Por un lado, el diputado Daniel Caggiani de la coalición de las izquierdas, presentaba un proyecto de investigadora de la financiación que el titular de Cambio Nelson hizo (y está debidamente declarado y registrado) a la lista que lo tenía como primer suplente, buscando atacar al diputado Germán Cardoso, secretario general del Partido Colorado.
Por otro, el diputado Adrián Peña, del Partido Colorado, propuso una investigadora que incluía los aportes realizados en las pasadas campañas electorales por las firmas: Fripur SA, Camvirey SA (Cambio Nelson), Aire Fresco SA, Minitar SA y Cutcsa.
Para mejor información del lector, transcribo las consideraciones del informe que debió presentar en “minoría” el diputado Adrián Peña:
“Fripur SA
Según surge del documento adjunto emanado del expediente judicial respectivo surge un pasivo de cerca de 70 millones de dólares.
Entre los acreedores se encuentran entidades estatales como UTE , Banco de Seguros del Estado, Banco de Previsión Social, Dinara, Prefectura Nacional Naval y Antel, así como sociedades propiedad de entes estatales como Ducsa, y el Banco de la República Oriental del Uruguay.
Este posee un crédito de cerca de 40 millones de dólares.
Existe una empresa, Kentilux SA, perteneciente a los mismos accionistas de Fripur SA, que tiene un contrato por el que UTE le abona más de 4 millones de dólares por año.
UTE ha iniciado un trámite, recién en el año 2016 para intentar cobrar 25 millones de pesos que le adeuda Fripur con ese dinero que le abona Kentilux.
Nada se sabe de los otros acreedores estatales, en especial del Banco de la República.
Es público y notorio y así fue reconocido en forma expresa por parte de los involucrados que los propietarios de Fripur SA tuvieron una cercana relación con el candidato del Frente Amplio en las elecciones del año 2009 y con el propio presidente electo.
Así fue que le suministraron para su uso un avión, aportaron miles de dólares para el festejo del triunfo y la asunción y hasta ¡abonaron la banda presidencial!
También se señalaron gestiones por parte del Poder Ejecutivo de la época para lograr compradores para dicha empresa en viajes oficiales.
El cierre de esta empresa significó la pérdida de 900 puestos de trabajo.
Cambirey SA
También conocido como ‘Cambio Nelson’.
La referida empresa estaba dirigida y era propiedad de ex suplente de diputado que renunció a dicha suplencia.
Según la documentación presentada ante la Justicia el mismo tenía un pasivo de 8,7 millones de dólares, empleaba a unas 200 personas y su titular se encuentra requerido por la Justicia no habiéndose presentado ante ella.
Este caso, por la trascendencia que ha tenido en los últimos días, los profusos informes que se han publicado sobre la misma, y la actuación de las propias autoridades (DGI, BPS, Banco Central del Uruguay y Poder Judicial), no requiere mayor acreditación sobre la entidad y la repercusión que ha provocado en todos los ámbitos.
Como hecho notorio que es no requiere prueba. Le consta a la Cámara que su titular era suplente en la misma, le consta que integró listas en las elecciones y le consta de la repercusión que ha tenido este caso tanto dentro de su Partido (que lo sancionó y expulsó) como en otros donde señores legisladores han afirmado la vinculación de los titulares del Cambio con legisladores de su propio partido político.
Aire Fresco SA.
Esta Cámara posee muchos antecedentes sobre el tema. Esta empresa está integrada por personas muy cercanas a un sector político del oficialismo.
Sus propios representantes y hasta un señor senador del mismo sector han reconocido que viajaban junto con las misiones oficiales a Venezuela y que cobraban comisiones a muchas empresas que concretaban negocios.
Minitar SA, (Agencia ‘La 10’)
Como se sabe, y surge de las versiones taquigráficas oportunamente agregadas por el solicitante, esta empresa era la agencia publicitaria de Ancap y de Alur SA.
Los contratos que poseía, uno de ellos (el de Ancap) fruto de una licitación cuestionada por varios, eran millonarios.
De la versión taquigráfica referida (página 57) surge que cuando en el Senado de la República se le preguntó al titular de la referida empresa si había aportado dinero a alguna campaña electoral, respondió que ‘no recordaba’.
Hace unos días fue preguntado por la Justicia sobre ello y recuperó la memoria: respondió que sí había hecho aportes a un sector político al que pertenecen algunos de los que integraban el Directorio de Ancap y de Alur.
Sin perjuicio de la actuación de la Justicia sobre el tema, es necesario analizar el vínculo entre quien brindaba millonarios servicios y a su vez aportaba a las campañas. Cabe destacar que, a su vez, ante la Comisión senatorial negó haber prestado servicios a las campañas electorales.
CUTCSA
Esta empresa recibe un multimillonario subsidio de parte del Estado fruto de un impuesto que pagamos todos los uruguayos.
A su vez tiene absoluta mayoría del mercado del transporte de buses urbanos de Montevideo el que ha ampliado en los últimos años en el mercado del transporte metropolitano.
También en forma pública el titular de esta empresa y la empresa ha reconocido no solo su cercanía con el partido de gobierno y con el propio presidente de la República, sino que se le designó en el cargo de asesor honorario en Logística.
La cercanía con quienes toman decisiones es otro hecho público y notorio que no requiere prueba. Pero de requerirse alcanza con recurrir a su nombramiento, el que se encuentra disponible en el sitio (presidencia.gub.uy). Es más, el propio titular de la empresa que recibe los subsidios del Estado ha reconocido públicamente haber realizado los siguientes aportes a las campañas electorales: suministro de buses para el transporte de adherentes a mítines y actos; suministro de un bus especialmente acondicionado para el transporte del candidato por todo el país; aportes económicos”.
Decía que transcribía para mejor información de los lectores parte del informe que debió presentar “en minoría” el diputado Adrián Peña, y ese es el otro hecho destacado de esta semana memorable; porque la existencia de dos propuestas determinó que se reuniera una comisión preinvestigadora, integrada por Peña, y los legisladores de la coalición de las izquierdas Luis Gallo y Daniel Caggiani.
Los legisladores frenteamplistas trataron de diluir y entreverar el objeto de la investigadora, ignorando la legislación y reglamentación vigentes, ampliando el lapso a considerar (hasta 1984), y pretendiendo que la futura comisión elaborara un nebuloso proyecto legislativo sobre “financiación de los partidos políticos”.
En definitiva, luego de que Mujica (uno de los principales afectados por la propuesta de investigación colorada) se manifestara contrario a la propuesta, la coalición de las izquierdas quedó en posición muy desairada y en retirada, abrumada por la catarata de hechos de corrupción que se “destapan” una semana sí y la otra también.
Alguna maniobra política tratando de deslegitimar al diputado Germán Cardoso (de irreprochable actitud y acción en la emergencia), fue rápidamente descalificada por el Comité Ejecutivo Nacional, que respaldó sin fisuras la gestión y la conducta de su secretario general.
Sí, fue una semana memorable, donde el Partido Colorado mostró coherencia política, dignidad y ética republicana, y con firmeza y unidad, puso en su lugar a la coalición de las izquierdas, que repentinamente, en la conciencia del descalabro general de su gestión, junto con el voto 50 y el destape de la corrupción generalizada, ha perdido la soberbia y la pretendida superioridad moral que se arrogaba.1
M. J. Llantada Fabini
1. (arrogarse) Atribuirse la facultad o cosa que se expresa de forma despótica o con desprecio hacia los demás.
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