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Las autoridades del gobierno insisten en el llamado a aplicar las medidas para prevenir el contagio del coronavirus. Al mismo tiempo, están decididas a ir habilitando, bajo ciertos parámetros, un retorno a algunas actividades para mantener andando la economía.
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El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo a Búsqueda que si bien entiende que la población pudo haber tenido un “afloje” —que lo adjudicó a las altas temperaturas de los últimos días— el gobierno no tiene prevista ninguna otra medida que no sea apelar a la responsabilidad ciudadana frente al Covid-19: la higiene de manos, el uso de tapabocas y el distanciamiento físico.
El gobierno no tiene prevista ninguna otra medida que no sea apelar a la responsabilidad ciudadana frente al Covid-19: la higiene de manos, el uso de tapabocas y el distanciamiento físico.
Recordó el viernes 24 entra en vigencia la obligatoriedad del uso de barbijos en grandes superficies como los supermercados. E informó que se trabaja junto con los bancos, redes de cobranza y el Ministerio del Interior en un protocolo para que los clientes se quiten el tapabocas y miren a las cámaras de seguridad antes de ingresar a esos locales.
Desde la aparición de los primeros casos y hasta el jueves, 630 personas se contagiaron con Covid-19 y una docena fallecieron, según datos del Sistema Nacional de Emergencias.
Animadas por estas estadísticas que son interpretadas como una evolución controlada —al menos hasta ahora— de la enfermedad, las autoridades tienen la decisión de empezar a caminar hacia lo que el viernes 17 el presidente Luis Lacalle Pou llamó como una “nueva normalidad”, que implica la paulatina reanudación de las actividades en determinados sectores. La definición de los pasos a dar quedó en manos de un equipo de científicos bajo la coordinación del director de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie.
En ese proceso, la asistencia voluntaria a clases en el primer día en que reabrieron sus puertas 344 escuelas rurales, fue “baja, aunque previsible o razonable” después de 40 días sin clases presenciales. Según informó el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), entre 4.000 y 6.000 niños que podían reintegrarse, lo hizo algo más de un millar. Un total de 88 escuelas no recibieron alumnos.
El consejero de Primaria Héctor Florit dijo a Búsqueda que la medida fue “absolutamente simbólica, más que nada una señal de que, con cuidados, se puede ir retomando y haciendo aprendizajes que permitan encarar en otras poblaciones, con una mínima presencialidad”; por ejemplo, una o dos veces por semana, alternando los grupos por días y optimizando los espacios.
La pregunta que el gobierno deberá formularse, para Florit, es: “¿Qué haremos con la escuela pública el día que queramos abrir una rendija en los barrios más poblados y complicados?”. En su opinión, “el desafío” para el sistema “es enorme”.
La definición de los pasos a dar quedó en manos de un equipo de científicos bajo la coordinación del director de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie.
El miércoles 22, en conferencia de prensa Lacalle Pou se expresó contento con la “luz de esperanza” que causa la reanudación de las clases en los centros educativos rurales.
Antes, el lunes 13, la construcción había regresado a la actividad con un protocolo acordado entre empresarios y trabajadores.
Mientras, el ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Eduardo Turell, y el director de Servicios Administrativos, Marcelo Pesce, informaron en el Parlamento que la reanudación de actividades del Poder Judicial es “inminente”. Será en etapas incrementales. Se irán incorporando distintos trámites, con una modalidad de agenda web previa para controlar la afluencia del público en las oficinas. El horario de funcionamiento será el habitual, pero los funcionarios se incorporarán de forma gradual. La evolución del proceso será continuamente monitoreada para evaluar si es necesario dar marcha atrás en algunas decisiones.
Fuentes de la SCJ dijeron a Búsqueda que se evalúa comenzar con esta apertura gradual a comienzos de mayo.
