Salud pública y Rendición de Cuentas: la oposición pedirá el desglose de la mitad del articulado

Desde el oficialismo, cuya prioridad en la Rendición de Cuentas es la asignación única para infancias y fondos para seguridad y educación pública, ya toman esta posibilidad como bastante factible, dijeron a Búsqueda fuentes políticas. Esto ocurre, sobre todo, porque no tienen asegurados los dos votos necesarios en Diputados para su aprobación en general. “En la comisión (el proyecto) sale por mayoría, pero en el plenario (donde está previsto que se vote el viernes de la semana próxima) no hay ninguna certeza”, afirmó la presidenta de la comisión integrada, Sylvia Ibarguren.

“Dádivas”

El otro artículo que generó roces fue el 250, que obliga a los laboratorios y empresas fabricantes de productos sanitarios a informar al MSP antes de cada fin de año “los montos pagados y demás transferencias de valor” a “médicos, otros profesionales de la salud, instituciones asistenciales y hospitales universitarios”. Con este detalle se busca “prevenir conflictos de interés” y “garantizar que las decisiones médicas prioricen el bienestar del paciente” y no las influencias empresariales.

El diputado Abdala lo cuestionó duramente, señalando que “probablemente viola la Constitución de la República y los principios generales del derecho” porque “sustituye la presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad”. También cuestionó que en la fundamentación del artículo se hablara de “dádivas” (que puede ser tomado como sinónimo de soborno). En diálogo con Búsqueda, fue más allá y dijo que es “propio de un Estado autoritario”. Para este punto, Satdjian había propuesto también “una declaración jurada” de los médicos que recibieron esos aportes. Alicia Ferreira, presidenta alterna del Fondo Nacional de Recursos (FNR), respondió que con esta norma se busca “transparencia en la relación médico-paciente”.

Ferreira dijo compartir la propuesta de Satdjian y que el propio Colegio Médico del Uruguay (CMU) “hace tiempo que está pensando, justamente, en trabajar para mejorar la transparencia de todo el relacionamiento” entre los profesionales y la industria.

Consultado por Búsqueda al respecto, el presidente del CMU, Álvaro Niggemeyer dijo que “cuanto más transparencia, mejor”, aunque precisó —“a título personal”— que, de aprobarse ese artículo, “no se va a destapar ninguna caja de Pandora” ni revelar situaciones de gran importancia. “El marketing convive con nosotros en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Lo importante es que esas relaciones se desarrollen con reglas claras, ética y transparencia. No es aceptable que un laboratorio te regale una botella de whisky ni que te ofrezcan un viaje para recetar un medicamento; y, si es para actualizar conocimientos respecto a un tratamiento, lo podés aceptar o no, y luego declarar que recibiste ese apoyo”, expresó. Más allá de los “comentarios” que hay en el vínculo entre sus colegas y los visitadores médicos, “lo cierto es que los laboratorios de las farmacéuticas ya son los más regulados por las normas de compliance”.

Más baratos

El otro artículo que generó debate fue el 247. Este prohíbe a los prestadores cobrar a sus afiliados por fármacos incluidos en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) montos superiores a los autorizados por el Poder Ejecutivo “fundándose en la marca comercial, nombre de fantasía o en diferencias de precio derivadas de su costo de adquisición”. El gobierno lo defiende como una “protección” para los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

El FTM se basa en un listado de principios activos y no por nombres comerciales.

Mientras Satdjian preguntó si hacía falta una ley para algo ya “establecido por decreto”, el diputado colorado Conrado Rodríguez quiso saber “qué sanciones concretas” serían aplicables y si al MSP “le consta que es una práctica concentrada en uno o más prestadores” del SNIS. Referido a lo último, Pradere contestó afirmativamente, “sobre todo con la incorporación de los anticoagulantes de vía oral”; pero admitió que, al momento, “no hay sanciones” porque es algo que se detectó “hace muy pocos meses” y los expedientes “están en proceso”.

Por fuera del ámbito político, este artículo generó ruido. Según publicó El País el sábado 1, las mutualistas lo consideran un “error”, ya que la venta de estos fármacos por encima de los “genéricos” suponen una importante fuente de financiamiento de estas instituciones y que los únicos beneficiados serían “las farmacias”.

Manuel Ibarra, director del Centro de Evaluación de Biodisponibilidad y Bioequivalencia de Medicamentos (Cebiobe) de la Facultad de Química de la Universidad de la República, dijo a Búsqueda que, si bien este artículo va “en la dirección correcta”, lo ideal sería que se acompañe “con una política de bioequivalencia”. De ser aprobado, el impacto de este artículo será llevar a los prestadores a adquirir al más barato de todos los medicamentos con el mismo principio activo, con el riesgo de ofrecer alguno “que no esté evaluado”.

Esto último está muy lejos de ser una excepción. Según Ibarra, hoy son solo 36 los principios activos para los que se exige en Uruguay un análisis de bioequivalencia (saber si el “similar” tiene la misma eficacia que el medicamento de referencia). “En Argentina son 86; en Brasil, más de 400. En Uruguay, el 90% de los medicamentos no tienen una evaluación de bioequivalencia”, indicó.