Enviamos la carta abierta que redactó la Comisión de Trabajo del Grupo de Retornados con motivo de las discriminaciones en el ámbito laboral.
Les pedimos la mayor difusión posible.
Grupo de Retornados a Uruguay
“Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes” (Art. 8, Constitución de la República)
Para: Sr. Presidente de la República, Sres. Ministros y miembros del Poder Ejecutivo, Sres. Senadores de la República, Sres. Representantes Nacionales, Autoridades departamentales y nacionales, Sres. de la Oficina Nacional de Servicio Civil
Asunto: Protocolos vigentes para postulaciones laborales excluyen y marginan a uruguayos retornados.
Nos dirigimos a ustedes, en representación del Grupo de Retornados del exterior, para manifestar nuestra preocupación por la actual aplicación de una serie de protocolos en los procedimientos de selección de personal en instituciones y empresas públicas y privadas, que excluyen y marginan de las fuentes de empleo a los ciudadanos uruguayos, constituyéndose de este modo en una conducta violatoria de los derechos humanos y de los derechos ciudadanos.
Nos referimos concretamente a los siguientes tres requisitos protocolares: límite de edad de los aspirantes —se aceptan postulantes con una edad máxima de 35 años o, en menos ocasiones, de 40 o 45 años—; contar con Título de Grado y de Posgrado revalidados o reconocidos por la institución pública nacional pertinente (si se trata de profesionales y cuyos estudios han sido realizados en el exterior); y, en muchos casos, presentación del Juramento a la Bandera.
¿Es congruente que el gobierno convoque y estimule a los uruguayos en el exterior a retornar, planteando una apertura y apoyo a su reinserción, por un lado, y las instituciones públicas coloquen diversas trabas burocrático-administrativas y otras arbitrarias para la reinserción laboral de dichas personas, sobre todo cuando éstas rebasan los 35 años? Siendo que una buena parte de los uruguayos en edad adulta que han retornado al país en los últimos años, tienen edades promedio entre los 40 y los 60 años, la mayoría estamos excluidos hasta de postularnos a las convocatorias laborales.
Consideramos que los antedichos requisitos no son factores válidos de evaluación de las capacidades, preparación y experiencia de los candidatos a puestos de trabajo. La limitación en la edad de los postulantes se debe, según nuestro entender, a la reducción de las fuentes de trabajo en la población joven y no a las reales destrezas requeridas para las funciones a cubrir. Los otros dos requisitos formales son meramente burocráticos y no deberían impedir la posibilidad de postularse a ningún empleo. La revalidación oficial de títulos profesionales es un trámite que en cada entidad educativa pública interviniente requiere extensos períodos de tiempo, al igual que la obtención de una copia válida del Juramento a la Bandera. En este caso, además, hay uruguayos retornados que aún no lo han obtenido porque realizaron sus estudios de educación media en el extranjero.
Los tres factores antepuestos por diversas instituciones y empresas nacionales como motivos de rechazo del aspirante uruguayo retornado constituyen una política de discriminación, exclusión y marginación real y concreta de quienes, siendo ciudadanos uruguayos, retornamos al país, pero también de los ciudadanos que nunca se fueron y que quedan desocupados con más de 40 años. Esta circunstancia deja a muchos de nosotros y a nuestras respectivas familias en situación de vulnerabilidad económica y social y, consecuentemente, con pocas o casi nulas alternativas de desarrollo, así como de productividad, además de la vulnerabilidad que esta situación causa a nivel psicológico, emocional y de la salud en general para el mismo grupo.
En una sociedad democrática, ningún ciudadano ni ninguna autoridad estatal pueden desconocer que la discriminación y marginación a una minoría representa una violación de los derechos humanos y de los derechos ciudadanos. Es del ámbito de los derechos humanos otorgar la libertad de aspiración y concurso a un cargo laboral a cualquier individuo que, quedando garantizado que cumple con sus deberes ciudadanos, cuente con los requisitos pertinentes en materia de capacidades, habilidades, preparación y estudios de base para acceder al cargo en cuestión, sin distinción por motivos de etnia, origen socioeconómico, apariencia o condición física que no incapacite su raciocinio. Este derecho rige tanto para ciudadanos nacionales como para extranjeros residentes.
Asimismo es del ámbito de los derechos ciudadanos o garantías constitucionales, el respeto al derecho inalienable de igualdad de los ciudadanos ante la ley, sustentado en los esenciales principios de equidad social, en donde la libertad de trabajo y el deber de aportar a la economía activa, con sus correspondientes contribuciones fiscales, sin distinciones por raza, origen, condición de edad, etc., es atribuible al ciudadano, haya o no vivido en el exterior. Pues no es menos uruguayo o uruguaya quien ha vivido también en el exterior, que aquel o aquella que han residido toda su vida en el país. Y varias han sido además y siguen siendo las comunidades de uruguayos en el exterior que han aportado y siguen aportando recursos, tanto económicos, como en los ámbitos cultural, humanístico, artístico y tecno-científico a Uruguay.
Nosotros, como uruguayos retornados, no hemos vuelto a nuestro país para competir con ningún compatriota ni violentar los espacios de nadie. Hemos vuelto para continuar nuestra vida personal y familiar en la patria que amamos, en la cual también tenemos familia, afectos, recuerdos y raíces, para ejercer nuestro derecho a trabajar y ganarnos la vida dignamente, así como para ser productivos para el país y, en última instancia, para ser felices.
Apelamos a la sensibilidad social y política de ustedes, autoridades y jerarcas nacionales, para asegurar el respeto a los derechos democráticos de todos los ciudadanos de la República, incluidos los de minorías como la nuestra. Estamos seguros que, dada la justicia de nuestros planteamientos, ustedes podrán lograr que los organismos pertinentes flexibilicen los protocolos actuales establecidos para la contratación de uruguayos retornados —así como de inmigrantes extranjeros residentes— de manera tal que se nos permita la reinserción social y laboral a la que tenemos derecho en el país.
Agradeciendo de antemano vuestra comprensión y apoyo, les enviamos cordiales saludos, quedando pendientes de su respuesta y a sus órdenes por cualquier consulta.
Grupo de Retornados a Uruguay
