Críticas de la Inddhh y los defensores de oficio al accionar policial muestran un “prejuicio ideológico”, dice el Ministerio del Interior

“Yo no digo que esto sea generalizado. Acá nosotros buscamos soluciones a muchas de estas situaciones que se están planteando y que no se ven. Para nosotros una solución importante y fundamental sería que se usaran las cámaras”, manifestó Gamba, quien reclamó su empleo extensivo en todas las operaciones policiales.

Calabria recordó que “gracias a las cámaras corporales se demostró que eran falsas todas las acusaciones” al supuesto abuso policial ocurrido en noviembre del año pasado durante la dispersión de una aglomeración en la plaza Seregni. Y señaló que, justamente para proteger a la Policía de este tipo de denuncias, se incorporó la figura de presunción de legitimidad de la actuación policial en el artículo 31 bis de la Ley de Urgente Consideración; el artículo establece que salvo prueba en contrario, se presume que la actuación del personal policial en ejercicio de sus funciones es acorde a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.

La discusión sobre las cámaras de la Policía ya había formado parte durante la interpelación a la gestión en seguridad del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el 28 de setiembre. El Frente Amplio transmitió a Heber la alerta que sus legisladores recibieron de los defensores de oficio, según quienes la Policía no usa la tecnología para registrar la totalidad del desarrollo de sus procedimientos, por lo que en muchas ocasiones “carece de validez” lo que se graba.

Esta postura fue acompañada en noviembre en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes por parte de Wilder Tyler, presidente de la Inddhh. Tyler pidió “encarar el tema” de las cámaras para que el uso de los dispositivos pase a ser “sistemático”.

“Los defensores han puesto muchos énfasis en esto. Lamentablemente no están siendo usadas con la frecuencia que se debería. Creo que le ahorraría muchísimos problemas a todo el mundo el uso generalizado”, señaló, y apoyó la recomendación de los defensores de que las cámaras registren no solo operativos policiales sino también los interrogatorios que se hace a los imputados una vez detenidos.

Tyler añadió además que, en el gobierno anterior, desde el ministerio se les respondió que los registros fílmicos eran borrados por la Policía tres meses después de grabados. “El problema con esto de los tres meses es que el Ministerio del Interior no contesta o contesta muy tarde; cuando nos contesta ya pasaron dos meses y mientras no se contestó hubo que reiterar el oficio, y la cámara se borró, si es que fue usada”, apuntó.

Fuentes policiales afirmaron que las filmaciones se suben al Sistema de Gestión de Seguridad Pública del ministerio, que se conecta de manera automática con el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay de la Fiscalía General, donde se guardan por tiempo indefinido según haya dispuesto el fiscal del caso. Respecto a los interrogatorios, indicaron que las cámaras deben usarse al momento de la detención, de la lectura de derechos, cuando se toman actas o declaraciones de testigos y cuando en una seccional policial el indagado solicita declarar voluntariamente. Los defensores aseguran que es poco frecuente que eso se cumpla.

En la actualidad hay 1.800 cámaras, a las cuales erróneamente se las define como GoPro, ya que no son de ese fabricante estadounidense. Se colocan con arneses en el pecho de los oficiales, que deben seguir un protocolo que los obliga a encender la cámara antes de iniciar un operativo o entrar en contacto con otras personas —ya sea para una detención, identificación, toma de denuncia o consulta— y apagarlas cuando esa actividad concluye. A través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno abrió un llamado para adquirir 300 dispositivos más para equipar a personal de las unidades montevideanas de la Policía Comunitaria Orientada a Problemas y del Programa de Alta Dedicación Operativa. Botón de disparo de fotos, protección antivandálica, un tiempo mínimo de grabación de nueve horas, capacidad de grabación con poca luminosidad y el lenguaje del sistema operativo en español son parte de los requerimientos del llamado.