bloque Convocatoria Seregnista Progresistas en igual sentido.

    Si bien la carta del Movimiento Socialista fue derivada a la Carifa, Pereira propuso al secretariado conformar un grupo para analizar este y otros casos de la región. Ese nuevo órgano debía actuar como asesor de la Mesa Política, junto con integrantes de la Carifa, de sectores y de bases integrados en la mesa.

    En respuesta, el representante del Partido Comunista, su secretario general Juan Castillo, cuestionó que se armara ese grupo de estudio sobre Nicaragua. Argumentó que también habría que hacer referencia a la crisis política y social de Perú o al conflicto de los mapuches en Chile. “No podemos actuar en función de la agenda que nos instalan”, argumentó, y recordó que para estos efectos existe la Carifa. El tema generó debate en la interna sin que hubiera una resolución expresa al respecto.

    Consultado por Búsqueda, Pereira dijo que la idea no es asesorar solo acerca de Nicaragua, sino también sobre crisis en otros países como Perú o “circunstancias que no se hayan podido resolver en otros países de Centroamérica”.

    El exsindicalista aseguró que el Frente Amplio va a ganar las próximas elecciones “y conocer la realidad latinoamericana y cuáles van a ser los mecanismos de integración y los vínculos” es clave al respecto. A su juicio, el grupo de trabajo que propuso debería tener pocos integrantes y presentar sus conclusiones en un tiempo acotado.

    Otro participante del secretariado sostuvo que la idea es “incorporar todas las miradas posibles para poder concluir en un posicionamiento mínimo común” respecto a varios fenómenos de Latinoamérica, buscando “horizontalizar la discusión” y “evitando contradicciones públicas”.

    Rosario Murillo y Daniel Ortega. Foto: AFP

    Plan anual de la Carifa

    Bergamino compareció el lunes 27 de febrero ante la Mesa Política y allí presentó el plan de actividades de 2023 de esta comisión. El exvicecanciller presentó un documento, al que accedió Búsqueda, que establece las “líneas rectoras” de la Carifa para el 2023. Si bien dice que la comisión está “atenta al acontecer global y regional”, se priorizará “lo referido a procesos de integración en clave progresista mediante una agenda proactiva”. También establece que las actividades estarán “integradas al Plan Político del FA” y “en sintonía con otras instancias orgánicas territoriales, funcionales y temáticas” de la fuerza política.

    El documento contiene un punteo de hitos y actividades en el año que incluye las elecciones de Paraguay el 30 de abril, una Cumbre del Mercosur en Brasilia en junio, las elecciones generales de Argentina el 22 de octubre, el nuevo plebiscito constitucional en Chile el 17 de diciembre y el Congreso del Frente Amplio a fin de año.

    En otro subtítulo, referido a la organización y el funcionamiento de la Carifa, se propone “actualizar” su “integración y funcionamiento”, además de “sistematizar vínculos con comités del FA en el exterior y mantener con ellos por lo menos una reunión virtual bimensual”.

    La comisión estimó su presupuesto anual en $ 24.000 para la atención de delegaciones extranjeras y en US$ 3.700 para poder pagar misiones de dos de sus integrantes a las elecciones de Paraguay y Argentina, al plebiscito en Chile y a la cumbre del Mercosur en Brasilia.