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    El déficit fiscal elevado deja al Poder Ejecutivo sin “margen” y lo pone en la disyuntiva de reducir gastos o aumentar impuestos

    La falta de contención al gasto público es, en lo económico, la crítica al gobierno más repetida desde hace varios años. La oposición y una gran parte de los analistas insisten una y otra vez en el tema, pero ahora el reclamo parece haber arribado a los tímpanos de las autoridades, luego de un año complicado para las finanzas públicas.

    El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dio el miércoles 30 un mensaje directo a sus colegas de los demás ministerios: “No hay margen para seguir subiendo el gasto público”. Al otro día se conoció que el déficit fiscal de todo 2012 fue 2,8% del Producto Bruto Interno (PBI), unos U$S 1.353 millones, según cifras divulgadas por esa cartera.

    El resultado del sector público alcanzó esa magnitud tras empeorar durante todo el año pasado desde el 0,9% del PBI en que se ubicaba al cierre de 2011. De esa forma no se cumplió la proyección del Ministerio de Economía (MEF) de que el déficit cerraría el último año en 2,2%.

    El deterioro esta relacionado también con algunos gastos atípicos como los derivados de la escasez de lluvias (que obligó a generar energía eléctrica a partir del petróleo), los pagos que se acordaron a bancos extranjeros por juicios iniciados al país en la última crisis (1999-2003) y también los provocados por el cierre de la aerolínea Pluna, según explica el MEF en su comunicado.

    Agrega a su vez que, “dejando de lado” esos factores “extraordinarios”, el déficit se ubicó en 1,9% del PBI, un resultado que igualmente es peor que el de todos los años desde 2004.

    Por otra parte, el pedido de Lorenzo de no aumentar el gasto público desató una lluvia de opiniones y críticas desde varios sectores. Bajar el gasto, subir los impuestos o esperar a la discusión al presentarse la Rendición de Cuentas fueron algunas de las ideas que llegaron desde la oposición, los trabajadores e integrantes del propio Frente Amplio.

    Sin margen.

    Luego de que el titular de Economía exhortara a contener los aumentos de gasto, “definir prioridades” y ser “muy cuidadosos con la política fiscal”, otras autoridades opinaron en la misma línea.

    El jefe de la Asesoría Macroeconómica del MEF, Andrés Masoller, señaló al diario “El País” la “preocupación grande” que hay en el Poder Ejecutivo por el nivel de déficit. El martes 5, en declaraciones a radio Carve, el jerarca agregó que no se descartan modificaciones a los impuestos que permitan ubicar el resultado fiscal “en el objetivo deseado”, de –1,4% al cierre de este año.

    Por otra parte, el vicepresidente Danilo Astori también manifestó su preocupación explicando que el déficit fiscal “está muy por encima de lo que Uruguay debería tener”.

    Esos planteos no fueron comunes en años anteriores, ya que generalmente desde el MEF se calculaba y comunicaba cuál era el “espacio fiscal” adicional para gastar en el próximo ejercicio.

    Las respuestas y críticas no se hicieron esperar.

    El diputado del Partido Nacional Jorge Gandini dijo que llamaría a Lorenzo a la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja para reclamarle explicaciones sobre el elevado déficit (y el manejo de la inflación). El ex presidente Jorge Batlle fue un poco más lejos. El martes, en declaraciones a radio Montecarlo, comparó la situación con la del “peor momento” de la última crisis y agregó: “Esto termina mal”.

    Desde el PIT-CNT se propuso elevar algunos de los impuestos que recaen sobre el capital para financiar el desequilibrio fiscal. A su vez, desde algunos sectores del Frente Amplio señalaron que el momento de determinar si se puede o no ampliar el gasto público será cuando se vote la próxima Ley de Rendición de Cuentas.

    Años de déficit.

    La historia de las finanzas públicas en Uruguay fue generalmente de resultados negativos, endeudamiento y financiamiento a través de la emisión de moneda con elevados niveles de inflación.

    El último año en que se logró un superávit fiscal fue 1992, luego solo fueron resultados negativos y hubo un solo año de equilibrio fiscal: 2007. Esos datos, hasta el 2000, surgen de la serie elaborada por el Instituto de Economía de la Universidad de la República para el libro “¿De quiénes, para quiénes y para qué? Las finanzas públicas de Uruguay del siglo XX”. Desde 2000 a 2012 las cifras se obtuvieron directamente del MEF.

    En promedio el déficit fiscal fue 2,9% del PBI durante los años de dictadura militar (1973-1984), luego fue 2,1% en el primer período de Julio Sanguinetti (1985-1989), se ubicó en 0,4% en el gobierno de Luis Lacalle (1990-1994) y promedió 2,1% en el segundo gobierno de Sanguinetti (1995-1999). En la administración de Jorge Batlle (2000-2004) el déficit fue 3,4% del producto y durante el gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2009) fue 0,9%.

    En los tres años de gobierno de José Mujica el resultado fiscal fue un déficit de 1,6%.

    Esos valores son promedios del resultado fiscal anual, por lo que esconden los altibajos que se dieron año a año (ver gráfica).

    Deterioro.

    Si se observan las cifras de los años recientes, desde el cierre de 2007 cuando hubo un equilibrio fiscal (déficit en 0%) la situación fue empeorando, y la diferencia entre ingresos y gastos ha sido generalmente negativa en 1% o más del PBI. En 2012 el resultado superó esos valores para alcanzar el 2,9% a partir de un aumento del gasto cercano a 1,9% y una baja de los ingresos de 0,1%, ambos en relación al Producto.

    Los números “rojos” del gobierno central son los que explican en mayor medida ese desequilibrio. Los ingresos totalizaron U$S 10.224 millones, mientras que los gastos fueron por U$S 11.227 millones, lo que significa un déficit de U$S 983 millones.

    Respecto al PBI los ingresos fueron 28,7%, de los cuales la mayoría (el 85%) provienen de la recaudación impositiva, y lo restante se divide entre los ingresos aduaneros por el comercio exterior (6%) y aportes de las empresas públicas, loterías, fondos de libre disponibilidad y otros (9%).

    Por su parte, los gastos del gobierno significaron 31,5% del PBI. Respecto al total, 20% fue en la remuneración de los funcionarios, otros 39% en seguridad social (BPS y cajas paraestatales), 15% en otros gastos de funcionamiento, 7% en inversiones y otro 7% en transferencias a otros organismos públicos. Los intereses de la deuda pública fueron el 11% del gasto.

    Empresas.

    Los entes que prestan los servicios de suministro de agua (OSE), energía eléctrica (UTE), combustibles (Ancap), puertos (ANP), telefonía (Antel) y trenes (AFE) también contribuyeron al déficit fiscal del sector público, ya que dieron pérdidas en 2012 por unos U$S 242 millones.

    Las únicas dos empresas que obtuvieron ganancias en el año fueron Antel (U$S 180 millones) y ANP (U$S 8,3 millones). Ancap (U$S 212 millones) y UTE (U$S 193 millones) fueron las que exhibieron las mayores pérdidas. AFE también perdió U$S 20 millones y el “rojo” de OSE fue de U$S 5,5 millones.

    En el 2011 la situación había sido bien diferente, ya que las empresas ganaron ese año U$S 41 millones, siendo Ancap y AFE las únicas con pérdidas.

    Pese a sus balances negativos, en 2012 esos entes públicos realizaron transferencias al gobierno por U$S 111 millones en total, gran parte de las mismas provenientes de Antel. Solo AFE recibió de la administración central una asistencia financiera de U$S 20 millones.

    Las tarifas que cobran esas empresas tuvieron una tendencia descendente durante los últimos años en términos reales (descontando el efecto de la inflación). Los precios de esos servicios al permanecer bajos impactan en las pérdidas de las empresas y por lo tanto en el déficit fiscal. Sin embargo, la incidencia que tienen en la inflación ha generado que se posterguen en más de una oportunidad los ajustes al alza (ver página 24).