Proyecto para descentralizar el INR causa división en el Frente Amplio y la oposición, entre críticas por “concentrar poder”

En la oposición, entre quienes consideran que debe ser un directorio colegiado está el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry, que no tiene “ninguna duda” de que “es mejor” que sea dirigido por tres personas para que “no recaiga tanto poder” en un solo individuo y porque la seguridad es “un asunto de Estado”, según dijo a Búsqueda.

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“Gestión más colectiva”

La senadora Bettiana Díaz dijo en entrevista con el programa Aire rico de Radio Del Sol que el instituto “debería ser de gestión más colectiva”, porque las políticas penitenciarias y pospenitenciarias “tienen que pensarse a largo plazo, se construyen en base a acuerdos que tienen que sostenerse”. A su juicio, “ha sido una buena cosa incorporar participantes de la oposición dentro de la gestión de estos organismos”.

“Me afilio a la teoría de que es mejor un órgano de directorio, porque pienso que en cárceles concentrar poder en un solo director general, además, no es una buena cosa”, agregó la legisladora este lunes 16, y consideró que “es algo para discutir” en un debate que todavía es “muy incipiente”.

El pasado lunes 9, el ministro Carlos Negro y la actual directora del INR, Ana Juanche, les presentaron el proyecto a los diputados y a los senadores frenteamplistas. Juanche es el nombre que desde el Ejecutivo manejan para proponer como directora del servicio descentralizado, señalaron fuentes del gobierno a Búsqueda.

El senador colorado Robert Silva indicó que “no está en contra de que la dirección sea un cargo unipersonal” porque “se necesita ejecutividad” en la gestión del sistema carcelario, y su postura contraria a la de Bordaberry evidencia diferencias en la interna del partido sobre este punto. Sin embargo, existen coincidencias entre Vamos Uruguay y Unir para Crecer respecto a qué cartera debería estar relacionado el INR como servicio descentralizado. Mientras que el proyecto que presentó el gobierno propone que siga vinculado al Ministerio del Interior, para los colorados la relación debería ser con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

“Cuando alguien cae preso y sale, enfrenta un problema ya no solamente educativo o de seguridad, es un problema de reinserción social. Tiene que conseguir trabajo, tiene que tener donde vivir, tiene que tener el desarrollo social posible para que no vuelva a delinquir. Por eso me parece que lo mejor es a través del Mides”, dijo Bordaberry. El senador colorado aclaró que eso no implica que la cartera de Interior deba renunciar a sus facultades de seguridad, o el Ministerio de Defensa a la seguridad perimetral de las cárceles.

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Un planteo viejo

La descentralización del INR es un debate que ha atravesado varios gobiernos y que fue reclamado por el último comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, que en diversos informes reiteró la necesidad de que se concrete porque “la dependencia administrativa” del Ministerio del Interior “conspira seriamente” con la necesidad de que se fortalezca como organismo encargado de la gestión de las cárceles y la rehabilitación de los privados de libertad.

La propuesta estuvo sobre la mesa en las últimas administraciones. En 2011, 2015 y 2025 Bordaberry planteó la creación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario como servicio descentralizado con un directorio colegiado. La primera vez que fue presentado “casi se aprueba”, pero fracasó porque el FA “quería que se relacionara con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, el Partido Nacional a través del Ministerio del Interior” y Bordaberry “a través del Mides”, recordó el legislador. El año pasado fue presentado como un aditivo en el proyecto de Ley de Presupuesto y recibió los votos de la oposición, pero no prosperó porque votó en contra el Frente Amplio.

La descentralización también había sido planteada tanto por el exministro del Interior Eduardo Bonomi como por la cartera durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, que primero lideró Jorge Larrañaga y luego Luis Alberto Heber. En el documento final de la mesa de discusión interpartidaria de seguridad, que trabajó durante siete meses en 2023, se planteó que el Ministerio del Interior de ese entonces entendía que las “carencias estructurales” del sistema penitenciario “no pueden ser superadas” en la medida en que continúe bajo su órbita, porque esa cartera está “predominantemente enfocada en el control y la represión del delito”.

Sin embargo, a pesar de los consensos declarados públicamente, la autonomía del INR nunca terminó de concretarse.

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Demoras cuestionadas

En la comparecencia de Negro ante la Comisión Permanente el pasado 28 de enero, el miembro interpelante, que fue Abdala, le reclamó al ministro conocer cuándo se va a presentar al Poder Legislativo el proyecto. “Si todos coincidimos en que hay que descentralizar el INR y tenemos acuerdo, que venga el proyecto y lo votamos mañana”, aseguró. Desde filas coloradas, Silva también consultó en esa instancia por qué no se había enviado aún.

En respuesta, Negro aseguró que estaba “pronto” el proyecto, pero que restaba intercambiar con los legisladores frenteamplistas sobre el “tono general” y también con los sindicatos policiales antes de enviarlo definitivamente al Parlamento. En diálogo con Búsqueda, Bordaberry cuestionó que el gobierno se haya tomado un año para presentar un borrador del proyecto de ley. “El tema de seguridad es una urgencia, y eso es lo que no se les nota, el sentido de la urgencia del problema que tenemos”, aseguró.

Para la creación del servicio descentralizado se precisan dos tercios de los votos del total de los componentes de cada una de las cámaras, por lo que serán necesarios acuerdos entre los partidos políticos.

Desde Cabildo Abierto, el diputado Álvaro Perrone señaló a Búsqueda que no tienen una postura tomada como partido sobre el proyecto, pero que opina “en sintonía con el general (Guido) Manini que no hay una política de rehabilitación”, que el proyecto no incluye “medidas sustanciales” y “no va a cambiar nada la política de cárceles”. “Esto es la nada misma. Es una discusión política parlamentaria que a la gente no le llega nada”, afirmó. Por su parte, Silva lo definió como un proyecto de ley “realmente muy pobre”, que no incluye propuestas para la reinserción, como de trabajo dentro de las cárceles, o sobre la profesionalización de los funcionarios.

En tanto, el diputado Gustavo Salle adelantó a Búsqueda que votará en contra del proyecto de ley, y lo mismo hará su hija, Nicole Salle, también representante de Identidad Soberana. Para Salle, la iniciativa es una “manipulación” del gobierno, porque “es un discurso de cambio para que todo siga igual y empeorando”. El líder de Identidad Soberana señaló que “querer solucionar por un cambio de naturaleza jurídica los problemas de seguridad y los problemas carcelarios es una farsa y es una mentira”, porque son un “problema de gestión”.