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Preocupadas por la participación que la banca privada tendría en el plan de inclusión financiera que impulsa el gobierno, las cooperativas de ahorro y crédito de capitalización (Cacc) advierten que de no ser integradas a dicho proceso, su desarrollo se verá “amenazado”.
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Así lo afirmaron a Búsqueda los directivos de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop) Adán Martínez y Juan Gervasio.
Para participar del plan de inclusión financiera —que entre otros aspectos apunta a estimular las transacciones mediante instrumentos electrónicos—, las CACC proponen un cambio en la supervisión y regulación para que se les autorice a emitir tarjetas prepagas y dinero electrónico, que sus asociados cooperativistas puedan usar los cajeros automáticos y captar ahorro extra de su masa social, en niveles restringidos. Estas propuestas fueron trasladadas semanas atrás al Ministerio de Economía, que elabora un proyecto para ampliar el acceso a los servicios financieros por parte de la población.
Martínez destacó la “muy amplia red” física del cooperativismo, así como el “rol histórico” del movimiento en materia de inclusión social y financiera a sectores “desplazados” de la población que no acceden al sistema bancario.
Los directivos de Cudecoop dijeron que si el gobierno evalúa cambiar el orden o “prelación” para descontar del sueldo y las pasividades los créditos de los socios de las CACC respecto a la posición que se les daría a las instituciones bancarias, las cooperativas tendrían que “pelear con gigantes” y podrían ser desplazadas del mercado.
Mercado y propuestas.
De acuerdo a la normativa vigente, las CACC están habilitadas a operar únicamente con aportes de sus asociados, no pueden recibir depósitos y no están bajo la supervisión del Banco Central (BCU), sino que son controladas por la Auditoría Interna de la Nación.
Existen unas 60 cooperativas de capitalización. En 2010 tenían más de 600.000 asociados y la cantidad de préstamos dados durante 2011 superaron los 353.000, por un monto promedio que se ubicó cerca de los $ 13.000, según una consultoría de CPA/Ferrere encargada por las CACC a la que accedió Búsqueda.
Entre 2011 y 2010 el crecimiento de los créditos brutos otorgados por estas instituciones fue de 13,1% (pasaron de $ 3.895 millones a $ 4.405 millones), añade.
La consultora señala que las medidas que planea el gobierno y otras promovidas por el BCU “se restringen primordialmente a la órbita de las instituciones bancarias”. Añade que con las mismas se promociona la “bancarización de la economía y no la inclusión financiera” como concepto más amplio.
“Algunas de las medidas constituyen un serio riesgo para las CACC”, advierte CPA/Ferrere, en tanto se mantengan algunos aspectos regulatorios vigentes.
En esa dirección propone cuatro líneas de acción para que las CACC tengan un “protagonismo activo” dentro del proceso de inclusión financiera.
Primero plantea la creación de una entidad supervisora específica o “upgrade” de una existente, como sucede en la región a través de los institutos de cooperativas, o estructuras integradas a un ministerio o una superintendencia de economía solidaria.
Segundo, señala la posibilidad de que las CACC puedan recepcionar ahorros de sus socios a escalas restringidas, desarrollando instrumentos de microahorro.
Tercero, propone que esas entidades sean habilitadas a emitir tarjetas prepagas o dinero electrónico, ya sea para realizar pagos o cobrar salarios. “La tarjeta actuaría como una puerta de ingreso al mundo financiero” a los “segmentos no bancarizados de la población”, sostiene.
Como cuarto punto, relacionado con el anterior, plantea que a través de dichas tarjetas los socios de las cooperativas de capitalización podrían realizar retiros en efectivo en la red de cajeros automáticos y las cooperativas se posicionarían “competitivamente” frente a otras instituciones financieras.
La consultoría concluye que hasta el momento las medidas aprobadas no contemplan la participación de las CACC, dado que se limitan a las instituciones reguladas por el BCU y advierte que “de no introducirse modificaciones a la normativa, la bancarización de los segmentos” que hoy atienden estas cooperativas “pone en riesgo la sostenibilidad” de las mismas.