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Justicia rechazó recurso de amparo presentado por la Inddhh para frenar búsqueda de petróleo; la organización estudia apelar
Dos ONG presentaron distintos recursos ante la Justicia civil y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mientras el buque sísmico ya está en el puerto
Entrega de firmas en el Ministerio de Ambiente contra la prospección sísmica, y movilización frente a Torre Ejecutiva, de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, 15 de diciembre de 2025.
La batalla judicial contra la exploración de hidrocarburos en el mar uruguayo sumó nuevos capítulos en la última semana. Mientras una ONG presentó recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y otra apeló un fallo adverso de primera instancia en la Justicia civil, el Juzgado de 3er turno rechazó este miércoles 18 el amparo presentado por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) que pedía frenar las actividades prospectivas.
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La decisión adoptada por el juez de 3er turno desestimó el planteo de la Inddhh, que buscaba la suspensión inmediata de las tareas de exploración al alegar una “grave violación al derecho humano a un medio ambiente sano”. La institución había advertido que permitir la actividad sísmica implica consentir impactos ambientales “altos, irreversibles y por lo tanto significativos”, además de contradecir compromisos internacionales en materia climática. La Inddhh estudiará los argumentos del juez para decidir los pasos a seguir, aunque es probable que apele, confirmó Búsqueda.
No es la primera derrota de quienes buscan detener el proceso de búsqueda de petróleo en el mar territorial uruguayo. Según supo Búsqueda, el viernes 13 de febrero, la ONG Trato Ético Animal presentó una medida anticipativa ante el TCA, buscando frenar las actividades de prospección sísmica antes de que el daño a la fauna marina “sea irreversible”.
Los tiempos de la administración pública
La abogada de Trato Ético Animal, Irina Aguiar, explicó a Búsqueda que la decisión de acudir al TCA con una medida provisional responde a los tiempos de la administración pública, los cuales a su entender “no coinciden” con la inminencia de las operaciones petroleras. Según indicó, tras interponer un recurso de revocación en diciembre, la administración tiene un plazo de 200 días para resolver, el cual vencería en el mes de julio. “El problema es que si se piensa iniciar las actividades de prospección en marzo, eventualmente el daño se va a ocasionar y no nos serviría de mucho esperar a julio para iniciar esa acción”, señaló la abogada
Por este motivo, la organización presentó la medida anticipativa para suspender los efectos de las resoluciones del Ministerio de Ambiente que otorgaron autorizaciones ambientales a empresas como CGG Services (US) Inc., APA Exploration LDC, PGS Exploration (UK) Limited y Searcher Geodata UK Limited. El documento presentado ante el tribunal, al que accedió Búsqueda, detalla que la actividad sísmica implica el uso de “air guns”, una herramienta que genera detonaciones de hasta 260 decibeles, las cuales se emiten “de forma reiterada cada ocho a veinte segundos, las 24 horas del día, durante períodos que podrían superar los 1.000 días”, provocando contaminación acústica en el medio marino; en ese sentido, el texto advirte que el sonido se vuelve “dañino a los 75 decibeles y doloroso a los 120”, por lo que estas ondas pueden causar hemorragias internas, daños neurosensoriales y la muerte de cetáceos, además de reducir drásticamente el zooplancton, base de la cadena trófica.
El escrito presentado por la ONG sostiene que se vulneran los principios de prevención, precaución y, especialmente, el de no regresión. Sobre este último, Aguiar enfatizó que, al haberse declarado el mar uruguayo como Santuario de Ballenas y Delfines mediante la Ley 19.128, el Estado no puede retroceder en esos estándares de protección una vez que se establecen. “Estos actos administrativos, sin embargo, van contra esa protección que ya se consagró”, opinó.
Además, la organización señala una “manifiesta contradicción” con la política estatal Uruguay Azul 2030, que busca proteger hasta el 30% de la superficie marina e identifica siete sitios de prioridad ecológica, como el banco Inglés y la isla de Lobos, zonas que ahora se ven amenazadas. Y como antecedente que refleja “la falta de capacidad técnica” por parte del Estado, la ONG recordó el derrame de petróleo en José Ignacio ocurrido en agosto de 2025, episodio que según interpretan demostró la “imposibilidad de actuar con celeridad” ante fugas de hidrocarburos.
Consultada sobre los próximos pasos de la organización, Aguiar señaló que el TCA ya emitió un decreto dándole traslado al Ministerio de Ambiente por seis días para que conteste la demanda.
Nueva apelación
También este miércoles las organizaciones Mar Libre de Petroleras y Socobioma interpusieron un recurso de apelación contra la sentencia del juez civil de 8° turno, Federico Tobía, quien el pasado 11 de febrero declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial para intervenir en los contratos entre Ancap y las petroleras.
En un comunicado conjunto en el que anunciaban la presentación del recurso de apelación, al que accedió Búsqueda, las organizaciones Mar Libre de Petroleras y Socobioma afirmaron que la Justicia civil sí debe intervenir. Según afirman, “los contratos no son actos administrativos unilaterales. Son acuerdos bilaterales cuya validez y eventual nulidad puede —y debe— ser controlada por el Poder Judicial”. La apelación sostiene, frente al argumento de que no se presentaron recursos en el plazo de 10 días, que el agotamiento de la vía administrativa no es un requisito para esta acción, ya que se promueve la nulidad absoluta de los contratos ya firmados, la cual es “imprescriptible”. Así, sostener que el Poder Judicial no puede intervenir y que el TCA tampoco puede revisar contratos conduce a un resultado que consideran inadmisible, que es “que los contratos del Estado queden en una zona de inmunidad”, “incompatible con el principio de juridicidad y con el Estado de derecho”, ya que dejaría acuerdos bilaterales de gran impacto ambiental fuera de cualquier control judicial.
Las organizaciones civiles solicitaron que el Tribunal de Apelaciones adopte una medida provisional urgente, dado que la empresa CGG Services US ya presentó su plan de gestión ambiental y el buque sísmico ya arribó al país. “La Justicia no puede intervenir cuando el daño ya ocurrió”, concluye el comunicado, al exigir que se suspenda el inicio de la campaña sísmica para evitar impactos ambientales graves e irreversibles.
