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Buquebus recurrió permiso a Colonia Express: pidió que se revoque o se condicione de forma “rigurosa”
Argumenta que el ingreso de un nuevo operador de la línea Montevideo-Buenos Aires provocaría una “competencia desleal” que el Estado no debe amparar y amenazaría la viabilidad del negocio
La naviera Buquebus impugnó la autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) que habilitó a Colonia Express a operar la línea de transporte fluvial de pasajeros entre Montevideo y Buenos Aires.
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En el recurso de revocación y jerárquico interpuesto el 17 de agosto y ampliado con los fundamentos el pasado viernes 4 —según surge del expediente al que accedió Búsqueda— Buquebus (Los Cipreses S.A.) solicitó que se “revoque íntegramente” la decisión del MTOP del 30 de julio, “denegándose” la autorización a Colonia Express (Lumary S.A.) o que, en su defecto, se la condicione “de manera expresa y rigurosa” al cumplimiento de varios requisitos.
Por un lado, la empresa del argentino Juan Carlos López Mena solicita acreditar por parte de la Dirección General de Transporte Fluvial y Marítimo y por la Administración Nacional de Puertos (ANP) que el Puerto de Montevideo cuenta con “condiciones reales de operabilidad para dos operadores simultáneos”, sin afectar la seguridad estructural del muelle Maciel.
También pide que previo a la aprobación “definitiva” de las frecuencias “se acuerde entre las partes el precio por el uso del pontón, la constitución de garantía suficiente y la cancelación de la deudas” que Colonia Express mantiene con Buquebus por el uso de una infraestructura similar en el Puerto de Colonia.
Además, Buquebus exige que se dé vista a las frecuencias proyectadas y las condiciones de operación establecidas a las empresas por la autoridad portuaria y que se imponga un “plazo perentorio” a su competidor para la “incorporación de tecnología de propulsión equivalente o superior a la del buque Francisco (gas natural licuado o eléctrica), bajo apercibimiento de caducidad de la autorización”.
Los fundamentos
Entre los argumentos, Buquebus señala que el dictado de la resolución del MTOP tiene “vicios de legalidad” y viola principios “constitucionales” y jurídicos que “obligan a su revocación”.
Señala que contradice el deber constitucional (artículo 47) y legal (artículo cuarto de la Ley 17.283) de propiciar un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible, ya que el buque Montevideo Express, que utilizaría su competidora, es una embarcación propulsada por combustibles fósiles convencionales, en contraste con el buque Francisco, que es el primero de gran porte del mundo que funciona a gas natural licuado. Aduce, además, que Buquebus está incorporando el buque China Zorrilla, 100% eléctrico.
Uno de los ferris de pasajeros de Buquebus.
Foto: Ricardo Antúnez-adhocFOTOS
Otra de las razones por las que la naviera impugna la autorización a Colonia Express refiere a la “competencia desleal y distorsión del mercado por diferencia tecnológica y de costos”.
Alega que el permiso ocasiona una “distorsión competitiva estructural” porque el competidor tiene costos operativos muy inferiores a quien invierte en gas natural licuado o en propulsión 100% eléctrica. Señala que la diferencia de costos no se explica por “eficiencia legítima”, sino por utilizar una tecnología menos sostenible en términos ambientales. A juicio de Buquebus, ello configura una forma de “competencia desleal que el Estado no puede amparar”.
En otro orden, argumenta que autorizar el ingreso de un competidor con costos inferiores “alteraría la ecuación” del negocio del permiso vigente, “amenazando su viabilidad” y generando una “afectación inconstitucional a derechos adquiridos”.
Infraestructura y ausencia de mercado
El recurso también argumenta sobre la infraestructura portuaria insuficiente, lo que a su juicio es algo reconocido en la resolución del MTOP al mencionar expresamente que las frecuencias están sujetas a “las condiciones de operabilidad” en el puerto capitalino.
Arguye que la coexistencia de dos operadores diarios, en las actuales condiciones de deterioro del muelle, “genera riesgos operativos, congestión, demoras y potencial afectación de la seguridad y de los servicios ya autorizados”.
Por otra parte, señala que el mercado Montevideo-Buenos Aires está “adecuadamente atendido” y que la “demanda no justifica la entrada de un nuevo operador con tecnología inferior”.
También refiere a la “violación” de normas del debido procedimiento y derecho de defensa, para el que se debe asegurar la producción de prueba y el debate sobre la misma, que debe ser ofrecida por la administración, además de comunicar el resultado del análisis de la misma para el “efectivo control por el administrado”.
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