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Me dirijo a usted a los efectos de poner en su conocimiento un evidente caso de abuso y arbitrariedad por parte de la Intendencia de Montevideo que sufriera este ciudadano en un control de espirometría.
El pasado día 28 de diciembre de 2014 en el marco de un operativo de espirometría se me realiza un control de alcoholemia en el cual luego de varios intentos al espirar (debido a una afección pulmonar) no se logra obtener un resultado (ni positivo ni negativo).
El inspector de forma arbitraria decide estampar en el acta de actuación que quien suscribe “se niega al control” y como consecuencia de ello me retiran la libreta de conducir y me imponen una multa.
Ante dicha situación me dirijo al jefe del operativo, le explico lo ocurrido y que no me he negado al control, a lo que se me responde que me podía dirigir a realizar un examen de sangre en cualquier hospital público dentro de las dos horas, conforme a lo que establece la ley 18.191.
Me dirijo al Hospital Maciel, donde rechazan hacerme el examen sin orden de juez. Ante esta situación me dirijo al Hospital de Clínicas, donde tampoco me realizan dicho control por problemas técnicos (en donde se me deriva a mi mutualista); finalmente en mi mutualista el examen de sangre da negativo.
Me presento en tiempo y forma a realizar los descargos (mi abogado es quien presentó los mismos en la Intendencia de Montevideo, el que casualmente ese día coincide con el jefe del operativo, quien le manifiesta que recordaba perfectamente el caso y le mostró sorpresa por la negativa de los hospitales públicos en realizar dicho análisis de sangre).
La Intendencia de Montevideo rechaza los descargos basándose en el informe del inspector actuante y en que el análisis de sangre se realizó a las 3 horas y 15 minutos (nada dice de la negativa de los hospitales públicos en realizar los controles dentro del plazo de las dos horas que prescribe la ley).
En definitiva, el control no dio positivo (simplemente el inspector actuante de forma incorrecta e irregular consignó que me había negado al control, lo que no es cierto, lo que posibilita simplemente una presunción de positivo).
Debo denunciar que no conté con las garantías necesarias para realizarme un segundo control ya que no me fue indicado de forma precisa a dónde debía concurrir, simplemente se me dijo que podía ir a un hospital público y dichos hospitales por diversos motivos ajenos a mi voluntad no me realizaron dichos análisis.
Es por ello que claramente se vulneró mi derecho de defensa y las debidas garantías del proceso, en violación a lo que dispone la ley 18.191.
La arbitrariedad de la Intendencia de Montevideo queda de manifiesto en que aun siendo un caso dudoso, ya que no hay un positivo confirmado, sino simplemente una presunción, y ante las evidentes fallas en las garantías del debido proceso a la hora de ejercer mi derecho de defensa, la Intendencia de Montevideo no solo no hace lugar a mi descargo, sino que confirma la sanción impuesta, pero lo que es más increíble es que la sanción que se me impone no es el mínimo posible (6 meses), sino que me retiran la libreta por 9 meses más una multa.
La Defensoría del Vecino ha recibido innumerables consultas en este sentido, en cuanto a los protocolos que se aplican en los controles de espirometría por parte de la IM, siendo evasivas y por demás imprecisas las respuestas por parte de la Intendencia de Montevideo.
Por último, destacar que la Defensoría del Vecino afirma que ni la propia Intendencia de Montevideo ni siquiera la Unasev tienen claro a dónde debe acudir un ciudadano en caso de querer hacer uso del derecho a un segundo análisis conforme lo establece la ley 18.191.
Desde ya le agradezco la publicación y difusión de esta carta a los efectos de poner en conocimiento de la ciudadanía y de las autoridades municipales dichas graves irregularidades que vulneran derechos fundamentales como son el derecho de defensa y las garantías del debido proceso de todos los montevideanos.
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