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La reforma tributaria que se implementó en 2007 cumplió con los objetivos que se propuso de contribuir a mejorar la equidad, simplificar un sistema que se había tornado “incoherente” y promover las inversiones productivas en el país, evaluó el ex director de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía (2002-2009) y actual consultor privado David Eibe.
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En su opinión, en los años recientes el régimen ha sido perfeccionado y podría hacerlo más subiendo el monto a partir del cual se gravan las rentas personales del trabajo e introduciéndole más deducciones. También con mecanismos que ofrezcan “garantías” y equilibren las relaciones entre las oficinas recaudadoras y los contribuyentes.
Para Eibe —quien participó en la comisión que diseñó junto a otros expertos el nuevo sistema—, los impuestos pueden “aportar a la equidad, pero la batalla viene dada por una mejora en la forma en que se gasta”. Lo que sigue es una síntesis de la entrevista que mantuvo con Búsqueda.
—¿Cómo se gestó la reforma tributaria?
—Surgió a partir de la necesidad de revisar un sistema que, luego de la última crisis, se había vuelto bastante incoherente y con numerosas inequidades intersectoriales y con un verdadero archipiélago de tributos de baja recaudación que lo hacía muy complejo. A partir de la convicción extendida, existió la voluntad política de avanzar en un rediseño estructural, sobre la base de un equilibrio de objetivos que incluyó la mejora de la equidad, una mayor eficiencia, el estímulo a la inversión y una simplificación de los tributos.
—¿Qué resultados dieron estos cambios?
—Han sido positivos en términos de los objetivos planteados. Mejoró la equidad, la eficiencia y notoriamente la inversiones. Si bien son fenómenos multicausales y aislar los efectos de las medidas tributarias es muy complejo, la reforma favoreció todo ello.
—¿Habría arrojado los mismos resultados en un contexto económico menos favorable como el que se verificó en estos últimos cinco años?
—Sin duda, una lección es que este tipo de reformas estructurales deben realizarse cuando la economía está en crecimiento. Eso es lo que permite abordar los grandes objetivos con sentido estratégico; en caso contrario las medidas se orientan casi exclusivamente a solventar los problemas de corto plazo.
El abordaje del nuevo sistema se hizo con un criterio de mucha prudencia para asegurar en todo momento los recursos fiscales para proveer los bienes públicos. Eso implica el fortalecimiento creciente de la administración tributaria, que ha sido un factor clave para el éxito de esta reforma.
—¿Qué ajustes deberían hacerse al régimen?
—El sistema ha ido mejorando gradualmente a partir de una idea original relativamente simple, por ejemplo en el régimen de deducciones al Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), en la promoción de inversiones y la devolución del IVA a los sectores de menores recursos. También se ha avanzado en la ampliación de la red de tratados para evitar la doble imposición y el intercambio de información tributaria.
Se debe seguir mejorando el sistema de liquidación del IRPF, ampliando ciertas deducciones meritorias para mejorar todavía más la equidad, como los gastos en educación. Eso se podría combinar subiendo más el monto mínimo no imponible; eso es lo que más aporta en términos de equidad.
Las administraciones tributarias adquirieron herramientas muy fuertes y un mayor poder de acceso a la información, lo que a veces es visto con recelo; en algunos casos las reacciones desde la sociedad civil son exageradas si se tiene en cuenta la experiencia internacional. Pero sucede que en el proceso de determinación tributaria el contribuyente se encuentra con cierto grado de indefensión. Parece necesario mejorar el sistema para darle garantías a ambas partes y equilibrar las relaciones.
—¿El nivel de presión fiscal en Uruguay es adecuado?
—Es razonable, de entorno a 27% o 28% del Producto Bruto Interno. Eso es menor que en países similares de la región, en buena medida por ser Uruguay un Estado unitario y no federal.
Sin embargo, los bienes públicos que reciben los ciudadanos en muchos casos no son consistentes con el esfuerzo tributario que realizan. Un ejemplo es el enorme esfuerzo presupuestal hecho en materia educativa, que no se traduce en resultados acordes.
El sistema tributario puede aportar a la equidad, pero la batalla viene dada por una mejora en la forma en que se gasta.
