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La Cooperativa Santa Mónica fue fundada hace 7 años, aprobados sus estatutos, y salió sorteada en el 2011. Tenemos el terreno de la Cooperativa ya pago y escriturado. Se licitó la obra 2 veces, llegando a un precio por metro cuadrado más que razonable, con la empresa Dondi; financiable según las normas del Ministerio de Vivienda en esa época (pidiendo un préstamo complementario). En todo momento fuimos asesorados por el IAT, reconocido y avalado por el Ministerio, que también hizo los proyectos y el asesoramiento de otras cooperativas pertenecientes a Fecovi.
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El desfinanciamiento de la obra se originó en el aumento del metro cuadrado de construcción, con el boom de la misma que se viene produciendo en los últimos años, alentado por las políticas del Estado, lo que aumentó sensiblemente el valor de construcción de las viviendas y el desfase con el monto original del préstamo. Es por esa razón que, además de ajustar nuestro presupuesto (ej: poner paredes de bloque en lugar de ladrillo, entre otras cosas; no hay lujos pero no podemos evitar los costos del mercado de la construcción), el Ministerio, para poder aprobar toda la obra y desembolsar el préstamo, debía contemplar como válido el desfinanciamiento producido y reconocerlo, otorgando un préstamo complementario. Es así que se iniciaron tratativas con funcionarias del Ministerio: se realizaron varias reuniones entre representantes de la Directiva de la Cooperativa con la directora nacional de Vivienda, A.S. Lucía Etcheverry, la economista Sandra Rodríguez y la arquitecta Patricia Petit, asesora de la directora Etcheverry, también del Ministerio. Se presentaron en total 5 propuestas, cinco informes elaborados por los arquitectos del IAT, cada una superadora de la anterior, para que se ajustara a las pretensiones de las funcionarias mencionadas, ya que en las reuniones las mismas mostraron desconocimiento del proyecto y un trato con los socios asistentes a las reuniones no digno de funcionarias que tan luego deben resolver problemas y no poner trabas, en algo tan sensible a las personas como es el alcanzar la casa propia.
El préstamo complementario que se solicita es de 2.700 UR para las 20 viviendas que componen la Cooperativa. Es decir, 135 UR por vivienda. Lo cual, sumado al monto total del préstamo, es una cifra menor del valor actual de lo que paga el Ministerio por vivienda en sus planes. Lo que ocurre es que el tiempo pasa, cada vez se ajustan más al alza los costos, nuestra licitación ya tiene un año y así seguimos, con nuestra situación sin solución.
Grande fue nuestro asombro cuando, de 5 cooperativas pertenecientes a Fecovi y con el mismo problema de desfinanciamiento, a cuatro de ellas les solucionaron el problema otorgándoles el préstamo complementario (cooperativas Cubo del Sur, Andamios, Puerto Fabini y Nueva Era), quedando fuera de la solución nuestra cooperativa, pese a que el IAT de dos de ellas era el mismo y, por lo tanto, los presupuestos ajustados habían sido bajo el mismo criterio. Estamos, por lo tanto, ante un absoluto tema de discrecionalidad (admitido por la propia economista Sandra Rodríguez, del Ministerio, en la última reunión que tuvimos). Sus argumentos es que “no pueden seguir creando precedentes de dar préstamos complementarios porque habrá otras cooperativas que en el futuro soliciten lo mismo” (lo cual dejaría traslucir que otras cooperativas correrán la misma suerte que la nuestra).
Es absolutamente irracional y una burla para nosotros. Nuestro desconcierto es que a las nuevas cooperativas que están siendo sorteadas se les otorga el préstamo a los valores actualizados, razonamiento que no aplican a nuestra problemática. Increíblemente, la economista nos plantea presentarnos a un nuevo sorteo, dentro de algunos meses, para que nos den más dinero. Recurso totalmente absurdo y rechazado por todos los socios de la Cooperativa, que nos sentimos discriminados, pisoteados, con una absoluta impotencia para luchar contra la discrecionalidad antojadiza del Ministerio, quien está ejerciendo un poder político y económico sobre nosotros, quienes somos ciudadanos comunes que solo queremos algo tan común y legítimo como la casa propia, derecho reconocido constitucionalmente.
No somos ni habitantes de asentamientos, ni tenemos un poder adquisitivo que nos permita acceder a una casa propia por otros medios. Somos los ciudadanos de “a pie”, los que pagan alquileres exorbitantes (eso sí, siempre y cuando consigamos las garantías que se piden), que no podemos acceder al BHU por distintas razones, somos madres jefas de hogar que no accedemos a las viviendas de la Agencia porque no tenemos hijos menores de edad, somos gente de edad para quienes la cooperativa es nuestra última oportunidad en la vida de tener vivienda propia, o para dejarles alguna vivienda a nuestros hijos discapacitados, somos gente con enfermedades serias que ya no podemos estar pendientes de pagar alquileres o andar cambiando de casa cada 2 o 3 años, somos gente que estamos de “agregados” en casas de familiares, pensando que a esta altura, nuestras casas ya tenían que estar construidas… Hemos soñado un sueño legítimo, sueños compartidos en familia que ahora están rotos por la desilusión o porque los hijos ya son grandes y se van de la casa. Una casa “aglutina, cobija” una familia; esta zozobra la desintegra por cuestiones obvias (cada uno de nosotros debemos arreglarnos como podemos esperando que se apruebe el proyecto de la cooperativa). Y vemos que todo se desvanece en manos del capricho de personas que deberían sentarse a resolver en conjunto, funcionario/as y cooperativistas, a sacar adelante el proyecto. En cambio nos sentimos atropellados, y con ello llegó la desazón, la angustia, los problemas, ¡porque ya no podemos más!
El Estado, en este caso el Ministerio de Vivienda, debe asumir que detrás de los “números” hay personas, historias. Y que la vulnerabilidad no es solo producto de la pobreza. Ya hay varios socios/as que se quieren retirar de la Cooperativa porque perciben —como todos/as nosotros/as— que indefectiblemente, si no tenemos una respuesta razonable desde el Ministerio a la brevedad, esta Cooperativa se tendrá que disolver, creando un grave precedente para los/as responsables de esto, porque lo/as socios/as estamos moralmente agotados.
Agradecemos infinitamente el tiempo que destina a leer esta carta. Nunca quisimos apelar a la política, porque consideramos que los derechos deben ser reconocidos per se, sin necesidad de reclamarlos desesperadamente. Y cuando los derechos son negados por el Estado es doblemente grave.
Nos ponemos a vuestra disposición para brindarle más información y le saludamos cordialmente,
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