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    Bancada del MPP dará impulso a proyecto de ley para deudores, que tiene respaldo en legisladores de la oposición

    El Ministerio de Economía, que será citado al Parlamento el próximo mes, transmitió que “en líneas generales” está de acuerdo con la propuesta

    El Movimiento de Participación Popular (MPP) resolvió priorizar el proyecto de ley titulado “protección de deudores de bajos recursos”. El oficialismo plus o ultra, como llaman algunos de sus dirigentes al sector mayoritario del Frente Amplio, comunicó a jerarcas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que prevé que la cartera dé su opinión sobre esta propuesta en el Parlamento el próximo mes. En la oposición hay disposición a abordar la iniciativa para facilitar una solución a ciertos deudores y acreedores, y también hay “esperanza“ en alcanzar un acuerdo.

    Un millón de uruguayos están en el clearing de informes y de ellos 290.000 tienen la peor calificación crediticia en la Central de Riesgos Crediticios, plantea la bancada frenteamplista en la exposición de motivos del proyecto. “Es un tema supersensible para la gente”, destacó la principal impulsora del proyecto, la diputada Julieta Sierra. “Nosotros como 609 lo marcamos como prioridad y eso implica la voluntad política de decir: ‘Muchachos, vamos a agarrar este tema con fuerza’”, dijo a Búsqueda.

    La iniciativa fue presentada en junio, pero su tratamiento en la Comisión de Hacienda de Diputados se ha dilatado. Primero por la Rendición de Cuentas, luego por la Ley de Presupuesto Nacional, más tarde por proyectos para las zonas de frontera, y ahora porque oposición y oficialismo están ultimando un acuerdo para reducir los montos de algunas multas de tránsito. El presidente de la comisión, Sebastián Andújar, espera que el proyecto sobre multas se apruebe en ese ámbito el miércoles 15, y hay un acuerdo interpartidario para que el próximo tema que se aborde sea la reestructuración de deudas.

    Para Andújar, es una instancia propicia para definir “el modelo de crédito” del país. El diputado blanco tiene “esperanza” en que se llegará a un acuerdo. “Si nos metemos en esto, es para sacar un proyecto”, dijo a Búsqueda, y remarcó que “en grandes aspectos” está “muy de acuerdo” con la iniciativa propuesta por la bancada del Frente Amplio. “Es una preocupación de todos”, sostuvo.

    Sebastián Andújar

    El diputado colorado Conrado Rodríguez, que integra la comisión, también está interesado en tratar el proyecto. Dijo a Búsqueda que le parece “bien” buscar mecanismos para darles “una segunda oportunidad” a aquellas personas que tienen deudas impagables fruto de moras e intereses. Para ello se requiere, aclaró, “la voluntad de las dos partes”: el deudor y el acreedor.

    En la exposición de motivos de la propuesta los frenteamplistas plantean que la problemática deriva en la calificación de “parias” de los deudores, que al figurar en el clearing se ven imposibilitados “hasta de arrendar inmuebles para vivienda”. En la misma línea, el colorado Rodríguez alertó por una suerte de “muerte de civil” de quienes entran en el clearing.

    Cabildo Abierto inició en 2023 una campaña de firmas para promover un plebiscito por una “deuda justa”, pero el año pasado no alcanzó a validar las rúbricas suficientes ante la Corte Electoral. El diputado cabildante, Álvaro Perrone, cuestionó el año pasado en diálogo con la diaria que el proyecto frenteamplista “no contempla las deudas con el Estado”, que a veces aplica ”tasas de usura”.

    A su vez, el presidente del partido, Guido Manini Ríos, dijo a Búsqueda que es “bueno” que el MPP quiera abordar este asunto, a pesar de que cuando los cabildantes lo propusieron, no los apoyaron. Para el exsenador, la solución propuesta ahora de reestructuración de deudas es “lenta e ineficaz” y “no afecta al sector prestamista gravemente”. De todas maneras, aclaró que su partido “acompañará” todo lo que sea “mejorar” la realidad actual.

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    Manini Ríos dijo también que en una reunión con el presidente Yamandú Orsi y los dos diputados cabildantes planteó al inicio del gobierno “solucionar el tema de los deudores”. Y recordó que el mandatario se comprometió entonces a hacer “algo” al respecto.

    La iniciativa del MPP se estructura en cuatro capítulos. El primero baja las tasas medias y los topes máximos de interés permitidos, e introduce cambios en la información que se brinda a los tomadores de crédito. El segundo crea un proceso para reestructurar determinadas deudas, que comienza con una conciliación ante la Unidad Defensa del Consumidor, del MEF, y que podría derivar en un proceso judicial e incluso en una “reestructuración judicial forzosa”. El tercero refiere a la protección de deudores en operaciones crediticias, define “prácticas abusivas prohibidas” y exhorta a la Universidad de la República a formar grupos de extensión universitaria y consultorios multidisciplinarios con estudiantes para “asesorar a deudores en la forma de estructurar sus pagos y para asesorar a los magistrados del Poder Judicial y al Instituto Técnico Forense en las resoluciones de las pericias planteadas”. También exhorta a la Administración Nacional de Educación Pública a brindar cursos de educación financiera. El cuarto y último capítulo del proyecto refiere a la implementación de la ley.

    Apoyo y reparos del MEF

    Diputados del MPP avisaron informalmente al MEF que será convocado el próximo mes para dar su opinión sobre la propuesta. El tratamiento en comisión “arranca” con la visita de jerarcas de la cartera, dijo Sierra. Luego, se prevé citar a autoridades del Banco República y el Banco Central, y a representantes de casas de crédito. Qué tan extensa será la lista de invitados a comisión es un asunto que oficialismo y oposición definirán en las próximas semanas.

    Tras conversaciones entre dirigentes del MPP y jerarcas del gobierno, el diputado Joaquín Sequeira, que integra ese sector, dijo a Búsqueda que “en líneas generales el MEF está de acuerdo” con el proyecto, aunque en encuentros informales integrantes de la cartera plantearon “algunos reparos puntuales”. El punto más controvertido para el ministerio es el proceso de negociación entre deudores y acreedores que estipula la iniciativa, que comienza en la Unidad Defensa del Consumidor y puede derivar en una “reestructuración judicial forzosa”. La cartera advirtió que a priori, dada la cantidad de deudores que podrían acogerse al régimen, existen dificultades para que esa unidad pueda encargarse de estos procesos. Lo mismo piensa Manini Ríos.

    Si bien el proyecto apunta a pequeños y medianos deudores cuyas deudas se hayan originado en créditos al consumo sin garantía real, en la bancada oficialista hay quienes plantean que la propuesta alcance a otros sectores. La iniciativa estipula, por ejemplo, que quienes pueden iniciar el proceso de reestructuración no deben tener bienes muebles, como un vehículo, con un valor superior a 75.000 unidades indexadas, lo que equivale hoy a unos US$ 12.000.

    Veinte años de espera

    La primera propuesta legislativa para reestructurar deudas fue presentada en el 2006. “Hace 20 años que se discute” el tema en el Parlamento, dijo Sierra, y aclaró que la intención del MPP es aprobarlo “en el corto plazo” para evitar pasar “todo el período discutiendo”.

    Solo en la legislatura pasada, se presentaron cuatro proyectos de ley vinculados al tema. Cabildo Abierto impulsó uno para reestructurar deudas; Felipe Carballo, por entonces diputado y hoy senador frenteamplista, propuso otro —para que el Estado negocie deudas particulares con el clearing—; Enzo Malán, también exdiputado frenteamplista, buscó cambiar las tasas de interés y usura con el fin de disminuir la generación de intereses moratorios devengados en pequeños créditos, y el entonces diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, presentó una iniciativa para modificar las tasas medias y los topes máximos de interés, y disponer medidas de protección para los deudores. Si bien esta última propuesta fue aprobada en Diputados en 2022, naufragó en el Senado.

    A Sierra le parece “absurdo” seguir “alargando” el tema cuando es una “demanda real de la gente“ y “seguro” se puede llegar a “algunos acuerdos“.

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