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El colono Gabriel Arrieta esperó a que el presidente Tabaré Vázquez saliera de una reunión en el Ministerio de Ganadería y tras gritarle mentiroso, quedó enfrascado en una discusión con el mandatario. La reacción llegó rápido: el sitio oficial de la Presidencia divulgó las deudas de Arrieta, que ocupaba de manera irregular un predio del Instituto Nacional de Colonización en Kiyú, departamento de San José.
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Para los dirigentes del movimiento Un Solo Uruguay, el episodio de Arrieta, ocurrido en febrero, no es un hecho aislado. “No sabe todo lo que me pasó desde que empecé con esto del movimiento, me han caído de todas partes”, le comentó Federico Holzmann, uno de los líderes del grupo a una señora que le manifestaba su apoyo a la plataforma de reclamos de esa agrupación.
Integrantes de Un Solo Uruguay dijeron a Búsqueda que se sienten perseguidos por organismos estatales, principalmente por Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS), y ciertas intendencias gobernadas por el Frente Amplio.
Control exhaustivo
Un puñado de productores rurales y empresarios del interior generó una movida que tuvo su máxima expresión el 23 de enero, cuando organizó una manifestación en Durazno. En esa instancia hubo una serie de críticas al gobierno y a la clase política en general, principalmente por la gestión y el manejo de los fondos públicos.
El enfrentamiento con el gobierno, lo que supuso el desarrollo de manifestaciones y el impulso de campañas en contra de algunas medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo, les costó varios dolores de cabeza a algunos de sus referentes, según los dirigentes consultados. Algunos relataron que se sienten presionados por la actual administración, debido a los controles que realizan ciertos organismos públicos, pero afirmaron que “no van a aflojar”.
Un Solo Uruguay realizó varias movilizaciones en el marco de las reuniones de los consejos de ministros para reiterar sus reclamos de reducción de los costos internos, especialmente de la energía eléctrica y los combustibles, y un recorte de los gastos del Estado.
El viernes 24 de agosto ese movimiento acompañó a un grupo de organizaciones sociales que presentó a la Presidencia de la República unas 5.000 firmas en rechazo del acuerdo entre el gobierno y UPM para la instalación de una nueva planta de pasta de celulosa en Uruguay. Los manifestantes pretenden que el Poder Ejecutivo revea el contrato porque consideran excesivas las concesiones que otorga el Estado uruguayo a la empresa, principalmente en cuanto a exoneraciones impositivas.
“Cada vez que sale un camión del predio de Holzmann lo paran los inspectores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que ya le hicieron cambiar unos guardabarros de la zorra (plataforma para transporte de cargas) y están arriba permanentemente”, contó a Búsqueda un integrante del movimiento.
Señaló que en días pasados, técnicos de la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) fueron a su campo para hacer un “exhaustivo control” de los suelos con el fin de ver si había algún problema de erosión. Esa repartición ministerial fiscaliza el cumplimiento de los planes de uso y manejo de suelos, lo que requiere una declaración jurada que esté firmada por un agrónomo y por el propietario de la tierra. En caso de constatar infracciones en cuanto al cuidado del terreno, el MGAP aplica sanciones, como pueden ser las multas.
Holzmann, que reconoció a Búsqueda esa situación, pero prefirió no ahondar en el asunto, se dedica a prestar servicios agropecuarios, como realizar tareas para productores agrícolas, entre otras actividades del sector, y explota un padrón rural que está ubicado en la Colonia Baltasar Brum, en Paysandú.
Hace un tiempo, funcionarios del INC le advirtieron a ese empresario que le iban a sacar el campo, con el argumento de que ese predio es propiedad del ente estatal, porque está afectado a los fines de la norma legal en cuestión, comentaron otros integrantes de Un Solo Uruguay, que pidieron mantener sus nombres en reserva por temor a posibles represalias.
Contaron que los funcionarios le dijeron que el campo perteneció a una sección rural del Banco Hipotecario y que esas tierras fueron traspasadas a Colonización mediante una ley. Pero el predio “es privado y no tiene nada que ver con eso”, sostuvo Holzmann.
Otros integrantes de Un Solo Uruguay aseguraron que la DGI y el BPS realizaron inspecciones con frecuencia en negocios de empresarios y productores vinculados al movimiento en busca de alguna irregularidad, especialmente en los comercios de los poblados rurales. “Por eso los comerciantes nos dicen que ellos apoyan nuestros reclamos, pero que no quieren poner pancartas o mensajes que se identifiquen con el movimiento para evitar represalias”, señalaron.
Mencionaron, a modo de ejemplo, casos registrados en Rocha y Paysandú, cuyas intendencias son gobernadas por dirigentes del Frente Amplio. En esos departamentos varios comercios y empresas de adherentes a Un Solo Uruguay fueron visitados por inspectores de distintos organismos del Estado, especialmente de la DGI y el BPS.
En algunas intendencias decidieron no renovar los contratos con ciertos proveedores habituales que participaron en manifestaciones del movimiento. Uno de los puntos de la proclama divulgada por el grupo en Durazno planteó rever los cargos de confianza, de asesores y secretarios personales, lo que además de la administración central abarca a “todas las intendencias”.
Antecedentes
En Un Solo Uruguay tienen asumido que el gobierno despliega sus medios para apretar a los que se muestran críticos con la gestión oficial y que eso lo demuestran cada vez que tienen oportunidad. El episodio del colono Arrieta y la divulgación de sus deudas por parte de la Presidencia no es el único caso público que toman como antecedente los integrantes del movimiento. Recordaron la decisión del Ministerio de Turismo de retirarle la declaración de interés a la Expo Activa, que se realizó en marzo, en desacuerdo con la Asociación Rural de Soriano por incluir el logo de esa agrupación en algunos avisos publicitarios. En el evento algunos stands fueron inspeccionados por el BPS para controlar la situación de los trabajadores que atendían en los puestos, puntualizaron.
