Empujan la Justicia al CTI

Buscó invalidar por fraude las elecciones del 1º de julio en las que resultó electo Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El Tribunal Electoral del Poder Judicial declaró infundada la denuncia.

Es legítima, indiscutible y saludable la crítica a los fallos judiciales. Pero debe centrarse en el respeto a la dignidad de las personas, en fundamentos legales y en la independencia judicial, imprescindibles como garantía democrática. Para eso el proceso y los recursos.

Cuando un fallo no conforma estallan los cuestionamientos basados en intereses partidarios, gremiales o corporativos. Muchos ingenuos terminan por plegarse a los reclamos de uno u otro bando y cortan por lo más fino: descalifican a jueces o fiscales, les atribuyen intencionalidades perversas y erosionan el sistema. Como hizo hace un tiempo la senadora del MPP Constanza Moreira.

Un ejemplo reciente es el desacato del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) a un fallo de la jueza de Mercedes, Pura Book, que ordenó que dos niños de 3 y 5 años fueran entregados a su familia biológica. El INAU incumplió argumentando que los niños padecían gastroenterocolitis y que esperaría lo que decidiera un tribunal, al que apeló.

El vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat —que transmite la opinión de esa corporación—, advirtió que “las autoridades públicas están obligadas a hacerla efectiva (la entrega) sin que corresponda cuestionar o analizar el fundamento de esa decisión”.

En un país donde los debates pasan por la óptica partidaria las confusiones se acentúan cuando se envían mensajes distorsionantes desde las cúpulas, como en el caso del INAU.

Hay peores. En noviembre de 2010 el juez Rolando Vomero procesó al general Miguel Dalmao —imputado del homicidio en 1974 de Nibia Salabsagaray— y el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, salió en su defensa. “Se comió un garrón” dijo, como si estuviera en un boliche.

El presidente José Mujica visitó al general en el Hospital Militar. Ocurrió unos meses después de que expresara que “en la Justicia no creo un carajo” y dos años antes de que “lo político es más importante que lo jurídico”. No hay dudas de su consecuencia y del valor que le da a la Justicia.

En agosto de 2011 un Tribunal de Apelaciones confirmó el procesamiento de Dalmao.

El mes pasado Fernández Huidobro volvió al ataque. Irrumpió por fax en el despacho de la jueza de Paso de los Toros, Lilián Elhorriburu, para asegurarle que le constaba la inocencia del coronel retirado Juan Carlos Gómez, procesado en agosto de 2010 por la muerte en 1973 del tupamaro Roberto Gomensoro. Ese fallo fue ratificado por un tribunal.

La jueza, molesta, replicó en “El Observador”: “Ahora resulta que se acordó de que sabía algo dos años después (del procesamiento); de haberlo sabido antes lo hubiera citado (…); si ya sabía eso, ¿por qué no se presentó?”. Y Elhorriburu le preguntó al periodista: “¿No le parece raro?”. Más que raro.

Fernández Huidobro sabe que la actual etapa de ese proceso impide producir nuevas pruebas, pero sus correligionarios y subalternos, no.

Este tipo de mensajes continuó tras dos fallos del Tribunal de Apelaciones de 4º turno. Uno revocó un procesamiento del ex dictador Gregorio Álvarez sobre la muerte en 1973 del militante tupamaro Roberto Luzardo y otro revocó los procesamientos del coronel retirado Walter Gulla y del coronel retirado Enrique Rivero por la muerte del tupamaro Horacio Ramos, en 1981.

La ex fiscal de este último caso y actual integrante del Instituto de Derechos Humanos, Mirtha Guianze, comentó enigmáticamente, “me lo esperaba”, y defendió su postura inicial.

En la dirección opuesta se pronunciaron militares retirados del “Foro Libertad y Concordia” y aprovecharon para atribuirle intencionalidad política a los jueces que han procesado a militares, lo que equivale a calificar sus fallos como corruptos.

“Hacemos votos para que este proceder se haga extensivo al resto de los procesos judiciales en curso, devolviéndole así al Poder Judicial la despolitización y el equilibrio, atributos indispensables para su adecuado funcionamiento en un país democrático”, dijo el Foro.

Este terremoto de descalificaciones, al que se añaden crecientes manifestaciones populares en protesta por otras decisiones judiciales buscando torcerlas, van empujando al sistema al CTI. ¿Qué sucederá cuando sea tarde para dar marcha atrás? ¿Quién desconectará el respirador o le aplicará la mortal inyección de morfina?