El liberalismo conservador

El texto se dedica mayormente a mostrar la oposición de esta “familia” al reformismo batllista y sus tendencias “jacobinas”, “socialistas” o de inquietismo desenfrenado, desde una perspectiva más liberal y menos estatista.

El aporte de la obra resulta muy fructífero y estimulante para analizar una época que tanto influyó desde entonces a la actualidad. La caracterización de estos dos grandes modelos de pensamiento, sus distintas propuestas para organizar la sociedad y la República, para valorar la importancia del Estado y la participación ciudadana, entre otros tópicos, ha sido la temática principal de estos textos.

Aquel Uruguay del centenario (1925-1930), en proceso de reforma social, política, cultural e institucional iniciado en los años previos, fue, en gran medida, la mejor síntesis de lo que ambas “familias” pretendían lograr y que ninguna pudo imponer del todo. La democracia social impulsada por el reformismo batllista se sumaba a la democracia política impulsada por la familia “liberal-conservadora”.

Es precisamente en la valoración de estos aportes donde el texto da lugar a la polémica. La permanente tensión entre libertad e igualdad, planteos que en Occidente llevan 200 años, están reflejados en los acentos puestos por cada familia ideológica. El autor toma posición y pone el foco en la resistencia de los “conservadores” (falta poco para llamarlos reaccionarios) para detener el reformismo de los “republicanos” y para ello dispone de un ingente arsenal documental que dosifica convenientemente a su postura.

Queda en segundo plano y de menor rango, y esta es la crítica que podemos hacer, la lucha por la democracia política: la pureza del sufragio, las garantías electorales, el voto universal y secreto, el respeto a la soberanía popular expresada en las urnas, etc. A estos pilares de la democracia moderna se llegó por los acuerdos de 1917. Ello fue el resultado de una dura y larga lucha que podría remontarse varias décadas atrás, pero que en su más reciente replanteo puede iniciarse en marzo de 1913 con el pronunciamiento de los 11 senadores colorados (luego, el riverismo) que rechazaron la propuesta colegiada lanzada por el gobierno. Prosiguió con el fin de la abstención electoral del Partido Nacional que se volcó a la arena política, y tuvo su culminación en la ejemplar jornada cívica del 30 de julio de 1916, donde se elegía la Convención Nacional Constituyente que debía reformar el primer texto constitucional de 1830. Allí fueron mayoría los convencionales anticolegialistas, un duro golpe para el gobierno que significó un cambio de rumbo en el Uruguay. La pretensión hegemonista del reformismo batllista quedaba trunca, de ahí en más se imponía la negociación y los acuerdos políticos.

A partir de estos textos que indagan en las corrientes ideológicas predominantes en la época sería bueno que, desde el presente, miremos aquella fragua que alumbró la democracia uruguaya con un espíritu más equilibrado y menos escorado hacia uno de los ejes que encendieron la polémica. A 100 años de distancia podríamos tener una valoración positiva tanto por las transformaciones sociales que mejoraron la calidad de vida de los uruguayos como por las reformas institucionales que aseguraron el respeto de la voluntad ciudadana. Bastaría recordar cómo el siglo XX, “problemático y febril”, conoció las más prometedoras propuestas de redención social bajo los engañosos sintagmas de “democracias populares” o “socialismo real” que anunciaban el hombre nuevo, la sociedad sin clases y sin explotación. Hoy ya conocemos la historia y el lugar que aquellos experimentos totalitarios se ganaron como monumentos a la ignominia. Quedó claro, tanto en lo universal como en nuestro país, que sin libertad no existen progresos sociales duraderos.

Mauro Manini