Uruguay “se asemeja, en muchos aspectos, a un país socialista, aunque con rasgos básicamente de un sistema capitalista”. Los atributos de “estabilidad y la moderación” conviven con una “maraña de regulaciones e impuestos” que “limita la libertad para emprender actividades económicas”. Del mismo modo, la “burocracia fragmentada, lenta y, en ocasiones, opaca” supone “pequeñas barreras invisibles que frenan el crecimiento sin generar titulares” de prensa.
Sobre la base de ese diagnóstico, Juan Carlos Protasi, expresidente del Banco Central en 1984-1985, en el libro Uruguay: desafíos para crecer recientemente publicado por la editorial Artemisa, hace un llamado a “frenar el intento socializador para escapar del estancamiento”.
Según el economista, los caminos para salir del actual “estado de parálisis” son dos: que surjan “ideas y políticos dispuestos a jugarse el todo por el todo por la libertad” o que sobrevenga una “crisis”, si bien observa que el país transitó por dos episodios de ese tipo en los últimos 50 años y “nada cambió”. A su juicio, “lo que realmente importa son las ideas que permeen en la cultura uruguaya” para lograr alterar el rumbo.
Un “modelo político-económico agotado”
El autor hace un repaso histórico y señala que la “marcada dependencia” de los sectores agroindustriales —que representan alrededor de una quinta parte del Producto Interno Bruto (PIB o PIB)— expone al país a shocks externos, como las variaciones en los precios internacionales de las materias primas, lo que limita el potencial de crecimiento de largo plazo. Agrega que también el turismo está condicionado a la variabilidad de la relación de precios con Argentina y Brasil.
Sobre las tendencias recientes, asegura que el país “atraviesa una fase de muy bajo crecimiento, con un déficit fiscal y una deuda pública elevados, que imponen una carga tributaria excesiva y generan riesgos asociados tanto a la incertidumbre regional y global”, así como debido a la pérdida de competitividad por el llamado atraso cambiario.
“En Uruguay pagamos precios y sueldos europeos a empleados con menor productividad y nadie se pregunta por qué”, cuestiona, y lo atribuye a los costos que transfiere el Estado. De ese modo, los “altos costos laborales unitarios actúan como un impuesto a la innovación”, y vislumbra como posible un escenario con “nuevos cierres de empresas y pérdida de empleos”.
“A ello se suma —según él— que la conducción del gobierno no genera confianza entre los empresarios ni entre los inversores”. Otra “limitante para el crecimiento futuro” es que “los uruguayos han perdido confianza en el país y en su moneda”.
Agrega a ese diagnóstico que el capital humano “no tiene ni fuerzas impulsoras ni en la demografía ni en la educación, ni tampoco una corriente sostenida de inversión real”. Y en capital físico, se “invierte poco” y los incentivos fiscales, aunque positivos, han tenido un impacto “limitado en alcance” para promover la inversión en innovación y desarrollo.
Se refiere al gasto público como la “contracara” de la carga tributaria que el Estado traslada a la economía con una incidencia negativa: un aumento de los egresos de un 1% real reduce la inversión en 0,3%. Desde esa perspectiva, considera que la evolución “refleja un modelo de Estado social de mercado que enfrenta el desafío de equilibrar gasto social, disciplina fiscal y crecimiento económico”.
Protasi afirma que en Uruguay el capital es “caro” y que el país enfrenta lo que él llama una “trampa de tasa real alta: suficiente estabilidad para evitar crisis, pero no suficiente profundidad financiera ni demográfica para financiar un salto de crecimiento”.
Por el lado de la deuda, advierte que Uruguay tiene “reservas internacionales más que suficientes y una reputación de buen pagador (…). Los inversores compran estabilidad y seguridad jurídica, pero no una economía en crecimiento. En algún momento, las calificadoras y los inversores empezarán a ver que el país no tiene capacidad de emprender reformas y que su pobre crecimiento será endémico, lo que probablemente hará elevar la relación de la deuda pública con el PBI. Entonces, este superciclo de emisión de deuda” y ese “subsidio a la inercia” podrían llegar a su fin. En otro pasaje observa que un nivel de riesgo país de “solo 70 puntos, el más bajo” de América Latina, “puede resultar engañoso” por las “limitaciones” del índice.
El economista define que, por varios de esos y otros factores, Uruguay “no enfrenta una crisis clásica, sino algo más complejo: una trampa de estabilidad, en la que no hay colapso, pero tampoco (hay) incentivos fuertes para invertir”. Así, sostiene, la “perspectiva futura” del país “es incierta”.
¿Es posible un cambio?
El capítulo final del libro explora, para llegar a una conclusión más bien pesimista, la viabilidad de implementar reformas económicas que alteren este diagnóstico, considerando la “cultura institucional” de los uruguayos.
Después de destacar la aceptación popular de las reformas en la seguridad social introducidas en 2023 y ratificadas en un plebiscito, así como de la regla fiscal, Protasi enumera transformaciones que han encontrado obstáculos.
La reducción del “costo país” exige “reformas estructurales para bajar los costos internos y mejorar la competitividad” que, sin embargo, “chocan con la estructura del gasto público y con la resistencia a reducir beneficios sociales ya establecidos”, describe. Uruguay ha logrado “algo inusual: institucionalizar su propio estancamiento”, caracteriza.
Otras reformas, para él “fundamentales”, el sistema político “ni siquiera se (las) plantea”. Por un lado, exigir el voto secreto en las decisiones sindicales y eliminar los mecanismos automáticos de financiamiento del PIT-CNT. Por otro, abatir el gasto público, una medida según él sin voluntad de ser llevada adelante ni por la sociedad ni por los políticos. Su interpretación es que en esas posturas pesa la “fuerte raigambre del estatismo en la identidad nacional” y la “cultura del conformismo”: el “uruguayo medio prefiere la seguridad de un crecimiento del 1% con protección estatal antes que la promesa de un 6% (de expansión económica) con incertidumbre”.
Protasi postula: “Habría que convencer al uruguayo de que el Estado, en lugar de ser un escudo, se ha convertido en un ancla que le impide alcanzar su máximo potencial”.
Escéptico, el autor cree “difícil que surjan endógenamente propuestas de reformas”, y ni siquiera en sectores pujantes como el del software hay “incentivos para dar una batalla política desgastante” a favor de una transformación del Estado o de una mayor libertad económica, ya que su modelo de negocio tiene “cierta inmunidad al costo Uruguay”. Y agrega que, paradójicamente, el país “ha logrado que una clase empresarial aparentemente se sienta cómoda con el Frente Amplio o con sectores progresistas” y que otros hayan “bajado los brazos ante el riesgo de enfrentarse al binomio gobierno-PIT-CNT. Esto sucede porque priorizan la estabilidad sobre la libertad”.
Asimismo, sostiene que existe un “capitalismo de amigos y Estado, donde muchos grandes proveedores dependen de licitaciones públicas o regulaciones estatales y, en definitiva, ser afín al modelo estadista es, a menudo, una decisión de negocios racional”.
En definitiva, plantea Protasi, “solo una batalla cultural que cambie las ideas sobre cuáles son los pilares para crecer en libertad y sobre el significado de ser ‘exitoso’ en Uruguay puede evitar que el país continúe en su cómodo pero lento camino de estabilidad sin crecimiento”. E insiste: “Sin nuevas ideas que enamoren y rompan el modelo estatista, el país se arriesga a pasar de ser un ejemplo de superestrella a ser un ejemplo de decadencia estable”.
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