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Uruguay respalda declaración que condena el plan “ilegal” de Israel de “expandir su presencia” en Cisjordania
Las medidas del gobierno israelí “socavan los esfuerzos en curso por la paz y la estabilidad en la región”, dice la declaración que apoyaron más de 100 países y organizaciones
Maquinaria de Israel derriba un edificio de apartamentos cerca del asentamiento de Hagai.
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“Condenamos enérgicamente las decisiones y medidas unilaterales israelíes destinadas a expandir la presencia ilegal de Israel en Cisjordania”, dice la declaración. “Dichas decisiones contravienen las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional y deben ser revocadas de inmediato. Subrayamos a este respecto nuestra firme oposición a cualquier forma de anexión“.
La declaración, que circuló entre las representaciones diplomáticas acreditadas ante Naciones Unidas, tuvo como disparador una decisión adoptada el domingo 15. El gobierno liderado por Benjamín Netanyahu resolvió reabrir el proceso de registro de tierras en Cisjordania ocupada. Ese proceso de regularización había quedado congelado desde 1967 y su puesta en marcha permite reclamar derechos de propiedad sobre esas tierras.
Hagit Ofran, directora del programa Settlement Watch de Peace Now, declaró a AP que la medida “es muy drástica y permite al Estado obtener el control de casi toda el Área C”, es decir, el 60% de Cisjordania que está bajo control militar israelí total, según los acuerdos logrados en la década de 1990.
“Reiteramos nuestro rechazo a todas las medidas encaminadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto del Territorio Palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental”, dice la declaración apoyada por Uruguay. “Esas medidas violan el derecho internacional, socavan los esfuerzos en curso por la paz y la estabilidad en la región, contradicen el Plan Integral y ponen en peligro la perspectiva de alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto”.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el lunes a Israel que revierta su política de registro de tierras, calificándola de “desestabilizadora” e “ilegal”.