La determinación del Instituto Nacional de Colonización (INC) de rescindir el contrato de arrendamiento de tierras con el colono y exintendente de Maldonado Enrique Antía Beherens y continuar el proceso para concretar la entrega de la fracción sigue su curso, pese a que ese político del Partido Nacional planteó en “dos ocasiones” alcanzar un “acuerdo extrajudicial” y que se le permita “seguir con el predio cinco años más”.
Estas y otras informaciones fueron recabadas por Agro de Búsqueda, que accedió a documentos de este caso puntual y con base en consultas sobre la actualización del proceso a fuentes del INC.
Las fuenters confirmaron que, primero en 2025 y luego en 2026, Antía transmitió a directores del ente estatal su intención de establecer un acuerdo extrajudicial para que se deje sin efecto la rescisión del contrato por el cual Colonización le arrienda la fracción 4D, con una extensión de 49,6 hectáreas, en la Colonia Benito Nardone, departamento de Maldonado.
Esos planteos del extitular de la intendencia fernandina fueron realizados tras el fallo contrario a sus intereses que determinó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), de febrero de 2024, que resolvió “desestimar la pretensión anulatoria” presentada por Antía y “confirmó el acto administrativo impugnado en cuanto dispone a la rescisión del contrato de arrendamiento oportunamente suscrito” con el INC. El fallo del TCA además declaró “no procesable la porción del acto que dispone la adopción de medidas cautelares”.
A partir de la sentencia, Colonización mantiene la resolución del 5 de setiembre de 2019, adoptada por su directorio, respecto a rescindir el contrato de arrendamiento del campo con el exintendente y “adoptar las medidas judiciales tendientes a lograr la libre disponibilidad” de la fracción rural. Entre los motivos figura el incumplimiento en las obligaciones de los colonos de residir en predio, habitarlo con su familia y trabajarlo directamente, conforme a lo que dispone la Ley 11.029.
En aquel momento Antía interpuso un recurso de revocación contra dicha determinación y fue rechazado por el Directorio del INC, que resolvió confirmar en todos sus términos el acto impugnado, según consta en una resolución fechada el 25 de marzo de 2020.
Dicha resolución tuvo el voto en contra de los directores Julio Cardozo y Rodrigo Herrero, ambos integrantes del Partido Nacional, que fueron designados para ocupar ese cargo en representación del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, respectivamente. Y a favor de dicha determinación votaron los directores Julio Roquero, representante de las gremiales rurales, Gustavo Uriarte, del Ministerio de Economía y Finanzas, y Eduardo Davyt, de las entidades educativas.
Situación de incumplimiento. Según los documentos de la demanda anulatoria que promovió Antía en el TCA contra la resolución del INC, el exintendente de Maldonado en su “expresión de agravios invocó vicios en el procedimiento, en la motivación, inconstitucionalidad de la potestad reconocida por el artículo 101 de la Ley 11.029 para rescindir unilateralmente el contrato administrativo” y “desviación de poder”.
Respecto al vicio de procedimiento apuntó que “no fue más que un ritualismo”, ya que “se encaminó a desconocer un acto administrativo firme y estable: el que lo confirmó como titular de la fracción 4D”, en referencia a una resolución del INC de 2016.
“Se adoptaron diligencias y al menos un interrogatorio sin el debido control del administrado, lo que supuso una vulneración de su derecho a controlar la prueba y, en definitiva, una vulneración al ejercicio efectivo del derecho de defensa”, planteó Antía.
También adujo, entre otros puntos, que hubo “vicio de motivación” con el argumento de que “se advierten falacias, contradicciones y falsedades que derivan en una falta de congruencia”, lo que “revela una actuación persecutoria” de Colonización, según los documentos del TCA.
Allí se indica que en la demanda de Antía, quien fue intendente de Maldonado en tres períodos (2000-2005, 2015-2020 y 2020-2025), “no se logró desvirtuar lo constatado por los hallazgos vertidos en el acta por el INC respecto al “trabajo directo del campo”.
“El colono explota el predio, pero no lo trabaja directamente, ya que se probó que es una sociedad civil, integrada por Antía y el señor Daniel Chiaccio”, que “tiene asalariados rurales contratados, quienes realizan el trabajo directo”, señala el tribunal en cuestión.
El TCA advierte además que “la situación de incumplimiento” en cuanto a la residencia y el trabajo directo “está dada por el mandato por el que fue electo en su departamento, en donde debe desempeñar funciones en la ciudad de Maldonado y residir en ella, por lo cual el INC le aplica una renta diferencial”.
Otro dato incorporado en esta documentación refiere a que la mencionada sociedad civil explota un “total de 1.400 hectáreas, incluidas las fracciones de la Colonia Benito Nardone 4A y 5, que son propiedad de Chiaccio, donde se encuentran el tambo y otras instalaciones”, y “la fracción 4D, arrendada por Antía, siendo este último también propietario de 591 hectáreas en la 8a sección catastral de Maldonado”.
Otra rescisión, cuñado colono. En julio de este año el Directorio del INC resolvió “rescindir el contrato de arrendamiento” de campos al colono Marcos Algorta Adami, esposo de Mercedes Antía, hermana del exintendente fernandino.
La determinación comprende dos fracciones de la colonia Campbell P. McMeekan, ubicada en San José, con una extensión total de 176 hectáreas. La resolución incluye además “adoptar las medidas judiciales tendientes a obtener la libre disponibilidad del predio” y “el cobro de las sumas adeudadas”.
El motivo es el no pago de las deudas por parte del colono correspondientes a las rentas por las tierras adjudicadas, entre otras irregularidades vinculadas a ganado de terceros, indicaron las fuentes del INC a Agro de Búsqueda.
En marzo de 2025 el INC decidió suscribir con Algorta un “convenio de pago en dólares estadounidenses en 108 cuotas mensuales por el saldo adeudado”, de acuerdo con el procedimiento de gestión de cobro vigente, debiendo además abonar en fecha las rentas a devengarse.
“Cualquier incumplimiento en los pagos en las fechas establecidas dará lugar —sin más trámite— a la rescisión del contrato y a la adopción de medidas judiciales de cobro y libre disponibilidad del predio”, advirtió Colonización.
* Elaborado por revista Verde para Búsqueda
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