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Un grupo de fiscales penales ha mantenido reuniones informales en las últimas semanas para “intercambiar ideas” y “fijar una posición común” para asumir en las causas judiciales vinculadas a violaciones de derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), dijeron a Búsqueda fuentes del Ministerio Público.
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Según las fuentes esas reuniones “no son institucionales”, por lo que “no comprometen” a la Asociación de Fiscales. En esos encuentros, en los que participaron entre otros los fiscales Carlos Negro, Ana María Tellechea, Ariel Cancela y María Camiño, se llegó a la conclusión de que este tipo de crímenes, por su gravedad, son de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben. Esa postura será expresada por estos magistrados en los expedientes que tengan a estudio. Por ejemplo, esta semana la fiscal Camiño ya sostuvo esa tesis en el caso del homicidio del maestro Julio Castro, quien fue ejecutado, desaparecido, y cuyos restos fueron hallados en 2012 en un predio junto al batallón 14 del Ejército.
De acuerdo con los informantes, esos fiscales expresaron ayer “preocupación” por los dichos del presidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Ruibal, quien declaró en rueda de prensa que existe una “muralla” respecto de este tema en el que la corporación no cambiará de opinión.
Los fiscales evalúan incluso recusar a Ruibal, informaron las fuentes.