N° 1927 - 20 al 26 de Julio de 2017
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáAllá por 1996 asistí como panelista a un encuentro que la Junta Nacional de Drogas realizó en el Edificio Libertad. El tema que me correspondía era el de la relación que existía (y existe) entre los consumos de drogas ilegales y los mensajes que la prensa construye sobre ellos. Ante un asunto que se planteaba tan amplio, decidí que bien podía jugar la carta liberal y recordar que todos los consumos son un asunto personal y que por tanto no deberían estar penalizados. Y que, como en casi todas las cosas de la vida, todo era una cuestión de dosis. Que el papel del Estado debería ser, tal como hace con otros consumos problemáticos pero legales, el de garantizar la calidad de lo que se consume y al mismo tiempo advertir de los peligros que entraña su abuso y su adquisición en el mercado negro.
Por supuesto, en el contexto de aquel encuentro y de aquellos años, en plena guerra contra las drogas diseñada por EE. UU., mi comentario resultó totalmente extemporáneo. Fui mirado con ojos irónicos por gente de las ONG que trabajaban en el tema y con ojos un poco menos amables por gente de la Junta Nacional de Drogas. Así las cosas, si alguien me decía que 20 años más tarde esa misma Junta iba a jugar un papel clave en la legalización del consumo de marihuana, me habría reído.
Claro, en esos 20 años pasaron un montón de cosas en el tema y muchas de ellas pésimas. En países como México, la guerra contra las drogas terminó socavando el poder del Estado y se ha derivado en una suerte de anomia territorial en la que los carteles, atomizados y multiplicados tras el descabezamiento de los pocos que antes existían, controlan amplias zonas del país. El consumo no solo no se ha reducido sino que ha aumentado, en México y en un montón de países que han apostado por esa guerra. No es solo que si se comprime la oferta sube el precio y por lo tanto el negocio resulta atractivo para más gente. Es que si nos dicen qué cosas NO podemos consumir, seguramente son justo esas las que queremos consumir.
Mas allá del altísimo coste en vidas y en recursos públicos, es un hecho que el endurecimiento de las políticas de drogas no ha arrojado los resultados previstos. No está mal recordar que hasta comienzos de los setenta, los consumos de casi ninguna droga hoy considerada ilegal eran perseguidos o considerados un problema social especialmente grave. Por todo eso, en estas dos ultimas décadas un montón de gente se ha puesto a buscar alternativas. Y algunas de estas han ido en el sentido de garantizar la libertad de consumo de los ciudadanos, a la vez que se intenta reducir el eventual daño provocado por ese consumo.
El modelo de cambio elegido por Uruguay es muy uruguayo. Es decir, típico de un país cuyo Estado se ha dedicado durante décadas a destilar alcoholes y fabricar un whisky espantoso. Un modelo con personería jurídica, típico de un país que genera una trama legal hasta para un club de bochas o un cuadro de baby futbol. Un modelo que al tiempo que liberaliza un consumo, genera un dispositivo estatal que parece enviar señales en la dirección opuesta. Personalmente no le encuentro el menor sentido a fijar una cantidad máxima de consumo ni tampoco a tener un registro. Si se entiende que el ciudadano sabe votar, chupar whisky (escocés of cors) sin que el Estado le marque un límite, que puede comprarse un terreno, casarse, manejar un coche o un ómnibus lleno de pasajeros, las dos medidas señaladas además de infantilizantes, carecen por completo de sentido. Y son hasta contraproducentes, ya que el que quiera fumar más porro que el que le vende el Estado, acudirá al mercado negro, que seguirá ahí. Y lo del registro, bueno, ya se sabe lo que hacen los Estados con los registros. Por lo pronto, ya salió en la prensa el perfil completo de los cuatro mil y pico de registrados. Sin nombres, por suerte.
Con esto no estoy diciendo que vayan a patear la puerta de tu casa y llevarte del moño, rubro en el que Uruguay cuenta con una breve aunque sólida experiencia. Pero no deja de ser llamativo liberalizar un consumo, dejar de reprimirlo, considerarlo casi inofensivo (y algunos hasta positivo) y al tiempo generar un dispositivo de control que se intenta vender como neutro (y que se despacha sin mucha explicación) pero que no existe en ningún otro ámbito de nuestros consumos personales. No hay un registro de cuántos huevos compramos por mes, aunque seguramente si uno se clava 30 huevos fritos en una tarde, termine intoxicado. Y eso por no recurrir al ejemplo del alcohol, con el que efectivamente un montón de gente se intoxica con regularidad. Justo respecto al alcohol, el gobierno anda tanteando a la opinión publica, en vías de ponerse a aplicar regulaciones que podrían ir en el mismo sentido filosófico que las del porro.
Que no se entienda que abogo por limitar esos consumos o generar un registro de choborras o de comedores de huevos. Todo lo contrario, señalo que si se entiende que uno puede autorregularse en consumos en los que el Estado se limita a recordarnos los problemas de su abuso, no tiene sentido que se haga algo distinto con la marihuana. Y que si bien uno acepta dar sus datos cuando se trata de temas que afectan de manera directa la vida de los otros, la libreta de conducir es un ejemplo, no tiene porque ser así con los consumos personales que son asunto entre nosotros y nuestro cuerpo. Justo para estas cosas es que uno es mayorcito.
Dicho esto, siempre es bueno que una sociedad se pregunte sobre sus comportamientos problemáticos e intente caminos alternativos ante la falta de resultados al respecto. Uruguay tiene el tamaño adecuado para el experimento y es de valientes asumir el riesgo de probar ideas nuevas, mas allá de las dudas que puedan surgir de su implementación. Y ojalá el experimento, arriesgado pero que ya viene siendo testeado en otros países, funcione bien y contribuya a hacer mejor la vida de los ciudadanos. Siempre es mejor hacer e intentar que sentarse a esperar.